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Deterioro progresivo de la asistencia sanitaria en los departamentos alejados de las áreas urbanas muy pobladas

By 13 de julio de 2021No Comments

  • La falta general de profesionales sanitarios y de medios tecnológicos y materiales es mucho más grave en el medio rural y en los lugares geográficamente alejados de grandes poblaciones
  • Año tras año, en lugar de invertir los recursos económicos necesarios para mejorar la situación, se van haciendo apaños temporales a base de presionar a los trabajadores/as, con incremento de las cargas de trabajo y de la jornada laboral, y con la externalización de los servicios
  • Médicas y médicos del departamento de Alcoi han denunciado su precaria situación en un manifiesto que es un fiel reflejo del nivel de desencanto, estrés, agotamiento y frustración que sufren, pero también de valentía, de creer en la sanidad pública y defenderla, de reivindicar su trabajo como profesionales que han elegido la sanidad pública

 En valencià a continuación del texto en castellano

La falta de profesionales en la sanidad pública es un problema grave y crónico, acentuado en esta pandemia y periodo estival.

SIMAP, desde sus inicios como organización sindical, ha denunciado y defendido la idea de que no faltan profesionales sanitarios de medicina y enfermería, salvo en algunas especialidades concretas donde sería fácil actuar si se tomasen las medidas adecuadas en la oferta FES anual.  Lo que ocurre es que los/as especialistas de formación vía residencia no eligen la sanidad pública, o no optan por trabajar en la sanidad pública y, sobre todo, descartan hacerlo en puestos de trabajo concretos, bien por su localización geográfica, bien por su nivel asistencial (Atención Primaria).

Han pasado décadas con la persistencia constante del problema, sin que los responsables actuaran. ¿Acaso esperaban su resolución espontánea?  Durante todo este tiempo han sido muy frecuentes los titulares de prensa que han mostrado gráficas preocupantes que indicaban un grave compromiso de la asistencia sanitaria por la pronta jubilación de multitud de profesionales sanitarios, preocupando a la población, pero sin ocuparse realmente del problema ni programar un relevo generacional. Se llega a especular si esta inactividad de políticos y administraciones públicas no será intencionada, ya que cuesta pensar que sea fruto de la negligencia de quienes gestionan los recursos públicos.

La crisis económica del 2008 fue la tormenta perfecta que consolidó el cambio en el concepto de inversión en servicios públicos. Se pasó a llamar gasto público (en vez de inversión en salud) y había que controlarlo, es decir, reducirlo. De aquellas insensatas restricciones no nos hemos recuperado ni en la plantilla de recursos humanos, ni del empeoramiento de las condiciones laborales ni de la falta de renovación de las estructuras de los centros y de los recursos técnicos y materiales. Las plantillas se esquilmaron adelgazando al máximo la tasa de reposición y se incrementó la temporalidad, con el uso en fraude de ley de contratos eventuales de baja calidad, sin creación de nuevas vacantes, ni siquiera acúmulos de tareas, para cubrir necesidades estructurales. Desde entonces, cualquier posible mejora que se programara debería llevar la coletilla de “la aplicación de ésta no supondrá ningún aumento en el gasto público” ¡Como si esto fuera posible! Lo hicieron posible, cruzando líneas rojas y programando mejoras que no constituían realmente una mejora.

Existe un déficit crónico de inversión en sanidad pública y cualquier progreso necesitará un aumento de la dotación económica, a no ser que tengamos magos en lugar de gestores.

El panorama laboral que presenta la sanidad pública es desolador y los nuevos médicos/as y enfermeros/as tienen cada vez más opciones de trabajo fuera del Sistema Nacional de Salud. No debe extrañarnos que decidan “evitar” trabajar en malas condiciones y tener retribuciones que sólo alcanzarán la mitad de lo que podrán percibir en muchos países de la UE.

Esta falta general de profesionales sanitarios y de recursos técnicos y materiales es mucho más grave en el medio rural y en los lugares geográficamente alejados de grandes poblaciones.

(Próximamente, remitiremos información sobre propuestas de SIMAP a la Conselleria de Sanidad para una verdadera incentivación en la cobertura de zonas con condiciones geográficas adversas).

Estas áreas geográficas han pasado a denominarse “de difícil cobertura”, porque las bolsas de trabajo no encuentran candidatos para cubrir sus necesidades de personal (y tampoco fuera de ésta).  La situación ha llegado a ser insostenible, y, como en tiempos del Imperio Romano, la reacción de la Conselleria de Sanidad ha sido enviar para gestionar en estos territorios lejanos a personas que, con mano dura, dobleguen al personal y traspasen las líneas de sus competencias, siempre “buscando el bien de los ciudadanos”.

