II. El proyecto de ley contra la temporalidad de los empleados públicos debe corregir el abuso cometido durante años a los profesionales afectados

Parte II

Desde la perspectiva de la UE, los principios que rigen el acceso al empleo público no constituyen un muro infranqueable para no dar una adecuada solución al abuso de la contratación temporal

SIMAP remitirá su análisis y su propuesta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados

En valencià a continuación del texto en castellano

Recordemos puntos esenciales del problema:

1. Nos encontramos en una situación excepcional en la que hay que encontrar una solución en la línea que marca la Unión Europea (UE) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta solución debe conseguir que los responsables de este abuso de temporalidad les sea más gravoso abusar de los trabajadores que no hacerlo. Por lo tanto, deben reparar el daño de forma adecuada y esto lleva inevitablemente a tener que destinar a este fin un montante económico importante, junto con la aplicación de medidas disciplinarias graves para los responsables de infringir estos abusos en la contratación. Esta sería la penalización disuasoria de la administración que incumple.
   
2. Las medidas no pueden suponer un perjuicio para las víctimas y deben garantizarles la continuidad en sus puestos de trabajo.
   
3. El TJUE ha sentenciado claramente que un proceso de selección y provisión abierto no es aceptable porque ni penaliza ni disuade a los infractores ni repara el abuso a las víctimas. Por lo tanto, las soluciones en este camino que contiene el decreto Iceta y el anteproyecto de ley no ofrecen la seguridad jurídica que afirman buscar.
   

Analizando lo expresado por los distintos actores del proceso, se podría concluir que el mayor problema que encuentran para legislar en esta línea es la Constitución Española (CE) y las previsiones del Art.103 y con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que regulan del acceso al empleo público.

Hemos de señalar que esta situación no a va a ser la primera vez ni será la última en la que encontremos conflicto entre nuestra Constitución y algunas directivas y sentencias europeas. También ha sucedido en otros países de la UE.

La sociedad y los problemas evolucionan y, como consecuencia de esta complejidad, normas de 1978 no pueden dar respuestas adecuadas a algunos problemas de 2021, sobre todo en situaciones excepcionales como la que nos ocupa.

Por supuesto que el espíritu de la Constitución y su valor como norma de referencia debe ser lo que se mantenga, mientras no se regule otra cosa por el procedimiento adecuado. Sin embargo, para dar solución a situaciones excepcionales, la aplicación de su contenido, sin matices, puede dificultar el cumplimiento, también obligatorio, de las directivas de la UE y de las sentencias del TJUE. Estas últimas, en el momento actual, obligatoriamente deben tener más peso en nuestro país a la hora de aplicar la ley nacional o legislar, aunque sea contraviniendo la jurisprudencia nacional.

En esta confrontación entre el acceso al empleo público y el cumplimiento de las DE y la jurisprudencia del TJUE debe prevalecer el mandato europeo por la integración y los compromisos con la UE. La aplicación directa de forma preferente del contenido de las DE a nuestra normativa básica no es nuevo. Por ejemplo, el derecho a los trienios y la carrera profesional para temporales, aunque su aplicación se retrasó más de lo que debiera en un país democrático como el nuestro, por reticencias de la administración en absoluto justificadas.

En su momento, como solución para cumplir con el contenido de la Directiva Europea sobre sucesión de empresas, se adoptó la regulación de una nueva forma de relación laboral, dentro de los empleados de la Conselleria de Sanidad, en la reversión del departamento de La Ribera con el personal laboral a extinguir. También se trataba de un caso excepcional de sucesión de empresas entre una empresa privada y una administración pública, no conocido hasta entonces, el primero en nuestro país.

