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Acción sindicalImpacto

La Conselleria de Sanitat mutila el derecho a la reducción de jornada por conciliación de la via laboral y familiar de su personal

By 16 de julio de 2021No Comments


  • La interpretación de la normativa por parte de la DGRH de la CSUSP supone un perjuicio para el personal en cuanto a la conciliación de la vida familiar, añadido a la dificultad (imposibilidad en muchos casos) de poder elegir la concreción horaria, dependiendo en gran medida de la voluntad de las Gerencias y Direcciones de los departamentos
  • No se puede equiparar una solicitud de modificación en el porcentaje de reducción de jornada a una solicitud de «dejar sin efecto» y obligar durante un mes a prestar sus servicios durante la totalidad de la jornada en lugar de la reducción que ya estaba disfrutando

    En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: el pasado 28 de junio de 2021 se remitió a los distintos departamentos de salud una instrucción o nota de régimen interno firmada por Carmen López, directora general de Recursos Humanos (DGRH) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (en adelante CSUSP). Este documento que, en principio, venía a responder consultas realizadas por los departamentos «acerca de las modificaciones de las reducciones de jornada, concretamente sobre el criterio a aplicar cuando el personal solicita cambios respecto al porcentaje de jornada que viene disfrutando» ha acabado suponiendo un nuevo perjuicio para el personal que presta sus servicios para la CSUSP.

En el documento en cuestión, se hace referencia al Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, concretamente a los artículos 7 y 8, que son los que regulan las reducciones de jornada y las disposiciones comunes a las mismas, como compatibilidad, disfrute simultáneo… todo ello recogido en el texto, pero, en un alarde de creatividad, la DGRH concluye:

«…a fin de garantizar el adecuado desarrollo de la actividad asistencial, sin que se produzca menoscabo en la atención de los servicios y puedan ser previstos y considerados los cambios de organización que las nuevas reducciones puedan exigir, las solicitudes de modificación en el porcentaje de jornada que se venía disfrutando deberán ser consideradas, tramitadas y resueltas como una nueva reducción, incluyendo el periodo mínimo de un mes entre la extinción de la primera y el inicio de la siguiente, durante el cual el personal recuperará la prestación de su jornada ordinaria

En nuestra opinión, esta interpretación que se hace de la norma no es adecuada. No se puede equiparar una solicitud de modificación en el porcentaje de reducción de jornada a una solicitud de «dejar sin efecto» y obligar a que la persona que disfruta de una reducción de jornada con motivo de conciliar su vida familiar con la laboral esté durante un mes prestando sus servicios durante la totalidad de la jornada en lugar de la reducción que ya estaba disfrutando. Esto implica que se le deniegue un derecho, legalmente reconocido, a la adopción de medidas que permitan la mayor compatibilidad entre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal empleado público que previamente venía ejerciendo y sin haber solicitado dejar sin efecto el mismo ni de forma explícita ni de ninguna otra forma.

Si trasladamos el contenido de la instrucción y la interpretación que hace de la norma a un caso práctico, la vulneración del derecho del trabajador queda patente. Pongamos como ejemplo una reducción de jornada reconocida y efectiva en la práctica de un trabajador para el cuidado de una persona mayor dependiente del 35% y que, por empeoramiento de salud y dependencia de la persona mayor, el trabajador solicita la ampliación de esta reducción al 50%. Según la instrucción, debería pasar un mes a jornada completa. Uno puede imaginar el problema que ocasiona y la vulneración del derecho del trabajador a la conciliación. En ningún momento el trabajador ha solicitado dejar sin efecto la reducción que tenía concedida, sino que ha solicitado una modificación de esta. Entendemos que se determine un plazo de tiempo para resolver el cambio en el porcentaje en la reducción de jornada ya reconocida pero no hay justificación, ni asistencial ni en la ley, para obligar a trabajar un mes a jornada completa antes de reconocerle la ampliación del tiempo de la reducción.

Sin llegar a casos tan extremos, en los distintos departamentos de salud es habitual que, sobre todo en período estival, el personal amplíe el porcentaje de reducción de jornada que tiene durante el resto del año porque es más complicado conciliar (o compatibilizar) la vida familiar con la laboral por el cierre de centros escolares, guarderías y centros de día de atención a personas mayores. En base a la mencionada instrucción, este año van a encontrarse con un problema a la hora de solicitar dicha modificación en la reducción de jornada ya que, si han hecho los trámites con la misma antelación que en años anteriores, aplicando el contenido de la instrucción, antes de poder disfrutar la reducción a la que tienen derecho y que necesitan, deberán trabajar un mes a jornada completa; y lo mismo ocurrirá cuando quieran volver a su jornada reducida habitual, que tendrán que estar nuevamente un mes trabajando el 100% de la jornada, con las dificultades que ello supone.

