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Acción sindicalImpacto

Nota de prensa de SIMAP sobre la transacción accionarial de Marina Salud

By 7 de septiembre de 2021No Comments

La consellera Barceló tiene argumentos sólidos para llevar a cabo la paralización de la operación y para la apertura de un expediente sancionador a Marina Salud

Esta operación incurre en un hecho grave al ignorar que las competencias en materia de Sanidad están transferidas a la Generalitat Valenciana y que esta limitación del derecho de venta entre socios se incorporó a la Ley Valenciana de Salut con la única finalidad de salvaguardar la capacidad organizativa de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública

 

  • La autorización ha de ser expresa y previa por parte de la Conselleria de Sanidad

  • Esta operación de transacción accionarial contraviene lo regulado en la Ley de Salud 2014 y su modificación del 2018, en concreto la cláusula de limitación de concentración en un sólo proveedor, bien sea por nuevas concesiones, bien sea por compraventas accionariales

  • Al SIMAP le parece inadmisible, que la Conselleria no exija una paralización, se inhiba en su responsabilidad y condicione sus actuaciones al informe de la CNMC

  • El informe de la Abogacía de la Generalitat de mayo de 2016 ante casos similares fue claro y contundente, señalando que para que la transacción fuera válida se debía autorizar de forma expresa y previa por la Administración

  • La relación entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad nunca será pacífica porque los intereses que ambos tienen en de la sanidad valenciana son contrarios: uno el negocio; la otra, seguimos confiando, en la salud de los ciudadanos. Y esta situación provoca el incremento de la preocupación y el desasosiego en las personas implicadas y perjudicadas: la población de la comarca y los trabajadores de Marina Salud

  • Todavía se está a tiempo para esta dar esta respuesta clara, valiente, comprometida y necesaria de paralizar la venta accionarial sin esperar a más informes de la Abogacía de la Generalitat. Ese es el compromiso que debe cumplir este gobierno valenciano con sus ciudadanos.

Marina Salud anunció a sus trabajadores mediante un comunicado interno por correo electrónico que se había iniciado la venta accionarial entre los socios en favor de Ribera Salud, un día después de que iniciara los trámites para la adquisición del control exclusivo por parte de Ribera Salud en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con número de expediente C/1219/21, del 23 de agosto de 2021.

Esta no es la primera vez que Ribera Salud emprende actuaciones para hacerse con el 100% del accionariado de la concesión de Denia, ya lo intentó en el año 2016 y dicha pretensión quedó diluida por el contundente informe de la abogacía de la Generalitat en el que hacía necesario el consentimiento expreso y previo de la Conselleria de sanidad para iniciar esta operación mercantil. Por lo tanto, la situación actual no es nueva y la Conselleria ya conoce que la autorización a esta operación de concentración debe ser previa y expresa, porque ya existen antecedentes en el informe de la Abogacía sobre el mismo supuesto, que indica que «es necesario obtener autorización del Órgano de Contratación, en particular el supuesto de la venta de acciones o participaciones de una sociedad. Dado que es equiparable a una cesión del contrato y por tanto necesita la previa autorización de la Conselleria de Sanidad. »

La Conselleria también conoce el Pliego de Condiciones de Marina Salud que subraya que la cesión a terceros ha de ser expresa y la Ley de Contratos del Estado de aplicación en el momento de la formalización del contrato, es decir la de 2001, que señala que la autorización ha de ser expresa y previa, y se sancionan las conductas al margen del regulador con la resolución del contrato de la Concesión Administrativa.

Por si estos motivos no fueran suficientes para un pronunciamiento claro en contra de las actuaciones que han iniciado los accionistas de Marina salud, DKV y Ribera Salud, debemos insistir en que esta operación de transacción accionarial contraviene lo regulado en la Ley de Salud 2014 y su modificación del 2018, en concreto la cláusula de limitación de concentración en un sólo proveedor, bien sea por nuevas concesiones, bien sea por compraventas accionariales.

