Reflexiones sobre interinos en fraude de ley, las próximas sentencias del Tribunal Supremo y la nueva redacción del EBEP
En un inconcebible magma jurisprudencial nacional, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha declarado contraria a Derecho Comunitario la jurisprudencia española que permitía renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe plazo, el Tribunal Supremo ha rectificado su juicio previo y ha establecido doctrina afirmando que “una duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo. Y, también, que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo”.
Esta doctrina tiene, todavía, que materializarse en sentencia, en un tiempo breve
El asunto es demasiado complejo y las personas que se encuentran en esta situación se merecen todo el respeto y todo el rigor, por lo que este texto es largo. No valen eslóganes ni análisis superficiales. El adversario es ladino por lo que cada paso deberá ser sólido y bien argumentado.
En valencià a continuación del texto en castellano
Estimad@s amig@s: el problema del abuso de la temporalidad es crónico en la administración pública y, pese a las múltiples llamadas de atención de la Unión Europea (UE) a nuestro país y las sanciones impuestas, resulta inexplicable la pasividad del legislador para afrontar el problema y tratar de resolverlo.
Abuso de la temporalidad
Uno de los tres grandes bloques que la UE exige a España para la percepción de las ayudas no retornables de la UE para superar la crisis económica por la Covid-19, es un plan para poner fin y dar una solución al abuso en la temporalidad laboral, que en la sanidad pública ronda el 40%.
https://elpais.com/economia/2020-12-12/guia-para-entender-las-ayudas-de-la-ue.html
Estas circunstancias han conducido a que la maquinaria legislativa se ponga en marcha y a que la normativa resultante entierre esta precariedad laboral, que deberá estar resuelta antes de finales de 2021.
En el devenir de este problema, también se ha visto implicada de forma fundamental la jurisprudencia, arrollada por la multitud de demandas presentadas y que en estos últimos años también ha sufrido una evolución con sus altibajos y contradicciones. La jurisprudencia también ha sido parte significativa del problema al dirigir sus argumentos en apoyo de situaciones contrarias al contenido de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43), y de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, que figura en el anexo de dicha directiva (en delante Directiva 1999/70/CE y Acuerdo Marco), pero también será parte importante de la solución, como parece ser según las últimas noticias.
En estos años, ha sido un hecho llamativo la ausencia de sentencias valientes que interpretaran la normativa nacional en la línea de la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco en las reclamaciones de personas que llevaban hasta varias décadas sufriendo este abuso de la temporalidad y el daño causado es irreparable.
Un ejemplo, de ámbito más general, de cómo diferentes sentencias que pudiendo haber atajado el problema han propiciado que este abuso de la temporalidad creciera en los últimos años, ha sido la interpretación del artículo 70.1 de Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que versa sobre las ofertas públicas de empleo y en el que encontramos la siguiente frase:
” En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.
La jurisprudencia interpretó este plazo como límite hasta la publicación de la convocatoria del concurso oposición, no como el plazo máximo en que debería estar finalizado el proceso con la toma de posesión del nuevo personal fijo. De hecho, así lo han recogido los diferentes decretos de selección y provisión de la Conselleria de Sanidad. Esta interpretación suponía que no existía en la normativa un plazo definido que les obligara a finalizar (“ejecutar”) la convocatoria y esta podría demorase en resolverse hasta una década. Esta interpretación de la doctrina no se ajustaba a la Directiva 1999/70/CE y al Acuerdo Marco y debería haberse posicionado en establecer el plazo de tres años como el máximo en el que el personal, que ha superado las pruebas selectivas, debería haber tomado ya posesión como personal fijo. Es decir, la resolución completa de la convocatoria. Además, para empeorar la situación, este plazo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), podía ser objeto de prórroga por diversos motivos, de modo que ese mismo plazo sería tan variable como incierto y, por tanto, contrario a la Directiva 1999/70/CE y al Acuerdo Marco, tal como destaca la sentencia de 3 de junio de 2021 del TJUE.
Si la interpretación de este artículo del EBEP hubiera sido otra, el ritmo de convocatoria y resolución habrían sido mucho más rápidos y, posiblemente, el problema no habría alcanzado esta magnitud. En todo caso, tampoco existía ni existe en la norma medidas disuasorias y de sanción suficientemente efectivas como para que las administraciones públicas y/o los responsables de estos incumplimientos, se vieran penalizadas si no se cumpliese esta obligación.
Señalamos este ejemplo porque lo que se va filtrando en la prensa del borrador de la renovación del EBEP no parece seguir la línea del compromiso de que la resolución de las convocatorias de las OPEs se complete en un plazo improrrogable de tres años.
En toda esta cascada de sentencias, los trabajadores públicos peor parados han sido los estatutarios eventuales por la propia redacción del artículo 9 del Estatuto Marco y también por la interpretación laxa, en muchas sentencias, sin reconocer una necesidad estructural “camuflada”. La falta de definición de este artículo a la hora de poner un límite temporal y del número de renovaciones de los nombramientos eventuales y, otra vez, como exponemos con el apoyo de algunas sentencias, dando por correctas las argumentaciones sobre la existencia de necesidades urgentes encadenadas, ha permitido y justificado la persistencia de nombramientos eventuales durante años.
Porque, a diferencia de otros empleados públicos, los estatutarios sufren un abuso de la temporalidad doble, el de los interinos en plaza vacante y el de los nombramientos eventuales, que constituye una bolsa de abuso de temporalidad y fraude de ley, si cabe mayor, que parece ignorarse.
En este inconcebible magma jurisprudencial nacional, finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado contraria a Derecho Comunitario la jurisprudencia española que permitía renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe plazo.
Sentencia del TJUE que logra, finalmente, que el Tribunal Supremo reaccione
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 ha sido la que, finalmente, ha conducido a que los miembros del TS modifiquen los criterios sobre los que basaban sus decisiones hasta la fecha y que han fundamentado la jurisprudencia durante los últimos años en las demandas interpuestas por los afectados por abusos en la temporalidad.