Como solemos hacer cuando tenemos dudas, contactamos con la Conselleria para solicitar una aclaración exponiendo lo anterior y la respuesta fue que la instrucción respondía a necesidades organizativas siendo el plazo de un mes acorde con la norma y necesario para poder planificar adecuadamente la cobertura de los servicios.

Comprendemos muy bien la dificultad de planificar el trabajo, tanto asistencial como no asistencial, y la necesidad de que haya unos plazos para que se pueda reorganizar todo, pero esto no debería implicar la vuelta a la jornada completa del personal que está disfrutando una jornada reducida porque tiene necesidad de ello.

En otro orden de cosas, esta instrucción implica un trabajo sobreañadido para el personal de la función administrativa del área de Personal de los distintos departamentos de salud, ya sobrecargado habitualmente, y más en época estival, ya que con este nuevo procedimiento se les obliga a «cerrar un proceso» y abrir uno nuevo cada vez que algún trabajador o trabajadora pide un cambio en el porcentaje de reducción de jornada, obligándolos a estar pendientes de cada plazo para no perjudicar aún más al personal que ve cercenado su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Cada cambio de porcentaje implicará como mínimo el cierre y apertura de dos procesos distintos en un plazo de pocos meses. Y está por ver si estos cambios serán reflejados de forma correcta en el GESTUR y los cálculos de días de vacaciones y días de libre disposición se realizan correctamente o si puede haber problemas a la hora del cómputo de la jornada anual.

En definitiva, consideramos que esta interpretación de la normativa por parte de la DGRH de la CSUSP supone un perjuicio para el personal gestionado por ella en cuanto a las reducciones de jornada por conciliación de la vida familiar, añadido a otros como la dificultad (imposibilidad en muchos casos) de poder elegir la concreción horaria del disfrute de la reducción de jornada, derecho que sí que tienen reconocido el resto de los trabajadores en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores ya que, en nuestro caso, depende en gran medida de la voluntad de las Gerencias y Direcciones de los departamentos. En consecuencia, desde SIMAP vamos a seguir las vías legalmente establecidas para que la instrucción se modifique y se adecúe al contenido y espíritu real de la norma.


Versió en valencià

La Conselleria de Sanitat mutila el dret a la reducció de jornada per conciliació de la vida laboral i familiar del seu personal


  • La interpretació de la normativa per part de la DGRH de la CSUSP suposa un perjudici per al personal quant a la conciliació de la vida familiar, afegit a la dificultat (impossibilitat en molts casos) de poder triar la concreció horària, depenent en gran manera de la voluntat de les Gerències i Direccions dels departaments
  • No es pot equiparar una sol·licitud de modificació en el percentatge de reducció de jornada a una sol·licitud de «deixar sense efecte» i obligar durant un mes a prestar els seus serveis durant la totalitat de la jornada en lloc de la reducció que ja estava gaudint

Estimats/ades amics/gues: el passat 28 de juny de 2021 es va remetre als diferents departaments de salut una instrucció o nota de règim intern signada per Carmen López, directora general de Recursos Humans (DGRH) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (d’ara en avant CSUSP). Aquest document que, en principi, venia a respondre consultes realitzades pels departaments «sobre les modificacions de les reduccions de jornada, concretament sobre el criteri a aplicar quan el personal sol·licita canvis respecte al percentatge de jornada que ve gaudint» ha acabat suposant un nou perjudici per al personal que presta els seus serveis per a la CSUSP.

En el document en qüestió, es fa referència al Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, concretament als articles 7 i 8, que són els que regulen les reduccions de jornada i les disposicions comunes a aquestes, com a compatibilitat, gaudi simultani… tot això recollit en el text, però, en una parenceria de creativitat, la DGRH conclou:

«…a fi de garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat assistencial, sense que es produïsca menyscapte en l’atenció dels serveis i puguen ser previstos i considerats els canvis d’organització que les noves reduccions puguen exigir, les sol·licituds de modificació en el percentatge de jornada que es venia gaudint hauran de ser considerades, tramitades i resoltes com una nova reducció, incloent el període mínim d’un mes entre l’extinció de la primera i l’inici de la següent, durant el qual el personal recuperarà la prestació de la seua jornada ordinària

En la nostra opinió, aquesta interpretació que es fa de la norma no és adequada. No es pot equiparar una sol·licitud de modificació en el percentatge de reducció de jornada a una sol·licitud de «deixar sense efecte» i obligar al fet que la persona que gaudeix d’una reducció de jornada amb motiu de conciliar la seua vida familiar amb la laboral estiga durant un mes prestant els seus serveis durant la totalitat de la jornada en lloc de la reducció que ja estava gaudint. Això implica que se li denegue un dret, legalment reconegut, a l’adopció de mesures que permeten la major compatibilitat entre la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal empleat públic que prèviament venia exercint i sense haver sol·licitat deixar sense efecte el mateix ni de manera explícita ni de cap altra forma.