Se estudió y se debatió sobre el asunto, se acudió a tribunales y se celebraron congresos específicos, destacando el celebrado en la Facultad de Derecho de Valencia en diciembre de 2018, con el objetivo de intentar aclarar si la solución del personal a extinguir que se reguló en la reversión del departamento de la Ribera era la adecuada para cubrir el vacío normativo existente en la legislación estatal para solucionar el encaje entre los principios que han de regir en los procesos de selección de personal fijo al empleo público (CE y TREBEP) y las consecuencias de la aplicación de la institución laboral de la sucesión de empresa, por la cual se transpone la Directiva comunitaria. Es decir, una situación con obstáculos similares que la que nos ocupa: el nudo del problema que se esgrime para hacer fijos a los empleados públicos que han sufrido un abuso en la contratación temporal es el choque de esta medida con la normativa nacional que establece los principios rectores de acceso al empleo público.

En el Congreso de diciembre de 2018 de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, participaron 15 expertos procedentes de diferentes áreas del conocimiento, así como representantes de la administración, actores sociales y del poder judicial, incluyendo un magistrado del TS y Vincenzo Ferrante, profesor de la Universidad de Milán, experto en temas de sucesión de empresas de privado a público que sí se habían producido en Italia anteriormente a la reversión del departamento de la Ribera.

La conclusión de todos los participantes fue que nos encontrábamos ante una situación nueva, excepcional, sin regulación en nuestro país, pero que las directivas europeas la incluían como sucesión de empresas y este era el camino que recorrer para encontrar una solución.

Como representantes del SIMAP acudimos a este congreso monográfico sobre la reversión de concesiones administrativas.

Durante el desarrollo del congreso, al final a todos los ponentes nacionales, especialistas en derecho laboral o administrativo, y a los ponentes internacionales, se les formulaba la misma cuestión: en relación con la sucesión de empresas, de privada a pública, el nudo del problema es el choque que se produce entre la Constitución Española, que establece que para ser empleado público ha de superar un proceso selectivo con sus condiciones, y la Directiva Europea que expresa, aplicada a este caso concreto, que es una sucesión de empresas y que los trabajadores tienen derecho a mantener su puesto de trabajo en una administración pública, como mínimo, manteniendo las mismas condiciones laborales y retributivas.

Ante esta cuestión, todos los ponentes fueron unánimes en que había que encontrar la fórmula, aunque conllevara una innovación normativa, para que se cumpliera la DE en la sucesión de empresas. Que la obligación del cumplimiento de las DE está por encima de nuestra normativa nacional. De hecho, resulta de aplicación directa cuando no existe regulación nacional o cuando esta contraviene su contenido. Por esta razón, la nueva figura del laboral a extinguir les parecía que en ese momento era la mejor solución y posiblemente la única para articular la gestión de personal en una sucesión de empresas del área privada a la pública.

El más contundente fue el ponente italiano, el Sr. Ferrante. Afirmó que en su país surgió la misma pregunta, pues su propio ordenamiento constitucional trata el acceso al empleo público de forma similar al español.

Comentó que en Italia se produjo las mismas dudas que se daban en España y por ello acudieron a las instancias responsables de la UE, preguntando específicamente qué debía prevalecer, si el ordenamiento constitucional italiano o el derecho de la UE y la respuesta fue clara: debe prevalecer el derecho que marca la UE a los países miembros por lo que en las reversiones en Italia el trato a los trabajadores fue más integrador dentro del sector público.

Hacemos un pequeño paréntesis para incidir en que los problemas posteriores de encaje del personal laboral a extinguir en la sanidad pública valenciana no son debidos a la figura en sí, sino que han sido causados más por la falta de voluntad y flexibilidad de la Conselleria de Sanidad para dar un trato de equidad y para negociar un convenio colectivo que aplique el principio también reconocido en las DE: «a igual trabajo realizado iguales condiciones laborales y retributivas», con las únicas excepciones a aquellas causas objetivas, en este caso sólo las que sean atribuibles al régimen jurídico laboral.

Toda esta exposición la consideramos necesaria para ilustrar y apoyar nuestra tesis de que los legisladores responsables deben buscar una solución que no perjudique a las víctimas del abuso y que sea eficaz en evitar estas actitudes fraudulentas sin paralizarse ante la sombra de la CE, que, dicho sea de paso, utilizan con demasiada frecuencia cuando les conviene y la cambian con rapidez cunado su contenido no se ajusta a sus intereses. Intereses que siempre son económicos. Por eso, no nos engañemos, el problema no es la CE sino la inversión económica que supone aplicar de forma correcta la DE y el contenido que emana de las sentencias del TJUE a todos los cientos de miles de trabajadores públicos que actualmente han sufrido abuso de la temporalidad y se deberían incluir en esta nueva regulación.