De esta forma, el Tribunal de Justicia ha declarado que:
“la exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho interno incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, el tribunal nacional no puede considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar la norma nacional de que se trata de conformidad con el Derecho de la Unión por el mero hecho de que, de forma reiterada, haya interpretado esa norma en un sentido que no es compatible con ese Derecho”.
Deberemos esperar a que existan sentencias del TS para personal estatutario y funcionario y así comprobar la forma en la que se lleva a la práctica las medidas para evitar los abusos en el personal funcionario y estatutario.
La sentencia de 3 de junio de 2021 afecta a un trabajador no sanitario con un contrato laboral, por lo que, aunque supone un gran avance en lo que debe ser considerado contrario a la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco, tiene el problema, para el personal funcionario y estatutario, de la complejidad en el engranaje entre el derecho laboral y el derecho administrativo. Por esta razón, lo que concluya esta sentencia de la sala de lo Social del TS, podría no ser resuelto de forma idéntica por la sala de lo Contencioso administrativo de este alto tribunal.
No obstante, las sentencias deberán ofrecer «medidas legales equivalentes para prevenir los abusos” tal como establece el TJUE.
Rectificación del Tribunal Supremo
Tras este pronunciamiento del TJUE, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha decidido rectificar su propia doctrina en relación con la duración del contrato de interinidad en plaza vacante en el sector público.
La información que se ha hecho pública proviene de la web del propio TS y es en la que se basan todas las noticias de prensa publicadas:
“El Tribunal Supremo establece doctrina sobre la duración de un contrato de interinidad por vacante en el sector público tras la sentencia del TJUE”
La duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica
Autor
Comunicación Poder Judicial
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo reunida en pleno para examinar la incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 en diversos recursos, ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público.
En aplicación de las previsiones legales y reglamentarias sobre el referido contrato, su duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica.
A falta de previsión normativa la Sala entiende, con carácter general, que una duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.
Y, también, que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica incremento presupuestario.
La primera de las sentencias deliberadas y votadas en el pleno, cuya redacción se encargó al magistrado D. Ángel Blasco Pellicer, se dará a conocer en breve·.
Esta declaración conlleva que, en breve, estos puntos se desarrollarán en una sentencia que esperemos despeje bastantes cuestiones sobre las que resulta difícil pronunciarse sólo con el contenido de esta información publicada en la página de Tribunal Supremo.
Como hemos comentado, existe un choque entre la normativa laboral y el derecho administrativo que es preciso aclarar. La solución ofrecida por la jurisprudencia ante el abuso de la temporalidad en el personal laboral ha llevado a la utilización de la figura del indefinido no fijo y a la percepción de una indemnización por cese. Sin embargo, esta solución ha tenido una dificultad, hasta ahora, para ser reconocida y aplicada en el derecho administrativo que regula las relaciones de los trabajadores de las administraciones públicas en régimen de funcionarios y estatutarios.
Otra sentencia del TJUE para tener en cuenta
El TJUE, el 2 de junio de 2021, el día previo a la anterior sentencia citada, falla un caso de abuso de temporalidad en personal sanitario estatutario, cuya sentencia del TS también deberá estar en breve.
Es importante conocer el contenido de esta sentencia de 2 de junio de 2021 del TJUE, ya que precisamente afecta a trabajadores de la sanidad pública, en el Servicio Madrileño de Salud, y que va en la línea de la dictada el 3 de junio que corresponde a un trabajador público no sanitario laboral.
La sentencia del 2 de junio menciona nuestra normativa específica, el Estatuto Marco, y apunta su dictamen sobre las posibles consolidaciones de empleo mediante procesos selectivos como forma de solucionar los abusos en la temporalidad sufridos por los trabajadores. A destacar algunos párrafos importantes:
El TJUE determina que:
“de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que la normativa nacional controvertida en el litigio principal no establece límites al número de renovaciones de estos nombramientos o relaciones de servicio, ni la duración máxima total de tales nombramientos o relaciones de servicio” en referencia al artículo 9 del Estatuto Marco. También expone que: “La antedicha normativa tampoco resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador”.
Respecto al EBEP, también se pronuncia esta sentencia del TJUE:
“Lo mismo puede decirse de la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, que solo prevé la facultad, y no la obligación, de que la Administración lleve a cabo mediante concurso un proceso de consolidación de empleo a puestos desempeñados interina o temporalmente, aun cuando se haya comprobado que recurría de manera abusiva a la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”.
Y, además, especifica que los procesos de consolidación de empleo para subsanar el abuso de la temporalidad que regularía el EBEP:
” están abiertos a los candidatos que no hayan sido víctimas de ese abuso y no confieren a los empleados públicos víctimas de tal abuso ninguna garantía de adquirir la condición de personal estatutario fijo, en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Estatuto Marco, no pueden constituir medidas que sancionen debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”.
La importancia de este último párrafo de la sentencia de 2 de junio del TJUE, que hemos seleccionado, tiene mucha trascendencia y debería ser respetado en la renovación normativa en marcha, ya que en esta nueva normativa se pretende, precisamente, la convocatoria de procesos abiertos de consolidación como forma de solucionar el abuso causado por una prolongación irregular de los nombramientos temporales.
¿Qué papel juega el indefinido no fijo (INF)?
Desde el año 1996, y en ausencia de una legislación clara y concreta del término de INF, la interpretación de las características que implica respecto a fijeza, temporalidad, derecho a indemnización por cese, etc., han ido variando sustancialmente. También respecto a la naturaleza del régimen jurídico del INF, laboral, y cómo encajar esta figura en los casos de abuso de la temporalidad del personal funcionario y estatutario.
