Movilidad por cuidados a familiares o por razón de salud: asuntos irresueltos

• SIMAP solicita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad que plantee en la Mesa Sectorial de Sanidad una regulación más justa y ajustada a la norma para que así finalice el agravio del personal estatutario en estos aspectos de la conciliación familiar y laboral
  
• El cuidado de las personas vulnerables y de la propia salud debe ser una prioridad y una realidad compatible con la actividad laboral y el desarrollo profesional, en una sociedad verdaderamente humanizada.
  

En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: en estos últimos años, se ha venido avanzando en temas de conciliación de la vida familiar y laboral, avance que ha cristalizado con la conclusión de que esta conciliación debe ser una de las prioridades de las normas que regulan muchas administraciones públicas.

Movilidad por razón de salud de familiares

En la negociación del Decreto 192/2017, de Selección y Provisión, vigente en la actualidad, y en el último documento que fue aprobado en la Mesa Sectorial de Sanidad, existía un texto dentro del Capítulo IV: Movilidades por razón de salud, rehabilitación o protección social existía un artículo, el 40, que hacía referencia a la movilidad por razón de salud de familiares
y que fue retirado antes de la publicación en el DOGV.

Este artículo fue retirado sin informar de forma previa a la parte social que participó en su negociación, al aceptar la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (CSUSP) el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que no consideraba adecuado utilizar la modalidad de comisión de servicios como medio para paliar este problema e instaba a la CSUSP a buscar otra solución.

Pasados más de tres años desde la publicación del Decreto 192/2017, este asunto, que pretendía paliar problemas extremos en los que no existían opciones adecuadas para garantizar el cuidado de familiares dependientes y obligaban a los trabajadores a solicitar excedencias por interés particular, sigue sin tener una redacción alternativa.

Pero con la nueva Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que regula la movilidad por motivos de salud o rehabilitación del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar de primer grado a su cargo, se puede dar un salto cualitativo en la solución de este agravio al personal estatutario.

Esta nueva Ley proporciona las bases necesarias para incorporar a nuestra normativa, Decreto 192/2017, este tipo de movilidad por razón de salud de familiares que quedó excluida de por no pasar el filtro el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Este tema sigue sin resolverse, pero ya existe una base legal para poder desarrollarlo en nuestro reglamento. Pensamos que es necesario retomar la negociación en la búsqueda de soluciones que permitan el cuidado de los familiares con problemas de salud. Ya en su momento existió unanimidad entre la parte social y la Conselleria de Sanidad en considerar como una buena solución la posibilidad de regular una movilidad que permitiera cuidarlos sin tener que renunciar al servicio activo. Más que nunca, en estos tiempos complicados y con falta de profesionales, el cuidado de las personas vulnerables debe ser una prioridad y una realidad compatible con la actividad laboral y el desarrollo profesional, en una sociedad verdaderamente humanizada.

El 30 de agosto SIMAP registró un escrito en el que solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos que incluya la movilidad por razón de salud de familiares, como una prioridad, dentro de la agenda de negociación de la Mesa Sectorial en los próximos meses y que hasta que esta opción se incluya en el reglamento de selección y provisión se garantice este derecho al personal estatutario por aplicación directa del artículo 124 de la ley de Función Pública Valenciana.

 

Movilidad por razón de salud para el personal estatutario

La Opinión de Murcia

En el Sistema Valenciano de Salud, la normativa de desarrollo de la movilidad por razón de salud para el personal estatutario está contenida en el artículo 39, referente a la movilidad por razones de salud, del Decreto 192/2017, por el que se aprueba el Reglamento de selección y provisión de personal estatutario. Este Decreto, ya desde su entrada en vigor, contenía importantes limitaciones respecto a la regulación de la movilidad por razones de salud que ya tenía reconocida, desde enero de 2017, el personal funcionario de la Generalitat Valenciana, incluso el adscrito a la CSUSP.

Si comparamos con el capítulo que regula este importante problema en el Decreto 3/2017, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, podemos fácilmente comprobar la situación de agravio en la que se encuentra el personal estatutario al servicio de la Generalitat Valenciana respecto al personal en régimen funcionarial y laboral.