Desde la perspectiva de la UE, los principios que rigen el acceso al empleo público no constituyen un muro infranqueable para no dar una adecuada solución al abuso de la contratación temporal

SIMAP apoya que se debería avanzar en la línea de regularizar una nueva figura que permita mantener a las víctimas en su puesto de trabajo en condiciones de inamovilidad para dar solución a un caso excepcional de abuso a profesionales. Para nosotros, esta inacción desde el principio de este nuevo camino normativo solo traduce una falta de implicación y compromiso de los legisladores y políticos con las administraciones públicas y sus trabajadores. Únicamente defienden a los trabajadores en sus discursos, pero NO en sus acciones, como tristemente hemos vuelto a comprobar cada vez que termina una ola de esta pandemia.

Un estado social requiere unas administraciones públicas fuertes y eficientes. El nuestro se encuentra cada vez más debilitado y se sigue hablando y pensando en gasto público en lugar de inversión pública que beneficia la calidad de vida de los ciudadanos.

La externalización de servicios públicos permite a las administraciones local, autonómica y estatal camuflar su «gasto» público de cara a cumplir los objetivos de gasto que les exigen las autoridades comunitarias. Y no dudaron en modificar la Constitución en 2011, en el artículo 135, alterando el concepto de estabilidad presupuestaria para que la liquidación de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. Y, ahora, parece que todos son barreras infranqueables, incluso para los sindicatos mayoritarios.

Nuestra conclusión: existe mucho cinismo en este asunto. Como en tantas ocasiones, se acude a nuestra Constitución para bloquear el camino a una solución que permita que a las personas afectadas se les garantice, como mínimo, seguir ocupando un puesto de trabajo de forma indefinida, sin que estos puestos de trabajo puedan ser cubiertos en procesos de selección y provisión, hasta que, por motivos personales, jubilación y el resto de los criterios que rigen para los funcionarios de carrera, pierdan su condición de trabajador público.

Como mínimo se les debe conceder la permanencia en sus puestos de trabajo, la inamovilidad que es propia de los funcionarios de carrera, estatutarios y laborales fijos de su mismo cuerpo, escala o categoría y especialidad, según el régimen jurídico.

La NO regulación de esta situación no se debe justificar con argumentos achacables a nuestro ordenamiento constitucional. Por ello, por favor, no atenten a nuestra inteligencia, y solucionen un problema que afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas, profesionales que han dado la talla ante recortes constantes de plantillas y han atendido a la pandemia en todos sus frentes.

La propuesta de SIMAP que hará llegar a los grupos parlamentarios es:

Propuesta del SIMAP

• La nueva regulación normativa debe ser efectiva, proporcionada y disuasoria para garantizar el derecho de la UE. Por ello, la nueva ley que normalice cómo solventar el abuso de la temporalidad cumpliendo la Directiva 1999/70/CE y las sentencia del TJUE sobre el abuso de la contratación temporal por parte de las administraciones públicas españolas, debe dejar claro que la medida sancionadora más acorde y equilibrada que garantice la debida protección de los empleados públicos víctimas del abuso es la de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin proceso selectivo.
  
• Se debe regular una nueva figura en la normativa básica de aplicación a los empleados públicos, con independencia de su régimen jurídico laboral, funcionario o estatutario, que se aplique cuando se produzca un abuso en la contratación temporal y que suponga alcanzar la condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.
  
• Se considerará abuso de la temporalidad cuando existiera una sucesión de contratos/nombramientos o un único nombramiento para un mismo puesto de trabajo o funciones a desempeñar de una duración superior a tres años (tal como reconoce el Tribunal Supremo en su comunicado de principios de junio). Es decir, el desempeño de un mismo puesto de trabajo o de las mismas funciones por un periodo superior a tres años debe considerarse injustificadamente prolongado, sin excepciones.
  