El TJUE ha declarado estos días, respecto a un caso de personal laboral, que la figura de «trabajadores indefinidos no fijos» podría ser apta para sancionar la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo Marco.
En base a esto, podemos entender que la línea que ha definido el TS es que, con carácter general, un nombramiento temporal con duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, y esto comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.
El INF tiene un origen jurisprudencial y prácticamente, no ha tenido una proyección en el marco normativo (en la actualidad, es ciertamente testimonial en el EBEP).
Sobre esta figura han influido las sentencias del TJUE durante todos estos años a propósito de los numerosos casos remitidos por los órganos jurisdiccionales nacionales por incumplimientos de la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco. De esta forma, los derechos de los INF han ido creciendo a partir de diversas sentencias judiciales y actualmente es una figura en evolución.
Dada la importancia que pueda tener el INF en el proceso de la estabilidad de los temporales, haremos un envío monográfico intentando aclarar y explicar qué características y qué implicaciones tiene la figura del indefinido no fijo.
Cambio normativo en marcha
Como hemos comentado anteriormente, el gobierno y los sindicatos más representativos en el sector público están trabajando en una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para atajar la temporalidad en el sector público y conseguir una tasa de temporalidad inferior al 8 % en tres años.
Este nuevo EBEP debería recoger esta interpretación reciente del TS y de las sentencias europeas, si no se quiere perpetuar el problema que venimos sufriendo durante décadas.
Esta nueva norma debe estar avanzada porque el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública tiene el compromiso de que esté vigente antes de finales de 2021, por exigencia de la UE.
Sin embargo, aún no están bien definidos los puntos fundamentales respecto a cómo afrontar el problema de la temporalidad abusiva, y cómo se van a regular medidas proporcionadas y disuasorias, suficientemente eficaces para que la administración no vuelva a caer es estas prácticas fraudulentas, Por el seguimiento de las declaraciones, tanto del ministro como de los sindicatos implicados, todavía existe una amplia banda de opciones y de matices sobre su redacción.
De momento, hay que expresar de forma clara que no nos convence lo que se viene proponiendo. La Administración, como siempre, buscará la limitación económica de la medida. Ha ido lanzando diversas propuestas, a modo de globos sonda, desde indemnización solo a nombramientos futuros, cese de los interinos a los tres años, persistencia de limitación de la tasa de reposición, hasta las más actuales como ofrecer un concurso oposición con una valoración de la experiencia de 40% e indemnizaciones de hasta 20 días por año para los interinos que no superen la selección, con un tope de 12 mensualidades. En el día de hoy, 1 de julio, estas propuestas serán presentadas a las CCAA.
Cuando exista un texto al que acudir os iremos informando puntualmente.
Esta forma de proceder no garantiza que se repare el daño causado a las personas concretas que han sufrido el abuso de la temporalidad ni son medidas suficientes para disuadir o penalizar a la administración que pueda caer en dichas prácticas. Como sindicato, estamos acostumbrados a esta manera de funcionar de la administración, que viene a ser casi habitual, a la hora de trasponer Directivas Europeas y las STJUE. Sufrimos muy de cerca en el SIMAP con la nefasta aplicación de la Sentencia SIMAP, de 2 de octubre de 2000, al Estatuto Marco y a la normativa autonómica con el esfuerzo que supuso llegar hasta el TJUE y que se estimara nuestra demanda, que fue la primera en Europa.
La llamada Sentencia SIMAP fue un gran logro que, entre otras cosas, limitaba la jornada laboral e incluía a l@s médic@s dentro de la directiva que regula los tiempos de trabajo y descanso: así se logró la libranza de guardia. Sin embargo, establecía también la consideración de las guardias como horas extraordinarias y por tanto limitadas, voluntarias y correctamente retribuidas, pero no llegó a redactarse en la normativa. La trasposición de esta sentencia SIMAP fue, sin duda, una mejora en las condiciones laborales, pero no se hizo completa y casi 20 años después persisten graves problemas que se habrían solventado con una correcta regulación. Las demandas a nivel nacional interpuestas tras la entrada en vigor del Estatuto Marco se perdieron por este motivo.
Nuestra experiencia nos dice que, sin duda, esta nueva norma será beneficiosa para controlar la temporalidad, pero no va a contentar a todos y con el tiempo el problema volverá a producirse si no se tiene un compromiso real en recoger el contenido de las sentencias del TJUE y sólo es una lavada de cara para percibir las ayudas frente a la crisis económica por la Covid-19. Pocos gobiernos creen en el empleo público y en la gestión pública directa, tienen concepto de gasto público en vez inversión en administraciones públicas para mejorar la vida de los ciudadanos y garantizar sus derechos. Es un cambio de una palabra, inversión y gasto, pero que condiciona la actitud de los gobiernos y responsables políticos a la hora de asignar un presupuesto económico que permita el mantenimiento de estos servicios sin abusar de los trabajadores públicos. Este abuso no sólo existe por los nombramientos precarios y la temporalidad, sino también por:
- No adecuar las plantillas al trabajo a realizar, al tiempo que se precisa para hacerlo y a las necesidades asistenciales a cubrir.
- No reconocer y retribuir el grado que corresponde por nivel académico, como los técnicos superiores sanitarios.
- No definir las funciones de cada categoría y obligar a asumir funciones de grados superiores sin retribuir, como en la función administrativa,
- Hacer nombramientos de trabajo por horas en las franjas de horario más penosas y negando los derechos laborales y retributivos que les corresponderían por categoría profesional como ocurre en los nombramientos de atención continuada.
¿Qué hacer si se es un interino en plaza vacante o un eventual?
Evidentemente, la sensación que nos trasmiten las noticias sobre la nueva normativa del EBEP respecto a la temporalidad no tranquilizan en absoluto y eso hace que todos volvamos la vista a la posibilidad de interponer una demanda judicial ante de la entrada en vigor de esta norma.