De entrada, podemos observar la diferencia de tratamiento: el Decreto 192/2017 dedica a este asunto un solo artículo, mientras que el Decreto 3/2017, reserva un capítulo entero de la norma, desarrollado en 9 artículos.

Si nos centramos en el contenido de ambas normas, resulta fácil comprobar las restricciones que existen en el Decreto 192/2017, para el personal estatutario respecto al Decreto 3/2017, para el personal funcionario (incluidos los correspondientes a la Conselleria de sanidad:

• La limitación al departamento de salud de la oferta de plazas que existe en los estatutarios no es tal para el personal funcionario, permitiendo incluso el cambio de cuerpo y escala, que en el caso del personal estatutario sería de categoría/especialidad, siempre que cumpliera con los requisitos para el acceso de esta y sin merma retributiva.
  
• Para los estatutarios, existe una falta de concreción en los procedimientos, requisitos y plazos, y no existe un carácter preferente.
  
• Se prioriza el derecho del funcionario con problemas de salud a la adaptación del puesto de trabajo, incluida la movilidad sin limitaciones departamentales, a posibles problemas organizativos que esta adaptación pudiera ocasionar. Sin embargo, para estatutarios, las limitaciones que impone el artículo 39 del Decreto 192/2017, además de restrictivas respecto a lo regulado en la Ley, hacen que en la práctica sea imposible gestionar de forma correcta la mayoría de las solicitudes y que, ya de entrada, los trabajadores desistan de tomar este camino.
  

Además, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Función Pública Valenciana, la actualización del contenido del artículo 39 del Decreto 192/2017, resulta incuestionable, ya que un reglamento de desarrollo no puede ser más restrictivo en derechos que la Ley que desarrolla

En concreto, destacaríamos los siguientes puntos que contiene esta ley:

• La aplicación de la movilidad de oficio y no a solicitud de interesado.
  
• La no limitación de la movilidad a las vacantes existentes del departamento de salud de la misma categoría y, en su caso, especialidad, siendo la persona afectada la que elija su nuevo destino, disponiendo de la información de todas las plazas existentes.
  
• El mantenimiento de las retribuciones del puesto de origen, aunque cambie de categoría profesional en su nuevo puesto de trabajo, a no ser que la persona interesada dé su conformidad al ser adscrito a un puesto con una jornada laboral inferior a la que venía realizando.
  
• También garantiza que a la persona interesada se le aporta la formación necesaria para el desempeño adecuado del nuevo puesto de trabajo, y garantizar su participación en procesos de selección del nuevo puesto de trabajo si suponen un cambio en la categoría profesional o en su caso especialidad.
  
• La Ley, además, incide en que este sistema de provisión de puestos tendrá preferencia sobre los nombramientos de personal funcionario interino o mejora de empleo y amplía estos procesos de movilidad a víctimas de acoso sexual, por razón de sexo, moral o laboral.
  
• La propia Ley destaca la necesidad de la tramitación preferente de las solicitudes con establecimiento de tiempos máximos.
  

Por último, para actualizar de forma rápida esta situación, sería necesaria la publicación una instrucción que complemente las modificaciones necesarias del artículo 39, con un protocolo claro que sea conocido y seguido por las personas implicadas: los servicios de prevención de riesgos laborales, los responsables de los centros y servicios de origen y los del nuevo destino del trabajador y por los órganos colegiados que participan en este proceso

El 30 de agosto SIMAP registró un escrito en el que solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad que modifique, a través de la negociación en Mesa Sectorial de Sanidad, el artículo 39 del Decreto 192/2017, de 1 de diciembre para que sea acorde al contenido del artículo 123 de Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana y no limite los derechos del personal estatutario a la movilidad por razón de salud, garantizando los puntos expresados arriba. Mientras esta negociación se lleva a cabo la CSUSP debe garantizar al personal estatutario los derechos reconocidos en el artículo 123 de la ley de Función Pública mediante la emisión urgente de una instrucción tal como ya ha realizado en el tema de permisos, licencia y vacaciones en la que se aplica de forma directa el contenido de la ley básica estatal

Versió en valencià

SIMAP

02 de setembre 2021

www.simap-pas.es

Mobilitat per cures a familiars o per raó de salut: assumptes irresolts

• SIMAP sol·licita a la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat que plantege en la Taula Sectorial de Sanitat una regulació més justa i ajustada a la norma perquè així finalitze el greuge del personal estatutari en aquests aspectes de la conciliació familiar i laboral
  
• La cura de les persones vulnerables i de la pròpia salut ha de ser una prioritat i una realitat compatible amb l’activitat laboral i el desenvolupament professional, en una societat veritablement humanitzada.
  