• La norma incluirá una disposición en la que garantizará la aplicación de esta a todos los empleados públicos que a fecha de la entrada en vigor de esta se encuentren en el mismo puesto de trabajo o desempeñando las mismas funciones durante más de tres años, tanto si se trata de un contrato o nombramiento único como de la sucesión de varios de estos.
  
• La nueva ley no incluirá ninguna excepción que permita que un contrato o nombramiento temporal tenga una duración superior a tres años y tampoco permitirá realizar varios contratos/nombramientos sucesivos o alternos para el mismo puesto de trabajo o para cubrir las mismas funciones.
  
• Se establecerán órganos, mecanismos y protocolos de control eficientes para el seguimiento del abuso de la contratación temporal, facilitando el procedimiento de denuncia tanto de los trabajadores afectados como de sus representantes.
  
• En el caso de que se produzcan nuevos abusos de la contratación temporal, se pondrán en marcha medidas sancionadoras, suficientemente disuasorias, para el responsable de dicho abuso en la contratación, así como para la protección efectiva de las víctimas a las que se les reconocerá la figura legal de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.
  
• Se debe garantizar que las soluciones adoptadas no afectarán a las OPEs vigentes y que se ofertarán la totalidad de las plazas de estas OPEs en los procesos de selección y provisión convocados o pendientes de convocar, con la creación de nuevas vacantes si fuera necesario. Se ofertarán únicamente aquellas plazas ocupadas por personal temporal de forma continuada durante un tiempo inferior a tres años.
  

Versió en valencià

El projecte de llei contra la temporalitat dels empleats públics ha de corregir l’abús comés durant anys als professionals afectats

Part II

Des de la perspectiva de la UE, els principis que regeixen l’accés a l’ocupació pública no constitueixen un mur infranquejable per a no donar una adequada solució a l’abús de la contractació temporal

SIMAP remetrà la seua anàlisi i la seua proposta als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats

Recordem punts essencials del problema:

1. Ens trobem en una situació excepcional en la qual cal trobar una solució en la línia que marca la Unió Europea (UE) i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Aquesta solució ha d’aconseguir que els responsables d’aquest abús de temporalitat els siga més onerós abusar dels treballadors que no fer-ho. Per tant, han de reparar el mal de manera adequada i això porta inevitablement a haver de destinar a aquest efecte un muntant econòmic important, juntament amb l’aplicació de mesures disciplinàries greus per als responsables d’infringir aquests abusos en la contractació. Aquesta seria la penalització dissuasiva de l’administració que incompleix.
   
2. Les mesures no poden suposar un perjudici per a les víctimes i han de garantir-los la continuïtat en els seus llocs de treball.
   
3. El TJUE ha sentenciat clarament que un procés de selecció i provisió obert no és acceptable perquè ni penalitza ni dissuadeix als infractors ni repara l’abús a les víctimes. Per tant , les solucions en aquest camí que conté el decret Iceta i l’avantprojecte de llei no ofereixen la seguretat jurídica que afirmen buscar.
   

Analitzant l’expressat pels diferents actors del procés, es podria concloure que el major problema que troben per a legislar en aquesta línia és la Constitució Espanyola (CE) i les previsions del Art.103 i amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (TREBEP) que regulen de l’accés a l’ocupació pública.

Hem d’assenyalar que aquesta situació no a serà la primera vegada ni serà l’última en la qual trobem conflicte entre la nostra Constitució i algunes directives i sentències europees. També ha succeït en altres països de la UE.

La societat i els problemes evolucionen i, a conseqüència d’aquesta complexitat, normes de 1978 no poden donar respostes adequades a alguns problemes de 2021, sobretot en situacions excepcionals com la que ens ocupa.

