I. El proyecto de ley contra la temporalidad de los empleados públicos debe corregir el abuso cometido durante años a los profesionales afectados

Parte I

El decreto Iceta contra la temporalidad se rompió en pedazos en el Congreso

En el trámite parlamentario, se prevén cambios que convertirán en papel mojado este texto normativo y el pacto sindical que lo sustentó.
Se abre una puerta a la reparación del agravio al personal interino de la administración, pero la desconfianza persiste por restricciones importantes.
SIMAP apoya la fijeza del personal temporal que ha sufrido un abuso de la temporalidad como solución excepcional. La solución pasa por la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin proceso selectivo, mediante la regulación de una nueva figura en la normativa básica de aplicación a los empleados públicos.
Todas las plazas cuyo contrato/nombramiento eventual o interino, bien se trate de un solo contrato/nombramiento o bien por la sucesión de varios y esté ocupado por la misma persona, durante un plazo superior a tres años, hayan sido convocadas o no a un proceso selectivo, deberían ser motivo de esta excepcionalidad y garantizar que se incluye en la nueva norma en el momento de su entrada en vigor.
La tasa de reposición debe desaparecer YA. No tiene sentido cuando las plantillas son insuficientes.
Las OPEs y los procesos selectivos convocados en la actualidad deben garantizar que las plazas que se oferten son aquellas que lleven menos de tres años y mantener el número de vacantes. Si fuera necesario deberán crearse nuevas vacantes hasta completar la oferta pública de empleo base de dichos procesos.
Deben desarrollarse verdaderos planes de ordenación de recursos humanos para adecuar el número de las plazas estructurales de las administraciones públicas a las necesidades reales.
SIMAP remitirá su análisis y su propuesta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados

En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: el pasado 21 de julio se produjo un cambio sustancial en el llamado decreto Iceta, norma que requirió para su convalidación una negociación «in extremis». Al parecer, para contar con el apoyo de ERC y UP (traducido, este último, en la ausencia en la segunda votación de la diputada valenciana Rosa Medel, que en la anterior había votado en contra). El decreto se aprobó con una diferencia de un voto.

La responsable gubernamental actual, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, tuvo que aceptar dos cuestiones que de alguna forma revientan la norma y el pacto de los tres sindicatos mayoritarios en la función pública, para así permitir la aprobación del decreto y su subsiguiente tramitación que se deberá realizar como proyecto de ley. Estas cuestiones fueron:
- La consideración de que el personal interino con más de diez años, en plaza estructural que nunca haya sido convocada, se le pueda adjudicar sin oposición, sólo con valoración de méritos.
- El examen no será eliminatorio en los procesos de estabilización para aquellos interinos en plaza estructural más de tres años.

Estos hechos han abierto de nuevo la caja de Pandora, ya nos temíamos que iba a ocurrir algo así, ya que el decreto Iceta constituye una respuesta inadecuada a los problemas de temporalidad en el empleo público en nuestro país, que ya puso en evidencia la Unión Europea.

Como indicamos el 9 de julio, para SIMAP los procesos de estabilización descritos en el RD 14/21 no respetaban los derechos del personal afectado, ni compensaban adecuadamente a los que se encuentran en una situación de fraude de ley por abuso de la temporalidad.

Nos resultaba incomprensible que se hubiera tomado este camino, incluso con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios, ya que las sentencias del TJUE afirmaban explícitamente que este tipo de medidas de convocatorias abiertas no eran las adecuadas para compensar el daño causado. Ahora, el Congreso de los diputados les niega la mayor y el trámite parlamentario requerirá una reescritura del texto.

Podríamos tener confianza en que se van a hacer mejor las cosas pero, como también dijimos, si no se comparte la intención de solucionar el agravio continuado durante años a los trabajadores públicos, ninguna ley podrá escapar de una interpretación o desarrollo perversos.