Estimats/ades amics/gues: en aquests últims anys, s’ha vingut avançant en temes de conciliació de la vida familiar i laboral, avanç que ha cristal·litzat amb la conclusió que aquesta conciliació ha de ser una de les prioritats de les normes que regulen moltes administracions públiques.

Mobilitat per raó de salut de familiars

En la negociació del Decret 192/2017, de Selecció i Provisió, vigent en l’actualitat, i en l’últim document que va ser aprovat en la Taula Sectorial de Sanitat, existia un text dins del Capítol IV: Mobilitats per raó de salut, rehabilitació o protecció social existia un article, el 40, que feia referència a la mobilitat per raó de salut de familiars
i que va ser retirat abans de la publicació en el DOGV.

Aquest article va ser retirat sense informar de manera prèvia a la part social que va participar en la seua negociació, en acceptar la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP) el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que no considerava adequat utilitzar la modalitat de comissió de serveis com a mitjà per a pal·liar aquest problema i instava la CSUSP a buscar una altra solució.

Passats més de tres anys des de la publicació del Decret 192/2017, aquest assumpte, que pretenia pal·liar problemes extrems en els quals no existien opcions adequades per a garantir la cura de familiars dependents i obligaven els treballadors a sol·licitar excedències per interès particular, segueix sense tindre una redacció alternativa.

Però amb la nova Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana, que regula la mobilitat per motius de salut o rehabilitació del cònjuge o parella de fet, o d’un familiar de primer grau al seu càrrec, es pot fer un salt qualitatiu en la solució d’aquest greuge al personal estatutari.

Aquesta nova Llei proporciona les bases necessàries per a incorporar a la nostra normativa, Decret 192/2017, aquest tipus de mobilitat per raó de salut de familiars que va quedar exclosa de per no passar el filtre el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Aquest tema segueix sense resoldre’s, però ja existeix una base legal per a poder desenvolupar-ho en el nostre reglament. Pensem que és necessari reprendre la negociació en la cerca de solucions que permeten la cura dels familiars amb problemes de salut. Ja en el seu moment va existir unanimitat entre la part social i la Conselleria de Sanitat a considerar com una bona solució la possibilitat de regular una mobilitat que permetera cuidar-los sense haver de renunciar al servei actiu. Més que mai, en aquests temps complicats i amb falta de professionals, la cura de les persones vulnerables ha de ser una prioritat i una realitat compatible amb l’activitat laboral i el desenvolupament professional, en una societat veritablement humanitzada.

El 30 d’agost SIMAP va registrar un escrit en el qual va sol·licitar a la Direcció General de Recursos Humans que incloga la mobilitat per raó de salut de familiars, com una prioritat, dins de l’agenda de negociació de la Taula Sectorial en els pròxims mesos i que fins que aquesta opció s’incloga en el reglament de selecció i provisió es garantisca aquest dret al personal estatutari per aplicació directa de l’article 124 de la llei de Funció Pública Valenciana.

 

Mobilitat per raó de salut per al personal estatutari

L’Opinió de Múrcia

En el Sistema Valencià de Salut, la normativa de desenvolupament de la mobilitat per raó de salut per al personal estatutari està continguda en l’article 39, referent a la mobilitat per raons de salut, del Decret 192/2017, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari. Aquest Decret, ja des de la seua entrada en vigor, contenia importants limitacions respecte a la regulació de la mobilitat per raons de salut que ja tenia reconeguda, des de gener de 2017, el personal funcionari de la Generalitat Valenciana, fins i tot l’adscrit a la CSUSP.

Si comparem amb el capítol que regula aquest important problema en el Decret 3/2017, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, podem fàcilment comprovar la situació de greuge en la qual es troba el personal estatutari al servei de la Generalitat Valenciana respecte al personal en règim funcionarial i laboral.