Si traslladem el contingut de la instrucció i la interpretació que fa de la norma a un cas pràctic, la vulneració del dret del treballador queda patent. Posem com a exemple una reducció de jornada reconeguda i efectiva en la pràctica d’un treballador per a la cura d’una persona major dependent del 35% i que, per empitjorament de salut i dependència de la persona major, el treballador sol·licita l’ampliació d’aquesta reducció al 50%. Segons la instrucció, hauria de passar un mes a jornada completa. Un pot imaginar el problema que ocasiona i la vulneració del dret del treballador a la conciliació. En cap moment el treballador ha sol·licitat deixar sense efecte la reducció que tenia concedida, sinó que ha sol·licitat una modificació d’aquesta. Entenem que es determine un termini de temps per a resoldre el canvi en el percentatge en la reducció de jornada ja reconeguda però no hi ha justificació, ni assistencial ni en la llei, per a obligar a treballar un mes a jornada completa abans de reconèixer-li l’ampliació del temps de la reducció.

Sense arribar a casos tan extrems, en els diferents departaments de salut és habitual que, sobretot en període estival, el personal vaja ampliar el percentatge de reducció de jornada que té durant la resta de l’any perquè és més complicat conciliar (o compatibilitzar) la vida familiar amb la laboral pel tancament de centres escolars, guarderies i centres de dia d’atenció a persones majors. Sobre la base de l’esmentada instrucció, enguany es trobaran amb un problema a l’hora de sol·licitar aquesta modificació en la reducció de jornada ja que, si han fet els tràmits amb la mateixa antelació que en anys anteriors, aplicant el contingut de la instrucció, abans de poder gaudir la reducció a la qual tenen dret i que necessiten, hauran de treballar un mes a jornada completa; i el mateix ocorrerà quan vulguen tornar a la seua jornada reduïda habitual, que hauran d’estar novament un mes treballant el 100% de la jornada, amb les dificultats que això suposa.

Com solem fer quan tenim dubtes, contactem amb la Conselleria per a sol·licitar un aclariment exposant l’anterior i la resposta va ser que la instrucció responia a necessitats organitzatives sent el termini d’un mes d’acord amb la norma i necessari per a poder planificar adequadament la cobertura dels serveis.

Comprenem molt bé la dificultat de planificar el treball, tant assistencial com no assistencial, i la necessitat que hi haja uns terminis perquè es puga reorganitzar tot, però això no hauria d’implicar la volta a la jornada completa del personal que està gaudint una jornada reduïda perquè té necessitat d’això.

En un altre ordre de coses, aquesta instrucció implica un treball sobreafegit per al personal de la funció administrativa de l’àrea de Personal dels diferents departaments de salut, ja sobrecarregat habitualment, i més en època estival, ja que amb aquest nou procediment se’ls obliga a «tancar un procés» i obrir un nou cada vegada que algun treballador o treballadora demana un canvi en el percentatge de reducció de jornada, obligant-los a estar pendents de cada termini per a no perjudicar encara més al personal que veu retallat el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Cada canvi de percentatge implicarà com a mínim el tancament i obertura de dos processos diferents en un termini de pocs mesos. I està per veure si aquests canvis seran reflectits de manera correcta en el GESTUR i els càlculs de dies de vacances i dies de lliure disposició es realitzen correctament o si pot haver-hi problemes a l’hora del còmput de la jornada anual.

En definitiva, considerem que aquesta interpretació de la normativa per part de la DGRH de la CSUSP suposa un perjudici per al personal gestionat per ella quant a les reduccions de jornada per conciliació de la vida familiar, afegit a uns altres com la dificultat (impossibilitat en molts casos) de poder triar la concreció horària del gaudi de la reducció de jornada, dret que sí que tenen reconegut la resta dels treballadors en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors ja que, en el nostre cas, depèn en gran manera de la voluntat de les Gerències i Direccions dels departaments. En conseqüència, des de SIMAP seguirem les vies legalment establides perquè la instrucció es modifique i s’adeqüe al contingut i esperit real de la norma.