Os recordamos la información que transmitimos hace mes y medio, que podéis consultar en nuestra página web.

https://www.simap-pas.es/ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico-rdl-14-2021-informacion-del-contenido-y-primeras-reflexiones/

09 de julio 2021

Ley de reducción de la temporalidad en el empleo público (RDL 14/2021) Información del contenido y primeras reflexiones

«Hace falta que algo cambie para que todo siga igual»

Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novela «El Gatopardo»

Ninguna ley es perfecta para garantizar que no se haga una interpretación perversa de su contenido si los que la van a aplicar no comparten el espíritu de la norma. Esta ley tiene muchos puntos «débiles» que permitirán hacer un mal uso de ella a las Administraciones públicas (AAPP) y evitar aplicar las sentencias del TJUE.
Las garantías que ofrece esta ley al personal que actualmente sufre de abuso de la temporalidad, son mucho menores que las que establece el TJUE
Un proceso de estabilización abierto y con una fase de oposición que hay que superar para que se contabilice el baremo de méritos, no respeta los derechos del personal afectado, ni compensa de forma adecuada los que actualmente se encuentran en una situación de fraude de ley por abuso de la temporalidad, tal como ha señalado el TJUE
Los procesos de estabilización de empleo temporal ya convocados seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias
Sigue existiendo la misma indefensión cuando se superen los tres años y se considere «necesaria» la continuidad del interino porque, en esta situación, se reproduce lo que ya ha sucedido: no hay una fecha límite en la resolución de las convocatorias y se pierde el derecho a la indemnización por cese. Esta situación, que en sanidad convertirá la excepción en norma, es contraria a lo que señalaban las sentencias del TJUE
A este real decreto le queda todavía mucho recorrido para que podamos responder a muchas cuestiones prácticas de su aplicación. por lo que, os la iremos transmitiendo conforme vayamos teniendo más información

En espera de la tramitación parlamentaria y del resultado final de la norma, queremos desde SIMAP puntualizar lo siguiente:

Nos encontramos ante una situación excepcional de abuso de la temporalidad donde la Unión Europea nos dice que NO se debe sancionar a las víctimas y que las medidas deben ser suficientemente disuasorias como para que a la administración le cueste más realizar el abuso de la temporalidad que no hacerlo.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no diferencian entre personal laboral y personal funcionario/estatutario. Distinguen entre personal fijo y personal temporal y por ello ni nuestra legislación ni nuestra jurisprudencia deberían establecer diferencias de criterio en las soluciones a aplicar simplemente por el régimen jurídico del personal público que ha sufrido un abuso de la temporalidad.
El TJUE ha dictaminado que la realización de unas oposiciones abiertas no es la solución de este problema, ya que no supone ninguna medida de presión ni de penalización para la administración responsable del abuso y, sin embargo, este tipo de pruebas selectivas penaliza a las víctimas que han sufrido la injusticia.
Todos los puestos de trabajo cuyo nombramiento, eventual o interino, esté ocupado por la misma persona durante un plazo superior a tres años deberían ser motivo de esta excepcionalidad y establecer una regulación nacional que dé una solución rápida y eficiente para el problema actual, a la vez de que esta nueva regulación no permita, con ninguna excepción, que un nombramiento temporal pueda serlo durante más de tres años, y en caso de producirse sancionar no sólo a la administración sino a los responsables que no han cumplido la ley.
Para SIMAP, la solución debe ser una solución excepcional que permita una salida lo más justa posible a todo el personal que se ha visto afectado durante años por un proceso de abuso de la temporalidad independientemente de que su plaza hubiera sido convocada o no. Esta diferenciación no aparece en las sentencias del TJUE. En realidad, es una restricción que impone la normativa nacional y que vulnera los derechos de la persona que ha estado ocupando dicha plaza durante años.

Por estas razones, SIMAP apoya la fijeza del personal temporal que ha sufrido un abuso de la temporalidad como solución excepcional, con el planteamiento de que las oposiciones convocadas en la actualidad deben garantizar que las plazas que se oferten son aquellas que lleven menos de tres años como establece la ley. La tasa de reposición debe desaparecer YA. Es incompatible con una solución adecuada al abuso de la temporalidad. La tasa de reposición ha sido en gran parte responsable de la situación actual. No deben existir limitaciones ni legales ni presupuestarias para garantizar que se llevan a cabo los procesos selectivos de las OPEs vigentes manteniendo la totalidad de la oferta y garantizar la creación de nuevas plazas vacantes, si fuera necesario, para mantener esta oferta pública de empleo.