Porque cuando esgrimen la bandera del “bien general de los ciudadanos” no hay derecho laboral que sobreviva. Y así, año tras año, en lugar de invertir los recursos económicos necesarios para mejorar la situación, se van haciendo apaños temporales a base de presionar a los trabajadores/as, con incremento de las cargas de trabajo y de la jornada laboral, y con la externalización de los servicios. Medidas que, lejos de ser efectivas, han producido una fuga de trabajadores de estas zonas, con el consiguiente deterioro de la calidad de la asistencia a los ciudadanos y, finalmente, un aumento del gasto al derivar la asistencia sanitaria pública a centros privados.

Aquello que como “dogma” se debe evitar, el incremento del gasto público de cualquier medida que suponga una mejora en la sanidad pública no recibe la consideración de “dogma” cuando se trata de desviar estos recursos económicos a la sanidad privada. Dinero que no se queda en la sanidad pública, que no crea empleo ni mejora estructuras. Es posible que no sea por intención política, pero el resultado es una gestión ineficiente y más costosa que la que se produciría si se hiciera en mejoras en la sanidad pública, que sigue un deterioro progresivo año tras año.

Por esta razón, aunque no exista una intencionalidad en esta desviación de fondos de las arcas públicas a la sanidad privada sino “parchear problemas asistenciales a corto plazo”, sí se produce una gestión ineficiente, un cinismo al no reconocer la realidad y como consecuencia los/as responsables sanitarios/as no implementan inversiones y ni realizan mejoras permanentes. Finalmente, el resultado es el hundimiento de la asistencia sanitaria y el engaño a la población de estas zonas geográficamente apartadas, porque no están haciendo lo que deben “en nombre del interés general”.

Como ejemplo de lo que venimos exponiendo tenemos la situación actual del departamento de Alcoi, a la que se ha visto abocado tras años de abandono por parte de la Conselleria de Sanidad.

En un manifiesto desesperado e indignado por la falta de soluciones, los compañeros y compañeras han denunciado la carencia en especialistas limitante de actividad en los Servicios clave del hospital y en la Atención Primaria (habrá un segundo manifiesto específico), esta última abandonada sin sustituciones adecuadas y tiempos de consultas paupérrimos, la falta de tecnología actualizada con equipos obsoletos de más de veinte años, lista de esperas disparadas, y en estas circunstancias plazas de médicos/as sin cubrir y renuncias de los que han trabajado un tiempo en el departamento y no soportan más esta situación. Una situación de “emergencia” asistencial que rompe la equidad tanto de ciudadanos como de profesionales, una verdadera vulneración de derechos.

Para consultar el manifiesto, este es enlace:

 https://cadenaser.com/emisora/2021/07/08/radio_alcoy/1625728646_176043.html

 

Que 180 médicos (alrededor del 50%) hayan tenido el valor de firmar un documento recogiendo parte de las graves deficiencias que tiene este departamento de salud desde hace años, tanto a nivel de medios técnicos y materiales como de personal es un fiel reflejo del nivel de desencanto, estrés, agotamiento y frustración que sufren, pero también de la valentía, de creer en la sanidad pública y defenderla, de reivindicar su trabajo como médicos/as que han elegido la sanidad pública.

Y llegamos al punto en el que “el pez se muerde la cola”.

No hay profesionales sanitarios que quieran trabajar en la sanidad pública porque realmente existe un maltrato a estos profesionales sanitarios que están dentro de ella.

Y lo que resulta increíble es que ese maltrato viene justificado por el “interés general de los ciudadanos”. Así, sin despeinarse y sin atisbo de autocrítica, los responsables de la gestión justifican sus actuaciones perversas, su utilización de nombramientos en fraude de ley y la apertura de expedientes disciplinarios para acallar cualquier iniciativa o crítica.

La verdadera cuestión que deben plantearse los ciudadanos sería dirigirse a quienes realmente les están sustrayendo su derecho a la equidad en el acceso a una sanidad pública de calidad y exigirles que se tomen las medidas necesarias para garantizarles este derecho.

Desde luego, los responsables de la gestión sanitaria no pueden ir en la línea de seguir “maltratando” a los médicos/as especialistas que todavía quedan trabajando en este departamento de salud, entre otras cosas porque esta actitud no hará más que agravar el problema.