Per descomptat que l’esperit de la Constitució i el seu valor com a norma de referència ha de ser el que es mantinga, mentre no es regule una altra cosa pel procediment adequat. No obstant això, per a donar solució a situacions excepcionals, l’aplicació del seu contingut, sense matisos, pot dificultar el compliment, també obligatori, de les directives de la UE i de les sentències del TJUE. Aquestes últimes, en el moment actual, obligatòriament han de tindre més pes al nostre país a l’hora d’aplicar la llei nacional o legislar, encara que siga contravenint la jurisprudència nacional.

En aquesta confrontació entre l’accés a l’ocupació pública i el compliment de les DE la jurisprudència del TJUE ha de prevaldre el mandat europeu per la integració i els compromisos amb la UE. L’aplicació directa de manera preferent del contingut de les DE la nostra normativa bàsica no és nou. Per exemple , el dret als triennis i la carrera professional per a temporals, encara que la seua aplicació es va retardar més del que deguera en un país democràtic com el nostre, per reticències de l’administració en absolut justificades.

En el seu moment, com a solució per a complir amb el contingut de la Directiva Europea sobre successió d’empreses, es va adoptar la regulació d’una nova forma de relació laboral, dins dels empleats de la Conselleria de Sanitat, en la reversió del departament de la Ribera amb el personal laboral a extingir. També es tractava d’un cas excepcional de successió d’empreses entre una empresa privada i una administració pública, no conegut fins llavors, el primer al nostre país.

Es va estudiar i es va debatre sobre l’assumpte, es va acudir a tribunals i es van celebrar congressos específics, destacant el celebrat en la Facultat de Dret de València al desembre de 2018, amb l’objectiu d’intentar aclarir si la solució del personal a extingir que es va regular en la reversió del departament de la Ribera era l’adequada per a cobrir el buit normatiu existent en la legislació estatal per a solucionar l’encaix entre els principis que han de regir en els processos de selecció de personal fix a l’ocupació pública (CE i TREBEP) i les conseqüències de l’aplicació de la institució laboral de la successió d’empresa, per la qual es transposa la Directiva comunitària. És a dir, una situació amb obstacles similars que la que ens ocupa: el nus del problema que s’esgrimeix per a fer fixos als empleats públics que han patit un abús en la contractació temporal és el xoc d’aquesta mesura amb la normativa nacional que estableix els principis rectors d’accés a l’ocupació pública.

En el Congrés de desembre de 2018 de la facultat de Dret de la Universitat de València, van participar 15 experts procedents de diferents àrees del coneixement, així com representants de l’administració , actors socials i del poder judicial, incloent un magistrat del TS i Vincenzo Ferrante, professor de la Universitat de Milà , expert en temes de successió d’empreses de privat a públic que sí s’havien produït a Itàlia anteriorment a la reversió del departament de la Ribera.

La conclusió de tots els participants va ser que ens trobàvem davant una situació nova, excepcional, sense regulació al nostre país, però que les directives europees la incloïen com a successió d’empreses i aquest era el camí que recórrer per a trobar una solució.

Com a representants del SIMAP acudim a aquest congrés monogràfic sobre la reversió de concessions administratives.

Durant el desenvolupament del congrés, al final a tots els ponents nacionals, especialistes en dret laboral o administratiu, i als ponents internacionals, se’ls formulava la mateixa qüestió: en relació amb la successió d’empreses, de privada a pública, el nus del problema és el xoc que es produeix entre la Constitució Espanyola, que estableix que per a ser empleat públic ha de superar un procés selectiu amb les seues condicions, i la Directiva Europea que expressa, aplicada a aquest cas concret, que és una successió d’empreses i que els treballadors tenen dret a mantindre el seu lloc de treball en una administració pública, com a mínim, mantenint les mateixes condicions laborals i retributives.

Davant aquesta qüestió, tots els ponents van ser unànimes en què calia trobar la fórmula, encara que comportara una innovació normativa, perquè es complira la DE la successió d’empreses. Que l’obligació del compliment de les DE per damunt de la nostra normativa nacional. De fet , resulta d’aplicació directa quan no existeix regulació nacional o quan aquesta contravé el seu contingut. Per aquesta raó, la nova figura del laboral a extingir els semblava que en aqueix moment era la millor solució i possiblement l’única per a articular la gestió de personal en una successió d’empreses de l’àrea privada a la pública.