En opinión de SIMAP, tras consultar con expertos en la materia, en ningún caso se puede argüir la no retroactividad de la norma. La actual operación de compra de Marina Salud supondría superar el límite, al contar con el 100% en el Vinalopó y el 100% de Marina Salud en clara confrontación con la legalidad vigente.

La Consellera Ana Barceló está actualmente informada fehacientemente que el 23 de agosto de 2021 se da entrada la notificación de la Adquisición de Marina Salud en el registro público de Competencia sin haber sido solicitada la aprobación expresa y previa en la Conselleria de Sanitat y que esta operación contraviene la normativa vigente. Nuestra opinión es que ya hay motivos suficientes para haber abierto un expediente a Marina Salud.

En estos momentos, Ana Barceló tiene argumentos sólidos para llevar a cabo la paralización de la operación y para la apertura de un expediente sancionador a Marina Salud.

Para SIMAP, las medidas que ha tomado hasta ahora la responsable de la Conselleria de sanidad son insuficientes si la pretensión es parar esta compraventa accionarial. Pero, además, esta forma de proceder esconde un grave problema de base en la consideración del problema, ya que está enfocando la operación de Ribera Salud como si fuera un mero trueque de acciones de carácter mercantil, ignorando que las competencias en materia de Sanidad están transferidas a la Generalitat Valenciana y que esta limitación del derecho de venta entre socios se incorporó a la Ley Valenciana de Salut con la única finalidad de salvaguardar la capacidad organizativa de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

Al SIMAP le parece inadmisible, que la Conselleria no exija una paralización, se inhiba en su responsabilidad y condicione sus actuaciones al informe de la CNMC, ya que cómo situación menos perjudicial es que ésta no se considere competente para aplicar una ley autonómica aunque esta afecte a la regulación del mercado pero podría también llevarnos a una situación todavía más complicada y que la Conselleria se vea forzada a actuar «a posteriori» cuando la cesión de la concesión ya se haya producido. Un asunto que vendría a dirimirse años después de que la operación de desembarco de Ribera Salud se hubiera realizado con éxito.

Con esta actitud pasiva y derivando la responsabilidad a organismos ajenos al propio gobierno valenciano se comprometen peligrosamente el objetivo de hacer cumplir la ley de salud de 2014.

No es la primera vez. En situaciones similares al caso que nos ocupa, como cuando en abril y mayo de 2015, Ribera Salud consiguió hacerse con el control del 100% de las acciones de Torrevieja, Vinalopó y Alzira entregando una solicitud ante la Conselleria saliente del PP, mediante la simple fórmula de la «toma de razón» que no es una autorización expresa, como requiere el Pliego de Condiciones Administrativas de las concesiones de sanidad y que se hizo a posteriori de la operación como fórmula imaginativa para dar legalidad al proceso. Entonces, el informe de la CNMC fue poco comprometido y ambiguo.

Sin embargo, sí fue claro y contundente el informe de la Abogacía de la Generalitat de mayo de 2016, señalando que para que la transacción fuera válida se debía autorizar de forma expresa y previa por la Administración. Este informe fue cuestionado en su momento por los propios integrantes de la Conselleria de Sanidad al ser la respuesta de la Abogacía a la transacción accionarial entre DKV y Ribera Salud, siendo esta concesión una S.A. y no una UTE. El conflicto finalizó con el sobreseimiento de la Conselleria meses después, con el argumento de que revertir la situación y aplicar sanciones podía suponer un daño irreparable para la sanidad de las comarcas.

La opinión, basada en nuestra experiencia como sindicato denunciante de la transacción accionarial de 2016 llevada a cabo a través de la «toma de razón» y promotor de la denuncia ante la CNMC de entonces, es que desviar la responsabilidad aun organismo externo posiblemente complique más que aclare el proceso. Se pierde un tiempo muy necesario cuando lo pertinente es una actuación contundente de la Consellera de Sanidad paralizando la operación con la denegación expresa de la misma.