 

Deterioració progressiu de l’assistència sanitària en els departaments allunyats de les àrees urbanes molt poblades

 

  • La falta general de professionals sanitaris i de mitjans tecnològics i materials és molt més greu en el medi rural i en els llocs geogràficament allunyats de grans poblacions

  • Any rere any, en lloc d’invertir els recursos econòmics necessaris per a millorar la situació, es van fent arranjaments temporals a força de pressionar als treballadors/as, amb increment de les càrregues de treball i de la jornada laboral, i amb l’externalització dels serveis

  • Metgesses i metges del departament d’Alcoi han denunciat la seua precària situació en un manifest que és un fidel reflex del nivell de desencantament, estrés, esgotament i frustració que pateixen, però també de valentia, de creure en la sanitat pública i defensar-la, de reivindicar el seu treball com a professionals que han triat la sanitat pública

La falta de professionals en la sanitat pública és un problema greu i crònic, accentuat en aquesta pandèmia i període estival.

SIMAP, des dels seus inicis com a organització sindical, ha denunciat i defensat la idea que no falten professionals sanitaris de medicina i infermeria, excepte en algunes especialitats concretes on seria fàcil actuar si es prengueren les mesures adequades en l’oferta FES anual. El que ocorre és que els/as especialistes de formació via residencia no trien la sanitat pública, o no opten per treballar en la sanitat pública i, sobretot, descarten fer-ho en llocs de treball concrets, bé per la seua localització geogràfica, bé pel seu nivell assistencial (Atenció Primària).

Han passat dècades amb la persistència constant del problema, sense que els responsables actuaren. Potser esperaven la seua resolució espontània? Durant tot aquest temps han sigut molt freqüents els titulars de premsa que han mostrat gràfiques preocupants que indicaven un greu compromís de l’assistència sanitària per la ràpida jubilació de multitud de professionals sanitaris, preocupant la població, però sense ocupar-se realment del problema ni programar un relleu generacional. S’arriba a especular si aquesta inactivitat de polítics i administracions públiques no serà intencionada, ja que costa pensar que siga fruit de la negligència dels qui gestionen els recursos públics.

La crisi econòmica del 2008 va ser la tempesta perfecta que va consolidar el canvi en el concepte d’inversió en serveis públics. Es va passar a dir despesa pública (en comptes d’inversió en salut) i calia controlar-ho, és a dir, reduir-ho. D’aquelles insensates restriccions no ens hem recuperat ni en la plantilla de recursos humans, ni de l’empitjorament de les condicions laborals ni de la falta de renovació de les estructures dels centres i dels recursos tècnics i materials. Les plantilles es van exhaurir aprimant al màxim la taxa de reposició i es va incrementar la temporalitat, amb l’ús en frau de llei de contractes eventuals de baixa qualitat, sense creació de noves vacants, ni tan sols acúmuls de tasques, per a cobrir necessitats estructurals. Des de llavors, qualsevol possible millora que es programara hauria de portar l’afegitó de “l’aplicació d’aquesta no suposarà cap augment en la despesa pública” Com si això fora possible! Ho van fer possible, travessant línies roges i programant millores que no constituïen realment una millora.

Existeix un dèficit crònic d’inversió en sanitat pública i qualsevol progrés necessitarà un augment de la dotació econòmica, llevat que tinguem mags en lloc de gestors.

El panorama laboral que presenta la sanitat pública és desolador i els nous mèdics/as i infermers/as tenen cada vegada més opcions de treball fora del Sistema Nacional de Salut. No ha d’estranyar-nos que decidisquen “evitar” treballar en males condicions i tindre retribucions que només aconseguiran la meitat del que podran percebre en molts països de la UE.

Aquesta falta general de professionals sanitaris i de recursos tècnics i materials és molt més greu en el medi rural i en els llocs geogràficament allunyats de grans poblacions.

(Pròximament, remetrem informació sobre propostes de SIMAP a la Conselleria de Sanitat per a una vertadera incentivació en la cobertura de zones amb condicions geogràfiques adverses).

Aquestes àrees geogràfiques han passat a denominar-se “de difícil cobertura”, perquè les borses de treball no troben candidats per a cobrir les seues necessitats de personal (i tampoc fora d’aquesta). La situació ha arribat a ser insostenible, i, com en temps de l’Imperi Romà, la reacció de la Conselleria de Sanitat ha sigut enviar per a gestionar en aquests territoris llunyans a persones que, amb mà dura, dobleguen al personal i traspassen les línies de les seues competències, sempre “buscant el bé dels ciutadans”.