El més contundent va ser el ponent italià, el Sr. Ferrante. Va afirmar que al seu país va sorgir la mateixa pregunta, perquè el seu propi ordenament constitucional tracta l’accés a l’ocupació pública de manera similar a l’espanyol.

Va comentar que a Itàlia es va produir els mateixos dubtes que es donaven a Espanya i per això van acudir a les instàncies responsables de la UE, preguntant específicament què havia de prevaldre, si l’ordenament constitucional italià o el dret de la UE i la resposta va ser clara: ha de prevaldre el dret que marca la UE als països membres pel que en les reversions a Itàlia el tracte als treballadors va ser més integrador dins del sector públic.

Fem un xicotet parèntesi per a incidir en què els problemes posteriors d’encaix del personal laboral a extingir en la sanitat pública valenciana no són deguts a la figura en si, sinó que han sigut causats més per la falta de voluntat i flexibilitat de la Conselleria de Sanitat per a donar un tracte d’equitat i per a negociar un conveni col·lectiu que aplicació el principi també reconegut en les de: «a igual treball realitzat iguals condicions laborals i retributives», amb les úniques excepcions a aquelles causes objectives, en aquest cas només les que siguen atribuïbles al règim jurídic laboral.

Tota aquesta exposició la considerem necessària per a il·lustrar i donar suport a la nostra tesi que els legisladors responsables han de buscar una solució que no perjudique les víctimes de l’abús i que siga eficaç a evitar aquestes actituds fraudulentes sense paralitzar-se davant l’ombra de la CE, que, dit siga de pas, utilitzen amb massa freqüència quan els convé i la canvien amb rapidesa cunado el seu contingut no s’ajusta als seus interessos. Interessos que sempre són econòmics. Per això, no ens enganyem, el problema no és la CE sinó la inversió econòmica que suposa aplicar de manera correcta la DE el contingut que emana de les sentències del TJUE a tots els centenars de milers de treballadors públics que actualment han patit abús de la temporalitat i s’haurien d’incloure en aquesta nova regulació.

Des de la perspectiva de la UE, els principis que regeixen l’accés a l’ocupació pública no constitueixen un mur infranquejable per a no donar una adequada solució a l’abús de la contractació temporal

SIMAP secunda que s’hauria d’avançar en la línia de regularitzar una nova figura que permeta mantindre a les víctimes en el seu lloc de treball en condicions de inamovilitat per a donar solució a un cas excepcional d’abús a professionals. Per a nosaltres, aquesta inacció des del principi d’aquest nou camí normatiu sol tradueix una falta d’implicació i compromís dels legisladors i polítics amb les administracions públiques i els seus treballadors. Únicament defensen als treballadors en els seus discursos, però NO en les seues accions, com tristament hem tornat a comprovar cada vegada que acaba una ona d’aquesta pandèmia.

Un estat social requereix unes administracions públiques fortes i eficients. El nostre es troba cada vegada més afeblit i es continua parlant i pensant en despesa pública en lloc d’inversió pública que beneficia la qualitat de vida dels ciutadans.

L’externalització de serveis públics permet a les administracions local, autonòmica i estatal camuflar la seua «despesa» pública de cara a complir els objectius de despesa que els exigeixen les autoritats comunitàries. I no van dubtar a modificar la Constitució en 2011, en l’article 135, alterant el concepte d’estabilitat pressupostària perquè la liquidació del deute públic fora el primer a pagar enfront de qualsevol altra despesa de l’Estat en els pressupostos generals, sense esmena o modificació possible. I, ara, sembla que tots són barreres infranquejables, fins i tot per als sindicats majoritaris.

La nostra conclusió: existeix molt cinisme en aquest assumpte. Com en tantes ocasions, s’acudeix a la nostra Constitució per a bloquejar el camí a una solució que permeta que a les persones afectades se’ls garantisca, com a mínim, continuar ocupant un lloc de treball de manera indefinida, sense que aquests llocs de treball puguen ser coberts en processos de selecció i provisió, fins que , per motius personals, jubilació i la resta dels criteris que regeixen per als funcionaris de carrera, perden la seua condició de treballador públic.