Es necesario un posicionamiento claro de la administración para que todas las personas implicadas sepan cuál ve a ser su situación en un futuro próximo y qué actitud tomar ante las oposiciones convocadas.
Preparar una oposición supone un enorme esfuerzo y cuando se tiene que compaginar con el trabajo diario y la necesidad del tiempo de conciliación se hace insoportable para quienes tienen que realizarlo. Parece que los responsables de las administraciones públicas no tienen en cuenta el sufrimiento de sus empleados y empleadas y no valoran como una urgencia dar una solución adecuada, rápida y que no ocasione más desgaste del necesario. Tampoco parece importarles el contexto de pandemia y el sobreesfuerzo realizado.
Desde hace décadas han venido realizándose informes en los que ponían de manifiesto la debilidad en cuanto a dotación de recursos humanos de las administraciones públicas de España. Estas plantillas anémicas sufrieron y siguen sufriendo los recortes de la crisis económica de finales de la década del 2000. La necesidad de unas administraciones públicas potentes se ha puesto de manifiesto en esta nueva crisis sanitaria y económica, y una vez más España destaca por la falta de empleados públicos que puedan dar solución adecuada a los problemas de la ciudadanía, tanto en sanidad, educación y otros servicios esenciales como en la gestión por parte de los funcionarios de solicitudes tan necesarias como la renta básica vital, gestión de los ERTE, licencias para aperturas de negocios etc. Un sistema absolutamente menguado que no consigue cumplir con su cometido, causando y aumentando los problemas de las personas en derechos básicos y constitucionales a las que, se supone, el estado debe proteger.
Por estas razones, SIMAP defiende una solución directa y generosa que acabe con este problema y que como excepcional permita la fijeza de los empleados públicos con un mínimo desgaste para ellos, tal como exponemos en las conclusiones.
Por otra parte, se debe producir un incremento de las plazas estructurales en las administraciones públicas con una inversión adecuada en las leyes de presupuestos para 2022 que permita llevar a cabo las ofertas públicas de empleo pendientes y los procesos selectivos ya convocados, cumpliendo el contenido del TREBEP al respecto. Se debe realizar de forma que nadie salga perjudicado, ni los temporales que han sufrido un abuso de la temporalidad, ni los que no lo han padecido, es decir, los que llevan menos de tres años en su puesto o de aquellos que actualmente no ocupan una plaza en las administraciones públicas.
Hay que lograr el equilibrio, a nuestro criterio, de una forma rápida y eficaz. Terminar mediante una regulación excepcional con esta tasa inaceptable de temporalidad y el abuso del temporal, hacer la inversión necesaria y valiente en el capítulo de personal en las administraciones públicas y mejorar de forma también eficiente el problema de las plantillas deficitarias incorporando nuevos efectivos que aliviarán también el problema del envejecimiento de las plantillas en las administraciones públicas que sufre nuestro país.

En resumen, necesitamos valentía y el compromiso de nuestros legisladores para que la nueva ley sea efectiva y resuelva el problema del abuso de la temporalidad protegiendo a los afectados.
Ello requiere una inversión económica también excepcional, pero necesaria, en el capítulo de personal de las administraciones públicas, que aumente las plantillas y garantice la creación de las nuevas plazas estructurales, el desarrollo de OPEs y las convocatorias consiguientes.
Y que exista un proyecto de crecimiento de plantillas para los próximos años según las necesidades detectadas en los imperativos planes de ordenación de recursos humanos para que tengamos unas administraciones públicas fuertes y eficientes.