Argumentos de peso para hacerlo los tiene: no ha habido una autorización expresa previa, ni la habrá, incumple la Ley de Salud y dificultará llevar a cabo el compromiso de este gobierno con los ciudadanos de la reversión de este departamento de salud a la gestión directa. Lo realizado por DKV y Ribera Salud al llevar a cabo este proceso sin la preceptiva autorización expresa previa de la Conselleria de Sanidad incumple el pliego de condiciones de la concesión, entre otros incumplimientos previos, y en opinión de este sindicato, los responsables del gobierno valenciano no deberían seguir sin responder de forma conveniente ante estas situaciones.

La relación entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad nunca será pacífica porque los intereses que ambos tienen en de la sanidad valenciana son contrarios: uno el negocio; la otra, seguimos confiando, en la salud de los ciudadanos. Mientras esta situación se alargue, con noticias contradictorias y enfrentamiento entre las partes va creciendo la preocupación y el desasosiego en las personas implicadas y perjudicadas: la población de la comarca y los trabajadores de Marina Salud. Nos invade una sensación de fracaso y debilidad de nuestras instituciones, de falta de compromiso con las personas, esas que tanto insisten en afirmar que son su prioridad.

Todavía se está a tiempo para esta dar esta respuesta clara, valiente, comprometida y necesaria de paralizar la venta accionarial sin esperar a más informes de la Abogacía de la Generalitat, sigue siendo válido el de 2016 sobre este mismo asunto. Hay que denegar de forma expresa y formal la venta accionarial y hay que iniciar el camino de la reversión, ese es el compromiso que debe cumplir este gobierno valenciano con sus ciudadanos.

En valencià

Nota de premsa de SIMAP sobre la transacció accionarial de Marina Salut

 

La consellera Barceló té arguments sòlids per a dur a terme la paralització de l’operació i per a l’obertura d’un expedient sancionador a Marina Salut

Aquesta operació incorre en un fet greu en ignorar que les competències en matèria de Sanitat estan transferides a la Generalitat Valenciana i que aquesta limitació del dret de venda entre socis es va incorporar a la Llei Valenciana de Salut amb l’única finalitat de salvaguardar la capacitat organitzativa de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública

  • L’autorització ha de ser expressa i prèvia per part de la Conselleria de Sanitat

  • Aquesta operació de transacció accionarial contravé el regulat en la Llei de Salut 2014 i la seua modificació del 2018, en concret la clàusula de limitació de concentració en un només proveïdor, bé siga per noves concessions, bé siga per compravendes accionarials

  • Al SIMAP li sembla inadmissible, que la Conselleria no exigisca una paralització, s’inhibisca en la seua responsabilitat i condicione les seues actuacions a l’informe de la CNMC

  • L’informe de l’Advocacia de la Generalitat de maig de 2016 davant casos similars va ser clar i contundent, assenyalant que perquè la transacció fora vàlida s’havia d’autoritzar de manera expressa i prèvia per l’Administració

  • La relació entre Ribera Salut i la Conselleria de Sanitat mai serà pacífica perquè els interessos que tots dos tenen en de la sanitat valenciana són contraris: un el negoci; l’altra, continuem confiant, en la salut dels ciutadans. I aquesta situació provoca l’increment de la preocupació i el desassossec en les persones implicades i perjudicades: la població de la comarca i els treballadors de Marina Salut

  • Encara s’és a temps per a aquesta donar aquesta resposta clara, valenta, compromesa i necessària de paralitzar la venda accionarial sense esperar a més informes de l’Advocacia de la Generalitat. Aqueix és el compromís que ha de complir aquest govern valencià amb els seus ciutadans.