Sería una mala noticia que la nueva norma fuera menos garantista y ofreciera peores soluciones a los afectados que las que la justicia les reconoce. Nos encontraríamos, de nuevo, con una mala utilización de la justicia, ya que abocaría a estas personas a ampararse en ella.
La nueva legislación no debe ofrecer peores opciones que la vía judicial en la línea de respetar los derechos de aquellos trabajadores que han sufrido durante años un abuso en sus nombramientos temporales, ya que cubrían necesidades estructurales y no han tenido la posibilidad de consolidar como personal fijo estos puestos de trabajo en el tiempo máximo que permitía la norma.
Por estas razones, nuestra reivindicación es que en la norma exista una disposición transitoria que se ocupe específicamente de solucionar el problema de las personas que hoy están sufriendo este abuso y que les proporcione “de oficio” una solución acorde con la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco y con las mismas garantías de permanencia y estabilidad que obtendrían si acudieran a la vía judicial en base a la jurisprudencia que va a establecer el TS en las próximas sentencias.
La impresión, a priori y antes de que salga publicada la primera sentencia al respecto del TS, es que con este posicionamiento unánime del TS la cosas pueden estar más claras, de cara presentar una reclamación individual, pero es necesario esperar a ver al completo las próximas sentencias sobre este asunto del TS antes de iniciar este camino y comprobar que la nueva norma no contempla la debida solución para estas personas.
Aún hay cosas importantes que aclarar, y el peligro de la precipitación que pueda suponer encabezar una reclamación en los inicios es que puede ser muy negativa para lo que se pretende.
Es necesario esperar y estudiar, no sólo esta primera sentencia del TS que nos anuncian que saldrá en breve, sino algunas más que nos permitan tener una visión más amplia de los diferentes supuestos que se puedan presentar y que podamos adaptar a cada caso de reclamación individual de nuestros afiliados que podamos defender.
Por tanto, nuestro consejo es que hay que esperar a estudiar el asunto en profundidad y comprobar el encaje de este posicionamiento del TS en los funcionarios y estatutarios, sobre todo, en estos últimos que tengan un nombramiento eventual y también comprobar si el contenido de la norma, que se encuentra en fase de borrador y negociación, mejora y abre la mano a todos en el reconocimiento del derecho.
Os iremos informando de la evolución normativa y cómo van definiendo las sentencias en las que se vaya pronunciando el TS, los problemas de abuso de la temporalidad.
Hay tiempo suficiente para hacer las cosas bien y nuestra intención es ofrecer el mejor servicio y que el riesgo sea el menor a la hora de interponer una demanda, si ello fuera la mejor opción. De este tema y su evolución os iremos informando con una periodicidad frecuente.
Mientras tanto, los que estéis en una situación de abuso de la temporalidad podéis contactar con vuestros delegados y haremos un estudio de vuestra situación particular y os aconsejaremos de lo que pensamos que es mejor en cada caso particular, pero os aconsejamos esperar a que se publique las primeras sentencias del TS.
Tened en cuenta que en España puede haber más de 900.000 personas en esta situación de abuso de la temporalidad, lo que conlleva a que el tema sea muy atractivo para la prensa, para despachos de abogados y para sindicatos. Ya ha comenzado un bombardeo de información y os trasmitirán la sensación de que tenéis que actuar de inmediato o quedaréis fuera. No es así. No hay que precipitarse. Tenemos tiempo para organizarnos y estudiar la situación. La norma está aún en fase de negociación y los derechos que reconoce la jurisprudencia estarán ahí. Hace falta aclarar determinados puntos en la aplicación práctica y confirmar que lo que realmente se consigue es la figura del indefinido no fijo y qué características de condiciones laborales, movilidad voluntaria, progresión profesional y de permanencia (fijeza) tiene reconocidas.
Queremos recordaros también que SIMAP tiene un recurso al TS de nombramientos de Atención Continuada denunciando, entre otras cosas, el abuso de la temporalidad, y en espera de su resultado varios de los que también dispondremos de las sentencias en breve.
Este cambio de criterio del TS es una buena noticia para las personas que durante años han tenido este tipo de nombramientos eventuales abusivos y en fraude de ley por muchos aspectos. Esperemos que pronto podamos daros buenas noticias al respecto.
Para cualquier información, no dudáis en poneos en contacto con vuestros delegados del SIMAP o a través de los correos que tenemos habilitados para consultas.
Versió en valencià
Estem davant la fi de l’abús de la temporalitat per part de les administracions públiques?
Reflexions sobre interins en frau de llei , les pròximes sentències del Tribunal Suprem i la nova redacció del EBEP
En un inconcebible magma jurisprudencial nacional, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que ha declarat contrària a Dret Comunitari la jurisprudència espanyola que permetia renovar contractes temporals en el sector públic a l’espera de processos selectius per als quals no existeix termini, el Tribunal Suprem ha rectificat el seu judici previ i ha establit doctrina afirmant que “una duració superior a tres anys ha de considerar-se injustificadament llarga, la qual cosa comportarà que el treballador interí passe a ostentar la condició d’indefinit no fix. I, també, que el còmput de tal termini no pot veure’s interromput per normes pressupostàries sobre paralització d’ofertes públiques d’ocupació”.
Aquesta doctrina té, encara, que materialitzar-se en sentència, en un temps breu
L’assumpte és massa complex i les persones que es troben en aquesta situació es mereixen tot el respecte i tot el rigor, per la qual cosa aquest text és llarg. No valen eslògans ni anàlisis superficials. L’adversari és ladí pel que cada pas haurà de ser sòlid i ben argumentat.
Estimats/ades amics/gues: el problema de l’abús de la temporalitat és crònic en l’administració pública i, malgrat els múltiples crits d’atenció de la Unió Europea (UE) al nostre país i les sancions imposades, resulta inexplicable la passivitat del legislador per a afrontar el problema i tractar de resoldre’l.