Insistimos en que, se debería exigir responsabilidades a aquellos y aquellos gestores y gestoras que hayan tomado las decisiones de abuso con menoscabo de los derechos de estas personas y establecer claros mecanismos para evitar que se vuelvan a producir. Desgraciadamente, como dice el refrán «hecha la ley hecha la trampa», la experiencia no nos da garantías porque en general las leyes no regulan mecanismos eficientes de control que obliguen a su cumplimiento. Este es el punto en el que insiste la UE que debemos regular para que esta situación no se vuelva a producir.
Hay que seguir el camino marcado por Europa. Es un camino suficientemente amplio para intentar corregir este agravio crónico sin provocar nuevos damnificados. Pero hay que querer recorrerlo. En estos temas, siempre surgen casos difíciles o de compleja interpretación, e incluso habrá alguien que pudiera salir beneficiado por una situación coyuntural. Somos muy de quedarnos en esos casos para desechar soluciones de colectivos amplios) pero, nuestra opinión, aun sabiendo que estos casos podrían enturbiar esta propuesta, pensamos que ello no debe ser obstáculo para resolver la situación de miles de profesionales. Hay que querer. Hay que estar dispuesto a llegar a una solución. Y no quedarse en pactos cómodos de aroma «lampedusiano» o huir de «fatigosas» molestias.

La propuesta de SIMAP que hará llegar a los grupos parlamentarios es:

Propuesta del SIMAP

La nueva regulación normativa debe ser efectiva, proporcionada y disuasoria para garantizar el derecho de la UE. Por ello, la nueva ley que normalice cómo solventar el abuso de la temporalidad cumpliendo la Directiva 1999/70/CE y las sentencia del TJUE sobre el abuso de la contratación temporal por parte de las administraciones públicas españolas, debe dejar claro que la medida sancionadora más acorde y equilibrada que garantice la debida protección de los empleados públicos víctimas del abuso es la de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin proceso selectivo.
Se debe regular una nueva figura en la normativa básica de aplicación a los empleados públicos, con independencia de su régimen jurídico laboral, funcionario o estatutario, que se aplique cuando se produzca un abuso en la contratación temporal y que suponga alcanzar la condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.
Se considerará abuso de la temporalidad cuando existiera una sucesión de contratos/nombramientos o un único nombramiento para un mismo puesto de trabajo o funciones a desempeñar de una duración superior a tres años (tal como reconoce el Tribunal Supremo en su comunicado de principios de junio). Es decir, el desempeño de un mismo puesto de trabajo o de las mismas funciones por un periodo superior a tres años debe considerarse injustificadamente prolongado, sin excepciones.
La norma incluirá una disposición en la que garantizará la aplicación de esta a todos los empleados públicos que a fecha de la entrada en vigor de esta se encuentren en el mismo puesto de trabajo o desempeñando las mismas funciones durante más de tres años, tanto si se trata de un contrato o nombramiento único como de la sucesión de varios de estos.
La nueva ley no incluirá ninguna excepción que permita que un contrato o nombramiento temporal tenga una duración superior a tres años y tampoco permitirá realizar varios contratos/nombramientos sucesivos o alternos para el mismo puesto de trabajo o para cubrir las mismas funciones.
Se establecerán órganos, mecanismos y protocolos de control eficientes para el seguimiento del abuso de la contratación temporal, facilitando el procedimiento de denuncia tanto de los trabajadores afectados como de sus representantes.
En el caso de que se produzcan nuevos abusos de la contratación temporal, se pondrán en marcha medidas sancionadoras, suficientemente disuasorias, para el responsable de dicho abuso en la contratación, así como para la protección efectiva de las víctimas a las que se les reconocerá la figura legal de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.
Se debe garantizar que las soluciones adoptadas no afectarán a las OPEs vigentes y que se ofertarán la totalidad de las plazas de estas OPEs en los procesos de selección y provisión convocados o pendientes de convocar, con la creación de nuevas vacantes si fuera necesario. Se ofertarán únicamente aquellas plazas ocupadas por personal temporal de forma continuada durante un tiempo inferior a tres años.

En el próximo envío, que constituye una segunda parte, vamos a abundar sobre el tema explicando las razones que nos han conducido a las conclusiones arriba descritas.

Aquí el enlace de la segunda parte

II. El proyecto de ley contra la temporalidad de los empleados públicos debe corregir el abuso cometido durante años a los profesionales afectados

Os iremos informando el trascurso de los acontecimientos y de acciones que se puedan tomar.