 

Estimats/ades amis/gues: Marina Salut va anunciar als seus treballadors mitjançant un comunicat intern per correu electrònic que s’havia iniciat la venda accionarial entre els socis en favor de Ribera Salut, un dia després que iniciara els tràmits per a l’adquisició del control exclusiu per part de Ribera Salut en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), amb número d’expedient C/1219/21, del 23 d’agost de 2021.

Aquesta no és la primera vegada que Ribera Salut emprèn actuacions per a fer-se amb el 100% de l’accionariat de la concessió de Dénia, ja el va intentar l’any 2016 i aquesta pretensió va quedar diluïda pel contundent informe de l’advocacia de la Generalitat en el qual feia necessari el consentiment exprés i previ de la Conselleria de sanitat per a iniciar aquesta operació mercantil. Per tant, la situació actual no és nova i la Conselleria ja coneix que l’autorització a aquesta operació de concentració ha de ser prèvia i expressa, perquè ja existeixen antecedents en l’informe de l’Advocacia sobre el mateix supòsit, que indica que “és necessari obtindre autorització de l’Òrgan de Contractació, en particular el supòsit de la venda d’accions o participacions d’una societat. Atès que és equiparable a una cessió del contracte i per tant necessita la prèvia autorització de la Conselleria de Sanitat.

La Conselleria també coneix el Plec de condicions de Marina Salut que subratlla que la cessió a tercers ha de ser expressa i la Llei de Contractes de l’Estat d’aplicació en el moment de la formalització del contracte, és a dir la de 2001, que assenyala que l’autorització ha de ser expressa i prèvia, i se sancionen les conductes al marge del regulador amb la resolució del contracte de la Concessió Administrativa.

Per si aquests motius no foren suficients per a un pronunciament clar en contra de les actuacions que han iniciat els accionistes de Marina salut, DKV i Ribera Salut, hem d’insistir que aquesta operació de transacció accionarial contravé el regulat en la Llei de Salut 2014 i la seua modificació del 2018, en concret la clàusula de limitació de concentració en un només proveïdor, bé siga per noves concessions, bé siga per compravendes accionarials.

En opinió de SIMAP, després de consultar amb experts en la matèria, en cap cas es pot argüir la no retroactivitat de la norma. L’actual operació de compra de Marina Salut suposaria superar el límit, en comptar amb el 100% al Vinalopó i el 100% de Marina Salut en clara confrontació amb la legalitat vigent.

La Consellera Ana Barceló està actualment informada fefaentment que el 23 d’agost de 2021 es dona entrada la notificació de l’Adquisició de Marina Salut en el registre públic de Competència sense haver sigut sol·licitada l’aprovació expressa i prèvia en la Conselleria de Sanitat i que aquesta operació contravé la normativa vigent. La nostra opinió és que ja hi ha motius suficients per a haver obert un expedient a Marina Salut.

En aquests moments, Ana Barceló té arguments sòlids per a dur a terme la paralització de l’operació i per a l’obertura d’un expedient sancionador a Marina Salut.

Per a SIMAP, les mesures que ha pres fins ara la responsable de la Conselleria de sanitat són insuficients si la pretensió és parar aquesta compravenda accionarial. Però, a més, aquesta manera de procedir amaga un greu problema de base en la consideració del problema, ja que està enfocant l’operació de Ribera Salut com si fora una mera barata d’accions de caràcter mercantil, ignorant que les competències en matèria de Sanitat estan transferides a la Generalitat Valenciana i que aquesta limitació del dret de venda entre socis es va incorporar a la Llei Valenciana de Salut amb l’única finalitat de salvaguardar la capacitat organitzativa de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

Al SIMAP li sembla inadmissible, que la Conselleria no exigisca una paralització, s’inhibisca en la seua responsabilitat i condicione les seues actuacions a l’informe de la CNMC, ja que com situació menys perjudicial és que aquesta no es considere competent per a aplicar una llei autonòmica encara que aquesta afecte la regulació del mercat però podria també portar-nos a una situació encara més complicada i que la Conselleria es veja forçada a actuar “a posteriori” quan la cessió de la concessió ja s’haja produït. Un assumpte que vindria a dirimir-se anys després que l’operació de desembarcament de Ribera Salut s’haguera realitzat amb èxit.