Abús de la temporalitat
Un dels tres grans blocs que la UE exigeix a Espanya per a la percepció de les ajudes no retornables de la UE per a superar la crisi econòmica per la Covid-19, és un pla per a posar fi i donar una solució a l’abús en la temporalitat laboral, que en la sanitat pública ronda el 40%.
https://elpais.com/economia/2020-12-12/guia-para-entender-las-ayudas-de-la-ue.html
Aquestes circumstàncies han conduït al fet que la maquinària legislativa es pose en marxa i al fet que la normativa resultant enterre aquesta precarietat laboral, que haurà d’estar resolta abans de finals de 2021.
En l’esdevenir d’aquest problema, també s’ha vist implicada de manera fonamental la jurisprudència, atropellada per la multitud de demandes presentades i que en aquests últims anys també ha patit una evolució amb els seus alts i baixos i contradiccions. La jurisprudència també ha sigut part significativa del problema en dirigir els seus arguments en suport de situacions contràries al contingut de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el Treball de Duració Determinada (DO 1999, L 175, p. 43), i de la clàusula 5, apartat 1, de l’Acord marc sobre el Treball de Duració Determinada, que figura en l’annex d’aquesta directiva (en davant Directiva 1999/70/CE i Acord marc), però també serà part important de la solució, com sembla ser segons les últimes notícies.
En aquests anys, ha sigut un fet cridaner l’absència de sentències valentes que interpretaren la normativa nacional en la línia de la Directiva 1999/70/CE i l’Acord marc en les reclamacions de persones que portaven fins a diverses dècades patint aquest abús de la temporalitat i el mal causat és irreparable.
Un exemple, d’àmbit més general, de com diferents sentències que podent haver atallat el problema han propiciat que aquest abús de la temporalitat cresquera en els últims anys, ha sigut la interpretació de l’article 70.1 d’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP) que versa sobre les ofertes públiques d’ocupació i en el qual trobem la següent frase:
” En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys”.
La jurisprudència va interpretar aquest termini com a límit fins a la publicació de la convocatòria del concurs oposició, no com el termini màxim en què hauria d’estar finalitzat el procés amb la presa de possessió del nou personal fix. De fet , així ho han recollit els diferents decrets de selecció i provisió de la Conselleria de Sanitat. Aquesta interpretació suposava que no existia en la normativa un termini definit que els obligara a finalitzar (“executar”) la convocatòria i aquesta podria demorara a resoldre’s fins a una dècada. Aquesta interpretació de la doctrina no s’ajustava a la Directiva 1999/70/CE i a l’Acord marc i hauria d’haver-se posicionat a establir el termini de tres anys com el màxim en el qual el personal, que ha superat les proves selectives, hauria d’haver pres ja possessió com a personal fix. És a dir , la resolució completa de la convocatòria. A més, per a empitjorar la situació, aquest termini, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS), podia ser objecte de pròrroga per diversos motius, de manera que aqueix mateix termini seria tan variable com incert i, per tant, contrari a la Directiva 1999/70/CE i a l’Acord marc, tal com destaca la sentència de 3 de juny de 2021 del TJUE.
Si la interpretació d’aquest article del EBEP haguera sigut una altra, el ritme de convocatòria i resolució haurien sigut molt més ràpids i, possiblement, el problema no hauria aconseguit aquesta magnitud. En tot cas, tampoc existia ni existeix en la norma mesures dissuasives i de sanció prou efectives com perquè les administracions públiques i/o els responsables d’aquests incompliments, es veren penalitzades si no es complira aquesta obligació.
Assenyalem aquest exemple perquè el que es va filtrant en la premsa de l’esborrany de la renovació del EBEP no sembla seguir la línia del compromís que la resolució de les convocatòries de les OPEs es complete en un termini improrrogable de tres anys.
En tota aquesta cascada de sentències, els treballadors públics pitjor aturats han sigut els estatutaris eventuals per la pròpia redacció de l’article 9 de l’Estatut Marc i també per la interpretació laxa, en moltes sentències, sense reconèixer una necessitat estructural “camuflada”. La falta de definició d’aquest article a l’hora de posar un límit temporal i del nombre de renovacions dels nomenaments eventuals i, una altra vegada, com exposem amb el suport d’algunes sentències, donant per correctes les argumentacions sobre l’existència de necessitats urgents encadenades, ha permès i justificat la persistència de nomenaments eventuals durant anys.
Perquè, a diferència d’altres empleats públics, els estatutaris pateixen un abús de la temporalitat doble, el dels interins en plaça vacant i el dels nomenaments eventuals, que constitueix una bossa d’abús de temporalitat i frau de llei, si cap major, que sembla ignorar-se.
En aquest inconcebible magma jurisprudencial nacional, finalment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha declarat contrària a Dret Comunitari la jurisprudència espanyola que permetia renovar contractes temporals en el sector públic a l’espera de processos selectius per als quals no existeix termini.
Sentència del TJUE que aconsegueix, finalment, que el Tribunal Suprem reaccione
La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de juny de 2021 ha sigut la que, finalment, ha conduït al fet que els membres del TS modifiquen els criteris sobre els quals basaven les seues decisions fins hui i que han fonamentat la jurisprudència durant els últims anys en les demandes interposades pels afectats per abusos en la temporalitat.
D’aquesta manera, el Tribunal de Justícia ha declarat que:
“l’exigència d’interpretació conforme obliga els òrgans jurisdiccionals nacionals a modificar, en cas necessari, la seua jurisprudència reiterada si aquesta es basa en una interpretació del Dret intern incompatible amb els objectius d’una directiva. Per tant, el tribunal nacional no pot considerar vàlidament que es troba impossibilitat per a interpretar la norma nacional de què es tracta de conformitat amb el Dret de la Unió pel mer fet que, de manera reiterada, haja interpretat aqueixa norma en un sentit que no és compatible amb aqueix Dret”.