Versió en valencià

SIMAP

06 de setembre 2021

El projecte de llei contra la temporalitat dels empleats públics ha de corregir l’abús comés durant anys als professionals afectats

Part I

El decret Iceta contra la temporalitat es va trencar en trossos en el Congrés

En el tràmit parlamentari, es preveuen canvis que convertiran en lletra morta aquest text normatiu i el pacte sindical que el va sustentar.
S’obri una porta a la reparació del greuge al personal interí de l’administració, però la desconfiança persisteix per restriccions importants.
SIMAP dona suport a la fixesa del personal temporal que ha patit un abús de la temporalitat com a solució excepcional. La solució passa per la transformació de la relació temporal abusiva en una relació fixa, sense procés selectiu, mitjançant la regulació d’una nova figura en la normativa bàsica d’aplicació als empleats públics.
Totes les places el contracte de les quals/nomenament eventual o interí, bé es tracte d’un sol contracte/nomenament o bé per la successió de varis i estiga ocupat per la mateixa persona, durant un termini superior a tres anys, hagen sigut convocades o no a un procés selectiu, haurien de ser motiu d’aquesta excepcionalitat i garantir que s’inclou en la nova norma en el moment de la seua entrada en vigor.
La taxa de reposició ha de desaparèixer JA. No té sentit quan les plantilles són insuficients.
Les OPEs i els processos selectius convocats en l’actualitat han de garantir que les places que s’oferisquen són aquelles que porten menys de tres anys i mantindre el nombre de vacants. Si fora necessari hauran de crear-se noves vacants fins a completar l’oferta pública d’ocupació base d’aquests processos.
Han de desenvolupar-se vertaders plans d’ordenació de recursos humans per a adequar el número de les places estructurals de les administracions públiques a les necessitats reals.
SIMAP remetrà la seua anàlisi i la seua proposta als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats

Estimats/ades amics/gues: el passat 21 de juliol es va produir un canvi substancial en l’anomenat decret Iceta, norma que va requerir per a la seua convalidació una negociació «in extremis». Pel que sembla, per a comptar amb el suport d’ERC i UP (traduït, aquest últim, en l’absència en la segona votació de la diputada valenciana Rosa Medel, que en l’anterior havia votat en contra). El decret es va aprovar amb una diferència d’un vot.

La responsable governamental actual, la ministra d’Hisenda María Jesús Montero, va haver d’acceptar dues qüestions que d’alguna forma rebenten la norma i el pacte dels tres sindicats majoritaris en la funció pública, per a així permetre l’aprovació del decret i la seua subsegüent tramitació que s’haurà de realitzar com a projecte de llei. Aquestes qüestions van ser:
- La consideració que el personal interí amb més de deu anys, en plaça estructural que mai haja sigut convocada, se li puga adjudicar sense oposició, només amb valoració de mèrits.
- L’examen no serà eliminatori en els processos d’estabilització per a aquells interins en plaça estructural més de tres anys.

Aquests fets han obert de nou la caixa de Pandora, ja ens temíem que anava a ocórrer una cosa així, ja que el decret Iceta constitueix una resposta inadequada als problemes de temporalitat en l’ocupació pública al nostre país, que ja va posar en evidència la Unió Europea.

Com indiquem el 9 de juliol, per a SIMAP els processos d’estabilització descrits en l’RD 14/21 no respectaven els drets del personal afectat, ni compensaven adequadament als que es troben en una situació de frau de llei per abús de la temporalitat.

Ens resultava incomprensible que s’haguera pres aquest camí, fins i tot amb l’acord dels sindicats majoritaris, ja que les sentències del TJUE afirmaven explícitament que aquest tipus de mesures de convocatòries obertes no eren les adequades per a compensar el mal causat. Ara, el Congrés dels diputats els nega la major i el tràmit parlamentari requerirà una reescriptura del text.

Podríem tindre confiança que es faran millor les coses però, com també vam dir, si no es comparteix la intenció de solucionar el greuge continuat durant anys als treballadors públics, cap llei podrà escapar d’una interpretació o desenvolupament perversos.