Com a mínim se’ls ha de concedir la permanència en els seus llocs de treball , la inamovilitat que és pròpia dels funcionaris de carrera, estatutaris i laborals fixos del seu mateix cos, escala o categoria i especialitat, segons el règim jurídic.

La NO regulació d’aquesta situació no s’ha de justificar amb arguments imputables al nostre ordenament constitucional. Per això, per favor, no atempten a la nostra intel·ligència, i solucionen un problema que afecta milers de ciutadans i ciutadanes, professionals que han estat a l’altura davant retallades constants de plantilles i han atès la pandèmia en tots els seus fronts.

La proposta de SIMAP que farà arribar als grups parlamentaris és:

Proposta del SIMAP

• La nova regulació normativa ha de ser efectiva, proporcionada i dissuasiva per a garantir el dret de la UE. Per això, la nova llei que normalitze com solucionar l’abús de la temporalitat complint la Directiva 1999/70/CE i les sentencia del TJUE sobre l’abús de la contractació temporal per part de les administracions públiques espanyoles, ha de deixar clar que la mesura sancionadora més concorde i equilibrada que garantisca la deguda protecció dels empleats públics víctimes de l’abús és la de la transformació de la relació temporal abusiva en una relació fixa, sense procés selectiu.
  
• S’ha de regular una nova figura en la normativa bàsica d’aplicació als empleats públics, amb independència del seu règim jurídic laboral, funcionari o estatutari, que s’aplique quan es produïsca un abús en la contractació temporal i que supose aconseguir la condició d’empleat públic fix i a romandre en el lloc de treball que actualment exerceix amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamovilitat que regeix per als funcionaris de carrera comparables, sense adquirir la condició de funcionari de carrera.
  
• Es considerarà abús de la temporalitat quan existira una successió de contractes/nomenaments o un únic nomenament per a un mateix lloc de treball o funcions a exercir de una duració superior a tres anys (tal com reconeix el Tribunal Suprem en el seu comunicat de principis de juny). És a dir, l’acompliment d’un mateix lloc de treball o de les mateixes funcions per un període superior a tres anys ha de considerar-se injustificadament prolongat, sense excepcions.
  
• La norma inclourà una disposició en la qual garantirà l’aplicació d’aquesta a tots els empleats públics que a data de l’entrada en vigor d’aquesta es troben en el mateix lloc de treball o exercint les mateixes funcions durant més de tres anys, tant si es tracta d’un contracte o nomenament únic com de la successió de diversos d’aquests.
  
• La nova llei no inclourà cap excepció que permeta que un contracte o nomenament temporal tinga una duració superior a tres anys i tampoc permetrà realitzar diversos contractes/nomenaments successius o alterns per al mateix lloc de treball o per a cobrir les mateixes funcions.
  
• S’establiran òrgans, mecanismes i protocols de control eficients per al seguiment de l’abús de la contractació temporal, facilitant el procediment de denúncia tant dels treballadors afectats com dels seus representants.
  
• En el cas que es produïsquen nous abusos de la contractació temporal, es posaran en marxa mesures sancionadores, prou dissuasives, per al responsable d’aquest abús en la contractació, així com per a la protecció efectiva de les víctimes a les quals se’ls reconeixerà la figura legal de empleat públic fix i a romandre en el lloc de treball que actualment exerceix amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamovilitat que regeix per als funcionaris de carrera comparables, sense adquirir la condició de funcionari de carrera.
  
• S’ha de garantir que les solucions adoptades no afectaran les OPEs vigents i que s’oferiran la totalitat de les places d’aquestes OPEs en els processos de selecció i provisió convocats o pendents de convocar, amb la creació de noves vacants si fora necessari. S’oferiran únicament aquelles places ocupades per personal temporal de forma continuada durant un temps inferior a tres anys.