Perquè quan esgrimeixen la bandera del “bé general dels ciutadans” no hi ha dret laboral que sobrevisca. I així, any rere any, en lloc d’invertir els recursos econòmics necessaris per a millorar la situació, es van fent arranjaments temporals a força de pressionar als treballadors/as, amb increment de les càrregues de treball i de la jornada laboral, i amb l’externalització dels serveis. Mesures que, lluny de ser efectives, han produït una fugida de treballadors d’aquestes zones, amb la consegüent deterioració de la qualitat de l’assistència als ciutadans i, finalment, un augment de la despesa en derivar l’assistència sanitària pública a centres privats.

Allò que com a “dogma” s’ha d’evitar, l’increment de la despesa pública de qualsevol mesura que supose una millora en la sanitat pública no rep la consideració de “dogma” quan es tracta de desviar aquests recursos econòmics a la sanitat privada. Diners que no es queda en la sanitat pública, que no crea ocupació ni millora estructures. És possible que no siga per intenció política, però el resultat és una gestió ineficient i més costosa que la que es produiria si es fera en millores en la sanitat pública, que segueix una deterioració progressiva any rere any.

Per aquesta raó, encara que no existisca una intencionalitat en aquesta desviació de fons de les arques públiques a la sanitat privada sinó “posar pegats problemes assistencials a curt termini”, sí que es produeix una gestió ineficient, un cinisme al no reconéixer la realitat i com a conseqüència els/as responsables sanitaris/as no implementen inversions i ni realitzen millores permanents. Finalment, el resultat és l’enfonsament de l’assistència sanitària i l’engany a la població d’aquestes zones geogràficament apartades, perquè no estan fent el que deuen “en nom de l’interés general”.

Com a exemple del que venim exposant tenim la situació actual del departament d’Alcoi, a la qual s’ha vist abocat després d’anys d’abandó per part de la Conselleria de Sanitat.

En un manifest desesperat i indignat per la falta de solucions, els companys i companyes han denunciat la manca en especialistes limitant d’activitat en els Serveis clau de l’hospital i en l’Atenció Primària (hi haurà un segon manifest específic), aquesta última abandonada sense substitucions adequades i temps de consultes paupèrrims, la falta de tecnologia actualitzada amb equips obsolets de més de vint anys, llista d’esperes disparades, i en aquestes circumstàncies places de mèdics/as sense cobrir i renúncies dels quals han treballat un temps en el departament i no suporten més aquesta situació. Una situació de “emergència” assistencial que trenca l’equitat tant de ciutadans com de professionals, una vertadera vulneració de drets.

Per a consultar el manifest, aquest és enllaç:

 https://cadenaser.com/emisora/2021/07/08/radio_alcoy/1625728646_176043.html

Que 180 metges (al voltant del 50%) hagen tingut el valor de signar un document recollint part de les greus deficiències que té aquest departament de salut des de fa anys, tant a nivell de mitjans tècnics i materials com de personal és un fidel reflex del nivell de desencantament, estrés, esgotament i frustració que pateixen, però també de la valentia, de creure en la sanitat pública i defensar-la, de reivindicar el seu treball com a metges/as que han triat la sanitat pública.

I arribem al punt en el qual “el peix es mossega la cua”.

No hi ha professionals sanitaris que vulguen treballar en la sanitat pública perquè realment existeix un maltractament a aquests professionals sanitaris que estan dins d’ella.

I el que resulta increïble és que aqueix maltractament ve justificat per el “interés general dels ciutadans”. Així, sense despentinar-se i sense indici d’autocrítica, els responsables de la gestió justifiquen les seues actuacions perverses, la seua utilització de nomenaments en frau de llei i l’obertura d’expedients disciplinaris per a fer callar qualsevol iniciativa o crítica.

La vertadera qüestió que han de plantejar-se els ciutadans seria dirigir-se als qui realment els estan sostraient el seu dret a l’equitat en l’accés a una sanitat pública de qualitat i exigir-los que es prenguen les mesures necessàries per a garantir-los aquest dret.

Per descomptat, els responsables de la gestió sanitària no poden anar en la línia de continuar “maltractant” als mèdics/as especialistes que encara queden treballant en aquest departament de salut, entre altres coses perquè aquesta actitud no farà més que agreujar el problema.