Us recordem la informació que transmetem fa mes i mig, que podeu consultar en la nostra pàgina web.

https://www.simap-pas.es/ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico-rdl-14-2021-informacion-del-contenido-y-primeras-reflexiones/

09 de juliol 2021

Llei de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (RDL 14/2021) Informació del contingut i primeres reflexions

«Fa falta que alguna cosa canvie perquè tot continue igual»

Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novel·la «El Gatopardo»

Cap llei és perfecta per a garantir que no es faça una interpretació perversa del seu contingut si els que l’aplicaran no comparteixen l’esperit de la norma. Aquesta llei té molts punts «febles» que permetran fer un mal ús d’ella a les Administracions públiques (AAPP) i evitar aplicar les sentències del TJUE.
Les garanties que ofereix aquesta llei al personal que actualment pateix d’abús de la temporalitat, són molt menors que les que estableix el TJUE
Un procés d’estabilització obert i amb una fase d’oposició que cal superar perquè es comptabilitze el barem de mèrits, no respecta els drets del personal afectat, ni compensa de manera adequada els que actualment es troben en una situació de frau de llei per abús de la temporalitat, tal com ha assenyalat el TJUE
Els processos d’estabilització d’ocupació temporal ja convocats continuaran executant-se conformement a les previsions de les respectives convocatòries
Continua existint la mateixa indefensió quan se superen els tres anys i es considere «necessària» la continuïtat de l’interí perquè, en aquesta situació, es reprodueix el que ja ha succeït: no hi ha una data límit en la resolució de les convocatòries i es perd el dret a la indemnització per cessament. Aquesta situació, que en sanitat convertirà l’excepció en norma, és contrària al que assenyalaven les sentències del TJUE
A aquest reial decret li queda encara molt recorregut perquè puguem respondre a moltes qüestions pràctiques de la seua aplicació. pel que, us l’anirem transmetent conforme anem tenint més informació

En espera de la tramitació parlamentària i del resultat final de la norma, volem des de SIMAP puntualitzar el següent:

Ens trobem davant una situació excepcional d’abús de la temporalitat on la Unió Europea ens diu que NO s’ha de sancionar a les víctimes i que les mesures han de ser prou dissuasives com perquè a l’administració li coste més realitzar l’abús de la temporalitat que no fer-lo.
Les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no diferencien entre personal laboral i personal funcionari/estatutari. Distingeixen entre personal fix i personal temporal i per això ni la nostra legislació ni la nostra jurisprudència haurien d’establir diferències de criteri en les solucions a aplicar simplement pel règim jurídic del personal públic que ha patit un abús de la temporalitat.
El TJUE ha dictaminat que la realització d’unes oposicions obertes no és la solució d’aquest problema, ja que no suposa cap mesura de pressió ni de penalització per a l’administració responsable de l’abús i, no obstant això, aquest tipus de proves selectives penalitza a les víctimes que han patit la injustícia.
Tots els llocs de treball el nomenament dels quals, eventual o interí, estiga ocupat per la mateixa persona durant un termini superior a tres anys haurien de ser motiu d’aquesta excepcionalitat i establir una regulació nacional que done una solució ràpida i eficient per al problema actual, alhora que aquesta nova regulació no permeta, amb cap excepció, que un nomenament temporal puga ser-ho durant més de tres anys, i en cas de produir-se sancionar no sols a l’administració sinó als responsables que no han complit la llei.
Per a SIMAP, la solució ha de ser una solució excepcional que permeta una eixida el més justa possible a tot el personal que s’ha vist afectat durant anys per un procés d’abús de la temporalitat independentment que la seua plaça haguera sigut convocada o no. Aquesta diferenciació no apareix en les sentències del TJUE. En realitat, és una restricció que imposa la normativa nacional i que vulnera els drets de la persona que ha estat ocupant aquesta plaça durant anys.

Per aquestes raons, SIMAP dona suport a la fixesa del personal temporal que ha patit un abús de la temporalitat com a solució excepcional, amb el plantejament que les oposicions convocades en l’actualitat han de garantir que les places que s’oferisquen són aquelles que porten menys de tres anys com estableix la llei. La taxa de reposició ha de desaparèixer JA. És incompatible amb una solució adequada a l’abús de la temporalitat. La taxa de reposició ha sigut en gran part responsable de la situació actual. No han d’existir limitacions ni legals ni pressupostàries per a garantir que es duen a terme els processos selectius de les OPEs vigents mantenint la totalitat de l’oferta i garantir la creació de noves places vacants, si fora necessari, per a mantindre aquesta oferta pública d’ocupació.