Haurem d’esperar que existisquen sentències del TS per a personal estatutari i funcionari i així comprovar la forma en la qual s’emporta a la pràctica les mesures per a evitar els abusos en el personal funcionari i estatutari.
La sentència de 3 de juny de 2021 afecta a un treballador no sanitari amb un contracte laboral, per la qual cosa, encara que suposa un gran avanç en el que ha de ser considerat contrari a la Directiva 1999/70/CE i l’Acord marc, té el problema, per al personal funcionari i estatutari, de la complexitat en l’engranatge entre el dret laboral i el dret administratiu. Per aquesta raó, la qual cosa concloga aquesta sentència de la sala social del TS, podria no ser resolt de manera idèntica per la sala contenciosa administrativa d’aquest alt tribunal.
No obstant això, les sentències hauran d’oferir «mesures legals equivalents per a previndre els abusos” tal com estableix el TJUE.
Rectificació del Tribunal Suprem
Després d’aquest pronunciament del TJUE, la Sala Quarta del Tribunal Suprem, reunida en ple, ha decidit rectificar la seua pròpia doctrina en relació amb la duració del contracte d’interinitat en plaça vacant en el sector públic.
La informació que s’ha fet pública prové de la web del propi TS i és en la qual es basen totes les notícies de premsa publicades:
“El Tribunal Suprem estableix doctrina sobre la duració d’un contracte d’interinitat per vacant en el sector públic després de la sentència del TJUE”
La duració màxima serà la del temps que duren els processos de selecció per a cobrir la vacant conforme al que es disposa en la seua normativa legal o convencional específica
Autor
Comunicació Poder Judicial
La Sala Quarta del Tribunal Suprem reunida en ple per a examinar la incidència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de juny de 2021 en diversos recursos, ha decidit, per unanimitat, rectificar l’aplicació que feia de la seua pròpia doctrina en relació a la duració del contracte d’interinitat per vacant en el sector públic.
En aplicació de les previsions legals i reglamentàries sobre el referit contracte, la seua duració màxima serà la del temps que duren els processos de selecció per a cobrir la vacant conforme al que es disposa en la seua normativa legal o convencional específica.
Mancant previsió normativa la Sala entén, amb caràcter general, que una duració superior a tres anys ha de considerar-se injustificadament llarga, la qual cosa comportarà que el treballador interí passe a ostentar la condició d’indefinit no fix.
I, també, que el còmput de tal termini no pot veure’s interromput per normes pressupostàries sobre paralització d’ofertes públiques d’ocupació, ja que la cobertura de vacants cobertes per treballadors interins no implica increment pressupostari.
La primera de les sentències deliberades i votades en el ple, la redacció del qual es va encarregar al magistrat Sr. Ángel Blasco Pellicer, es donarà a conèixer en breu·.
Aquesta declaració comporta que, en breu, aquests punts es desenvoluparan en una sentència que esperem rebuig bastants qüestions sobre les quals resulta difícil pronunciar-se només amb el contingut d’aquesta informació publicada en la pàgina de Tribunal Suprem.
Com hem comentat, existeix un xoc entre la normativa laboral i el dret administratiu que cal aclarir. La solució oferida per la jurisprudència davant l’abús de la temporalitat en el personal laboral ha portat a la utilització de la figura de l’indefinit no fix i a la percepció d’una indemnització per cessament. No obstant això, aquesta solució ha tingut una dificultat, fins ara, per a ser reconeguda i aplicada en el dret administratiu que regula les relacions dels treballadors de les administracions públiques en règim de funcionaris i estatutaris.
Una altra sentència del TJUE per a tindre en compte
El TJUE, el 2 de juny de 2021, el dia previ a l’anterior sentència citada, falla un cas d’abús de temporalitat en personal sanitari estatutari, la sentència del qual del TS també haurà d’estar en breu.
És important conèixer el contingut d’aquesta sentència de 2 de juny de 2021 del TJUE, ja que precisament afecta a treballadors de la sanitat pública, en el Servei Madrileny de Salut, i que va en la línia de la dictada el 3 de juny que correspon a un treballador públic no sanitari laboral.
La sentència del 2 de juny esmenta la nostra normativa específica, l’Estatut Marc, i apunta el seu dictamen sobre les possibles consolidacions d’ocupació mitjançant processos selectius com a manera de solucionar els abusos en la temporalitat patits pels treballadors. A destacar alguns paràgrafs importants:
El TJUE determina que:
“de les actuacions remeses al Tribunal de Justícia es desprèn que la normativa nacional controvertida en el litigi principal no estableix límits al nombre de renovacions d’aquests nomenaments o relacions de servei, ni la duració màxima total de tals nomenaments o relacions de servei” en referència a l’article 9 de l’Estatut Marc. També exposa que: “L’avantdita normativa tampoc resulta adequada per a sancionar degudament la utilització abusiva de tals relacions de servei ni per a eliminar les conseqüències de la infracció del Dret de la Unió, ja que la seua aplicació no tindria cap efecte negatiu per a aqueix ocupador”.
Respecte al EBEP, també es pronuncia aquesta sentència del TJUE:
“El mateix pot dir-se de la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, que només preveu la facultat, i no l’obligació, que l’Administració duga a terme mitjançant concurs un procés de consolidació d’ocupació a llocs exercits interina o temporalment, encara que s’haja comprovat que recorria de manera abusiva a la utilització de successius contractes o relacions laborals de duració determinada”.
I, a més, especifica que els processos de consolidació d’ocupació per a esmenar l’abús de la temporalitat que regularia el EBEP:
” estan oberts als candidats que no hagen sigut víctimes d’aqueix abús i no confereixen als empleats públics víctimes de tal abús cap garantia d’adquirir la condició de personal estatutari fix, en el sentit de l’article 20, apartat 1, de l’Estatut Marc, no poden constituir mesures que sancionen degudament la utilització abusiva de successius contractes o relacions laborals de duració determinada”.