Amb aquesta actitud passiva i derivant la responsabilitat a organismes aliens al propi govern valencià es comprometen perillosament l’objectiu de fer complir la llei de salut de 2014.

No és la primera vegada. En situacions similars al cas que ens ocupa, com quan a l’abril i maig de 2015, Ribera Salut va aconseguir fer-se amb el control del 100% de les accions de Torrevieja, Vinalopó i Alzira entregant una sol·licitud davant la Conselleria sortint del PP, mitjançant la simple fórmula de la “presa de raó” que no és una autorització expressa, com requereix el Plec de condicions Administratives de les concessions de sanitat i que es va fer a posteriori de l’operació com a fórmula imaginativa per a donar legalitat al procés. Llavors, l’informe de la CNMC va ser poc compromès i ambigu.

No obstant això, sí que va ser clar i contundent l’informe de l’Advocacia de la Generalitat de maig de 2016, assenyalant que perquè la transacció fora vàlida s’havia d’autoritzar de manera expressa i prèvia per l’Administració. Aquest informe va ser qüestionat en el seu moment pels propis integrants de la Conselleria de Sanitat a l’ésser la resposta de l’Advocacia a la transacció accionarial entre DKV i Ribera Salut, sent aquesta concessió una S.A. i no una UTE. El conflicte va finalitzar amb el sobreseïment de la Conselleria mesos després, amb l’argument que revertir la situació i aplicar sancions podia suposar un mal irreparable per a la sanitat de les comarques.

L’opinió, basada en la nostra experiència com a sindicat denunciant de la transacció accionarial de 2016 duta a terme a través de la “presa de raó” i promotor de la denúncia davant la CNMC de llavors, és que desviar la responsabilitat fins i tot organisme extern possiblement complica més que aclarisca el procés. Es perd un temps molt necessari quan el pertinent és una actuació contundent de la Consellera de Sanitat paralitzant l’operació amb la denegació expressa d’aquesta.

Arguments de pes per a fer-ho els té: no hi ha hagut una autorització expressa prèvia, ni n’hi haurà, incompleix la Llei de Salut i dificultarà dur a terme el compromís d’aquest govern amb els ciutadans de la reversió d’aquest departament de salut a la gestió directa. El realitzat per DKV i Ribera Salut en dur a terme aquest procés sense la preceptiva autorització expressa prèvia de la Conselleria de Sanitat incompleix el plec de condicions de la concessió, entre altres incompliments previs, i en opinió d’aquest sindicat, els responsables del govern valencià no haurien de seguir sense respondre de manera convenient davant aquestes situacions.

La relació entre Ribera Salut i la Conselleria de Sanitat mai serà pacífica perquè els interessos que tots dos tenen en de la sanitat valenciana són contraris: un el negoci; l’altra, continuem confiant, en la salut dels ciutadans. Mentre aquesta situació s’allargue, amb notícies contradictòries i enfrontament entre les parts va creixent la preocupació i el desassossec en les persones implicades i perjudicades: la població de la comarca i els treballadors de Marina Salut. Ens envaeix una sensació de fracàs i feblesa de les nostres institucions, de falta de compromís amb les persones, aqueixes que tant insisteixen a afirmar que són la seua prioritat.

Encara s’és a temps per a aquesta donar aquesta resposta clara, valenta, compromesa i necessària de paralitzar la venda accionarial sense esperar a més informes de l’Advocacia de la Generalitat, continua sent vàlid el de 2016 sobre aquest mateix assumpte. Cal denegar de manera expressa i formal la venda accionarial i cal iniciar el camí de la reversió, aqueix és el compromís que ha de complir aquest govern valencià amb els seus ciutadans.