D’entrada, podem observar la diferència de tractament: el Decret 192/2017 dedica a aquest assumpte un sol article, mentre que el Decret 3/2017, reserva un capítol sencer de la norma, desenvolupat en 9 articles.

Si ens centrem en el contingut de totes dues normes, resulta fàcil comprovar les restriccions que existeixen en el Decret 192/2017, per al personal estatutari respecte al Decret 3/2017, per al personal funcionari (inclosos els corresponents a la Conselleria de sanitat:

• La limitació al departament de salut de la oferta de places que existeix en els estatutaris no és tal per al personal funcionari, permetent fins i tot el canvi de cos i escala, que en el cas del personal estatutari seria de categoria/especialitat, sempre que complira amb els requisits per a l’accés d’aquesta i sense minvament retributiu.
  
• Per als estatutaris, existeix una falta de concreció en els procediments, requisits i terminis, i no existeix un caràcter preferent.
  
• Es prioritza el dret del funcionari amb problemes de salut a l’adaptació del lloc de treball, inclosa la mobilitat sense limitacions departamentals, a possibles problemes organitzatius que aquesta adaptació poguera ocasionar. No obstant això, per a estatutaris, les limitacions que imposa l’article 39 del Decret 192/2017, a més de restrictives respecte al regulat en la Llei, fan que en la pràctica siga impossible gestionar de manera correcta la majoria de les sol·licituds i que, ja d’entrada, els treballadors desistisquen de prendre aquest camí.
  

A més, amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Funció Pública Valenciana, l’actualització del contingut de l’article 39 del Decret 192/2017, resulta inqüestionable, ja que un reglament de desenvolupament no pot ser més restrictiu en drets que la Llei que desenvolupa

En concret, destacaríem els següents punts que conté aquesta llei:

• L’aplicació de la mobilitat d’ofici i no a sol·licitud d’interessat.
  
• La no limitació de la mobilitat a les vacants existents del departament de salut de la mateixa categoria i, en el seu cas, especialitat, sent la persona afectada la que trie el seu nou destí, disposant de la informació de totes les places existents.
  
• El manteniment de les retribucions del lloc d’origen, encara que canvie de categoria professional en el seu nou lloc de treball, llevat que la persona interessada done la seua conformitat en ser adscrit a un lloc amb una jornada laboral inferior a la que realitzava.
  
• També garanteix que a la persona interessada se li aporta la formació necessària per a l’acompliment adequat del nou lloc de treball, i garantir la seua participació en processos de selecció del nou lloc de treball si suposen un canvi en la categoria professional o en el seu cas especialitat.
  
• La Llei, a més, incideix en què aquest sistema de provisió de llocs tindrà preferència sobre els nomenaments de personal funcionari interí o millora d’ocupació i amplia aquests processos de mobilitat a víctimes d’assetjament sexual, per raó de sexe, moral o laboral.
  
• La pròpia Llei destaca la necessitat de la tramitació preferent de les sol·licituds amb establiment de temps màxims.
  

Finalment , per a actualitzar de manera ràpida aquesta situació, seria necessària la publicació una instrucció que vaja complementar les modificacions necessàries de l’article 39, amb un protocol clar que siga conegut i seguit per les persones implicades: els serveis de prevenció de riscos laborals, els responsables dels centres i serveis d’origen i els de la nova destinació del treballador i pels òrgans col·legiats que participen en aquest procés

El 30 d’agost SIMAP va registrar un escrit en el qual va sol·licitar a la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat que modifique, a través de la negociació en Taula Sectorial de Sanitat, l’article 39 del Decret 192/2017, d’1 de desembre perquè siga conforme al contingut de l’article 123 de Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana i no limite els drets del personal estatutari a la mobilitat per raó de salut, garantint els punts expressats a dalt. Mentre aquesta negociació es duu a terme la CSUSP ha de garantir al personal estatutari els drets reconeguts en l’article 123 de la llei de Funció Pública mitjançant l’emissió urgent d’una instrucció tal com ja ha realitzat en el tema de permisos, llicència i vacances en la qual s’aplica de manera directa el contingut de la llei bàsica estatal