La importància d’aquest últim paràgraf de la sentència de 2 de juny del TJUE, que hem seleccionat, té molta transcendència i hauria de ser respectat en la renovació normativa en marxa, ja que en aquesta nova normativa es pretén, precisament, la convocatòria de processos oberts de consolidació com a manera de solucionar l’abús causat per una prolongació irregular dels nomenaments temporals.
Quin paper juga l’indefinit no fix (INF)?
Des de l’any 1996, i en absència d’una legislació clara i concreta del terme de INF, la interpretació de les característiques que implica respecte a fixesa, temporalitat, dret a indemnització per cessament, etc., han anat variant substancialment. També respecte a la naturalesa del règim jurídic del INF, laboral, i com encaixar aquesta figura en els casos d’abús de la temporalitat del personal funcionari i estatutari.
El TJUE ha declarat aquests dies, respecte a un cas de personal laboral, que la figura de « treballadors indefinits no fixos» podria ser apta per a sancionar la utilització abusiva dels contractes de treball de duració determinada i eliminar les conseqüències de la infracció del que es disposa en l’Acord marc.
Sobre la base de això, podem entendre que la línia que ha definit el TS és que, amb caràcter general, un nomenament temporal amb duració superior a tres anys ha de considerar-se injustificadament llarga, i això comportarà que el treballador interí passe a ostentar la condició d’indefinit no fix.
El INF té un origen jurisprudencial i pràcticament, no ha tingut una projecció en el marc normatiu (en l’actualitat, és certament testimonial en el EBEP).
Sobre aquesta figura han influït les sentències del TJUE durant tots aquests anys a propòsit dels nombrosos casos remesos pels òrgans jurisdiccionals nacionals per incompliments de la Directiva 1999/70/CE i l’Acord marc . D’aquesta manera, els drets dels INF han anat creixent a partir de diverses sentències judicials i actualment és una figura en evolució.
Donada la importància que puga tindre el INF en el procés de l’estabilitat dels temporals, farem un enviament monogràfic intentant aclarir i explicar quines característiques i quines implicacions té la figura de l’indefinit no fix.
Canvi normatiu en marxa
Com hem comentat anteriorment, el govern i els sindicats més representatius en el sector públic estan treballant en una modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP) per a atallar la temporalitat en el sector públic i aconseguir una taxa de temporalitat inferior al 8% en tres anys.
Aquest nou EBEP hauria de recollir aquesta interpretació recent del TS i de les sentències europees, si no es vol perpetuar el problema que venim patint durant dècades.
Aquesta nova norma ha d’estar avançada perquè el Ministeri de Política Territorial i de Funció Pública té el compromís que estiga vigent abans de finals de 2021, per exigència de la UE.
No obstant això, encara no estan ben definits els punts fonamentals respecte a com afrontar el problema de la temporalitat abusiva, i com es regularan mesures proporcionades i dissuasives, prou eficaces perquè l’administració no torne a caure és aquestes pràctiques fraudulentes, Pel seguiment de les declaracions, tant del ministre com dels sindicats implicats, encara existeix una àmplia banda d’opcions i de matisos sobre la seua redacció.
De moment, cal expressar de manera clara que no ens convenç el que es ve proposant. L’Administració , com sempre, buscarà la limitació econòmica de la mesura. Ha anat llançant diverses propostes, a manera de globus sonda, des d’indemnització només a nomenaments futurs, cessament dels interins als tres anys, persistència de limitació de la taxa de reposició, fins a les més actuals com oferir un concurs oposició amb una valoració de l’experiència de 40% i indemnitzacions de fins a 20 dies per any per als interins que no superen la selecció, amb un topall de 12 mensualitats. En el dia de hui, 1 de juliol, aquestes propostes seran presentades a les CCAA.
Quan existisca un text al qual acudir us anirem informant puntualment.
Aquesta manera de procedir no garanteix que es repare el mal causat a les persones concretes que han patit l’abús de la temporalitat ni són mesures suficients per a dissuadir o penalitzar a l’administració que puga caure en aquestes pràctiques. Com a sindicat, estem acostumats a aquesta manera de funcionar de l’administració, que ve a ser quasi habitual, a l’hora de transposar Directives Europees i les STJUE. Patim molt de prop en el SIMAP amb la nefasta aplicació de la Sentència SIMAP, de 2 d’octubre de 2000, a l’Estatut Marc i a la normativa autonòmica amb l’esforç que va suposar arribar fins al TJUE i que s’estimara la nostra demanda, que va ser la primera a Europa.
L’anomenada Sentència SIMAP va ser un gran assoliment que, entre altres coses, limitava la jornada laboral i incloïa als/les metges/esses dins de la directiva que regula els temps de treball i descans: així es va aconseguir la lliurança de guàrdia. No obstant això , establia també la consideració de les guàrdies com a hores extraordinàries i per tant limitades, voluntàries i correctament retribuïdes, però no va arribar a redactar-se en la normativa. La transposició d’aquesta sentència SIMAP va ser, sens dubte , una millora en les condicions laborals, però no es va fer completa i quasi 20 anys després persisteixen greus problemes que s’haurien solucionat amb una correcta regulació. Les demandes a nivell nacional interposades després de l’entrada en vigor de l’Estatut Marc es van perdre per aquest motiu.