És necessari un posicionament clar de l’administració perquè totes les persones implicades sàpien quin ves a ser la seua situació en un futur pròxim i quina actitud prendre davant les oposicions convocades.
Preparar una oposició suposa un enorme esforç i quan s’ha de compaginar amb el treball diari i la necessitat del temps de conciliació es fa insuportable per als qui han de realitzar-lo. Sembla que els responsables de les administracions públiques no tenen en compte el sofriment dels seus empleats i empleades i no valoren com una urgència donar una solució adequada, ràpida i que no ocasione més desgast del necessari. Tampoc sembla importar-los el context de pandèmia i el sobreesforç realitzat.
Des de fa dècades s’han realitzat informes en els quals posaven de manifest la feblesa quant a dotació de recursos humans de les administracions públiques d’Espanya. Aquestes plantilles anèmiques van patir i continuen patint les retallades de la crisi econòmica de finals de la dècada del 2000. La necessitat d’unes administracions públiques potents s’ha posat de manifest en aquesta nova crisi sanitària i econòmica, i una vegada més Espanya destaca per la falta d’empleats públics que puguen donar solució adequada als problemes de la ciutadania, tant en sanitat, educació i altres serveis essencials com en la gestió per part dels funcionaris de sol·licituds tan necessàries com la renda bàsica vital, gestió dels ERTO, llicències per a obertures de negocis etc. Un sistema absolutament minvat que no aconsegueix complir amb la seua comesa, causant i augmentant els problemes de les persones en drets bàsics i constitucionals a les quals, se suposa, l’estat ha de protegir.
Per aquestes raons, SIMAP defensa una solució directa i generosa que acabe amb aquest problema i que com a excepcional permeta la fixesa dels empleats públics amb un mínim desgast per a ells, tal com exposem en les conclusions.
D’altra banda, s’ha de produir un increment de les places estructurals en les administracions públiques amb una inversió adequada en les lleis de pressupostos per a 2022 que permeta dur a terme les ofertes públiques d’ocupació pendents i els processos selectius ja convocats, complint el contingut del TREBEP sobre aquest tema. S’ha de realitzar de manera que ningú isca perjudicat, ni els temporals que han patit un abús de la temporalitat, ni els que no l’han patit, és a dir, els que porten menys de tres anys en el seu lloc o d’aquells que actualment no ocupen una plaça en les administracions públiques.
Cal aconseguir l’equilibri, al nostre criteri, d’una forma ràpida i eficaç. Acabar mitjançant una regulació excepcional amb aquesta taxa inacceptable de temporalitat i l’abús del temporal, fer la inversió necessària i valenta en el capítol de personal en les administracions públiques i millorar de forma també eficient el problema de les plantilles deficitàries incorporant nous efectius que alleujaran també el problema de l’envelliment de les plantilles en les administracions públiques que pateix el nostre país.

En resum, necessitem valentia i el compromís dels nostres legisladors perquè la nova llei siga efectiva i resolga el problema de l’abús de la temporalitat protegint els afectats.
Això requereix una inversió econòmica també excepcional, però necessària, en el capítol de personal de les administracions públiques, que augmente les plantilles i garantisca la creació de les noves places estructurals, el desenvolupament de OPEs i les convocatòries consegüents.
I que existisca un projecte de creixement de plantilles per als pròxims anys segons les necessitats detectades en els imperatius plans d’ordenació de recursos humans perquè tinguem unes administracions públiques fortes i eficients.