La nostra experiència ens diu que, sens dubte, aquesta nova norma serà beneficiosa per a controlar la temporalitat, però no acontentarà a tots i amb el temps el problema tornarà a produir-se si no es té un compromís real a recollir el contingut de les sentències del TJUE i només és una llavada de cara per a percebre les ajudes enfront de la crisi econòmica per la Covid-19. Pocs governs creuen en l’ocupació pública i en la gestió pública directa, tenen concepte de despesa pública en vegada inversió en administracions públiques per a millorar la vida dels ciutadans i garantir els seus drets. És un canvi d’una paraula, inversió i despesa, però que condiciona l’actitud dels governs i responsables polítics a l’hora d’assignar un pressupost econòmic que permeta el manteniment d’aquests serveis sense abusar dels treballadors públics. Aquest abús no sols existeix pels nomenaments precaris i la temporalitat, sinó també per :.
- No adequar les plantilles al treball a realitzar, al mateix temps que es precisa per a fer-ho i a les necessitats assistencials a cobrir.
- No reconèixer i retribuir el grau que correspon per nivell acadèmic, com els tècnics superiors sanitaris.
- No definir les funcions de cada categoria i obligar a assumir funcions de graus superiors sense retribuir, com en la funció administrativa,
- Fer nomenaments de treball per hores en les franges d’horari més penoses i negant els drets laborals i retributius que els correspondrien per categoria professional com ocorre en els nomenaments d’atenció continuada.
Què fer si s’és un interí en plaça vacant o un eventual?
Evidentment, la sensació que ens transmeten les notícies sobre la nova normativa del EBEP respecte a la temporalitat no tranquil·litzen en absolut i això fa que tots girem la vista a la possibilitat d’interposar una demanda judicial davant de l’entrada en vigor d’aquesta norma.
Seria una mala notícia que la nova norma fora menys garantista i oferira pitjors solucions als afectats que les que la justícia els reconeix. Ens trobaríem, de nou, amb una mala utilització de la justícia, ja que abocaria a aquestes persones a emparar-se en ella.
La nova legislació no ha d’oferir pitjors opcions que la via judicial en la línia de respectar els drets d’aquells treballadors que han patit durant anys un abús en els seus nomenaments temporals, ja que cobrien necessitats estructurals i no han tingut la possibilitat de consolidar com a personal fix aquests llocs de treball en el temps màxim que permetia la norma.
Per aquestes raons, la nostra reivindicació és que en la norma existisca una disposició transitòria que s’ocupe específicament de solucionar el problema de les persones que hui estan patint aquest abús i que els proporcione “d’ofici” una solució d’acord amb la Directiva 1999/70/CE i l’Acord marc i amb les mateixes garanties de permanència i estabilitat que obtindrien si acudiren a la via judicial sobre la base de la jurisprudència que establirà el TS en les pròximes sentències.
La impressió, a priori i abans que isca publicada la primera sentència referent al TS, és que amb aquest posicionament unànime del TS la coses poden ser més clares, de cara presentar una reclamació individual, però és necessari esperar a veure al complet les pròximes sentències sobre aquest assumpte del TS abans d’iniciar aquest camí i comprovar que la nova norma no contempla la deguda solució per a aquestes persones.
Encara hi ha coses importants que aclarir, i el perill de la precipitació que puga suposar encapçalar una reclamació en els inicis és que pot ser molt negativa per al que es pretén.
És necessari esperar i estudiar, no sols aquesta primera sentència del TS que ens anuncien que eixirà en breu, sinó algunes més que ens permeten tindre una visió més àmplia dels diferents suposats que es puguen presentar i que puguem adaptar a cada cas de reclamació individual dels nostres afiliats que puguem defensar.
Per tant, el nostre consell és que cal esperar a estudiar l’assumpte en profunditat i comprovar l’encaix d’aquest posicionament del TS en els funcionaris i estatutaris, sobretot, en aquests últims que tinguen un nomenament eventual i també comprovar si el contingut de la norma, que es troba en fase d’esborrany i negociació, millora i obri la mà a tots en el reconeixement del dret.
Us anirem informant de l’evolució normativa i com van definint les sentències en les quals es vaja pronunciant el TS, els problemes d’abús de la temporalitat.
Hi ha temps suficient per a fer les coses bé i la nostra intenció és oferir el millor servei i que el risc siga el menor a l’hora d’interposar una demanda, si això fora la millor opció. D’aquest tema i la seua evolució us anirem informant amb una periodicitat freqüent.
Mentrestant, els que estigueu en una situació d’abús de la temporalitat podeu contactar amb els vostres delegats i farem un estudi de la vostra situació particular i us aconsellarem del que pensem que és millor en cada cas particular, però us aconsellem esperar que es publique les primeres sentències del TS.
Tingueu en compte que a Espanya pot haver-hi més de 900.000 persones en aquesta situació d’abús de la temporalitat, la qual cosa comporta al fet que el tema siga molt atractiu per a la premsa, per a despatxos d’advocats i per a sindicats. Ja ha començat un bombardeig d’informació i us transmetran la sensació que heu d’actuar immediatament o quedareu fora. No és així. No cal precipitar-se. Tenim temps per a organitzar-nos i estudiar la situació. La norma està encara en fase de negociació i els drets que reconeix la jurisprudència seran ací. Fa falta aclarir determinats punts en l’aplicació pràctica i confirmar que el que realment s’aconsegueix és la figura de l’indefinit no fix i quines característiques de condicions laborals, mobilitat voluntària, progressió professional i de permanència (fixesa) té reconegudes.
Volem recordar-vos també que SIMAP té un recurs al TS de nomenaments d’Atenció Continuada denunciant, entre altres coses, l’abús de la temporalitat, i en espera del seu resultat diversos dels quals també disposarem de les sentències en breu.
Aquest canvi de criteri del TS és una bona notícia per a les persones que durant anys han tingut aquest tipus de nomenaments eventuals abusius i en frau de llei per molts aspectes. Esperem que prompte puguem donar-vos bones notícies sobre aquest tema.
Per a qualsevol informació, no dubteu en poseu-vos en contacte amb els vostres delegats del SIMAP o a través dels correus que tenim habilitats per a consultes.