Insistim que, s’hauria d’exigir responsabilitats a aquells i aquells gestors i gestores que hagen pres les decisions d’abús en detriment dels drets d’aquestes persones i establir clars mecanismes per a evitar que es tornen a produir. Desgraciadament, com diu el refrany «feta la llei feta el parany», l’experiència no ens dona garanties perquè en general les lleis no regulen mecanismes eficients de control que obliguen al seu compliment. Aquest és el punt en el qual insisteix la UE que hem de regular perquè aquesta situació no es torne a produir.
Cal seguir el camí marcat per Europa. És un camí prou ampli per a intentar corregir aquest greuge crònic sense provocar nous damnificats. Però cal voler recórrer-ho. En aquests temes, sempre sorgeixen casos difícils o de complexa interpretació, i fins i tot hi haurà algú que poguera eixir beneficiat per una situació conjuntural. Som molt de quedar-nos en aqueixos casos per a rebutjar solucions de col·lectius amplis) però, la nostra opinió, fins i tot sabent que aquests casos podrien enterbolir aquesta proposta, pensem que això no ha de ser obstacle per a resoldre la situació de milers de professionals. Cal voler. Cal estar disposat a arribar a una solució. I no quedar-se en pactes còmodes d’aroma «lampedusiano» o fugir de » fatigoses» molèsties.

La proposta de SIMAP que farà arribar als grups parlamentaris és:

Proposta del SIMAP

La nova regulació normativa ha de ser efectiva, proporcionada i dissuasiva per a garantir el dret de la UE. Per això, la nova llei que normalitze com solucionar l’abús de la temporalitat complint la Directiva 1999/70/CE i les sentencia del TJUE sobre l’abús de la contractació temporal per part de les administracions públiques espanyoles, ha de deixar clar que la mesura sancionadora més concorde i equilibrada que garantisca la deguda protecció dels empleats públics víctimes de l’abús és la de la transformació de la relació temporal abusiva en una relació fixa, sense procés selectiu.
S’ha de regular una nova figura en la normativa bàsica d’aplicació als empleats públics, amb independència del seu règim jurídic laboral, funcionari o estatutari, que s’aplique quan es produïsca un abús en la contractació temporal i que supose aconseguir la condició d’empleat públic fix i a romandre en el lloc de treball que actualment exerceix amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamovilitat que regeix per als funcionaris de carrera comparables, sense adquirir la condició de funcionari de carrera.
Es considerarà abús de la temporalitat quan existira una successió de contractes/nomenaments o un únic nomenament per a un mateix lloc de treball o funcions a exercir de una duració superior a tres anys (tal com reconeix el Tribunal Suprem en el seu comunicat de principis de juny). És a dir, l’acompliment d’un mateix lloc de treball o de les mateixes funcions per un període superior a tres anys ha de considerar-se injustificadament prolongat, sense excepcions.
La norma inclourà una disposició en la qual garantirà l’aplicació d’aquesta a tots els empleats públics que a data de l’entrada en vigor d’aquesta es troben en el mateix lloc de treball o exercint les mateixes funcions durant més de tres anys, tant si es tracta d’un contracte o nomenament únic com de la successió de diversos d’aquests.
La nova llei no inclourà cap excepció que permeta que un contracte o nomenament temporal tinga una duració superior a tres anys i tampoc permetrà realitzar diversos contractes/nomenaments successius o alterns per al mateix lloc de treball o per a cobrir les mateixes funcions.
S’establiran òrgans, mecanismes i protocols de control eficients per al seguiment de l’abús de la contractació temporal, facilitant el procediment de denúncia tant dels treballadors afectats com dels seus representants.
En el cas que es produïsquen nous abusos de la contractació temporal, es posaran en marxa mesures sancionadores, prou dissuasives, per al responsable d’aquest abús en la contractació, així com per a la protecció efectiva de les víctimes a les quals se’ls reconeixerà la figura legal de empleat públic fix i a romandre en el lloc de treball que actualment exerceix amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamovilidad que regeix per als funcionaris de carrera comparables, sense adquirir la condició de funcionari de carrera.
S’ha de garantir que les solucions adoptades no afectaran les OPEs vigents i que s’oferiran la totalitat de les places d’aquestes OPEs en els processos de selecció i provisió convocats o pendents de convocar, amb la creació de noves vacants si fora necessari. S’oferiran únicament aquelles places ocupades per personal temporal de forma continuada durant un temps inferior a tres anys.

En el pròxim enviament, que constitueix una segona part, abundarem sobre el tema explicant les raons que ens han conduït a les conclusions a dalt descrites.

II. El proyecto de ley contra la temporalidad de los empleados públicos debe corregir el abuso cometido durante años a los profesionales afectados

Us anirem informant el transcurs dels esdeveniments i d’accions que es puguen prendre.