Como ya os informamos el pasado 13 de julio, el Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia en la que establece la anulación del artículo 7.4.a.3º del Decreto 42/2019, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat.
El artículo 7 recoge las reducciones de jornada y, de éstas, las que tienen como finalidad la conciliación de la vida familiar y laboral son aplicables al personal estatutario. El apartado anulado recoge que:
«4. Se podrá solicitar reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones por las causas siguientes: …
3º Que tenga a su cargo dos o más niñas o niños de 12 años o menores.»
La anulación de este punto del articulado entrará en vigor únicamente a partir de su publicación en el DOGV, hecho que aún no se ha producido.
En ese momento, la consecuencia directa será que los empleados públicos de la Comunitat Valenciana que estén disfrutando de una reducción de jornada de una hora diaria retribuida por tener a su cargo dos o más hijos /as de 12 años o menos, podrán seguir teniéndola pero con la disminución de las retribuciones que corresponda.
Esta medida se calcula que afectará en mayor grado al personal dependiente de la Conselleria de Sanitat (CSUSP), ya que su media de edad es inferior a la del resto de empleados públicos de la Generalitat Valenciana.
Igualmente informamos entonces de que el resto de las reducciones de jornada con carácter retribuido incluidas en el mismo artículo seguían vigentes, en base al principio de congruencia, que determina que el fallo de una sentencia anulatoria de una norma no produce ni puede producir efectos anulatorios sobre normas que no han sido expresamente impugnadas en el mismo procedimiento. Sí cabe sin embargo la posibilidad de que, en un procedimiento posterior se impugne directa o indirectamente esa otra norma y sea oficialmente anulada.
Pues bien, la reacción de la DGRH de la CSUSP no se ha hecho esperar. Siempre atenta al tema de la conciliación de la vida laboral y familiar del personal a su cargo, no para favorecerla, sino para entorpecerla y dificultarla cada vez más, la Directora General de Recursos Humanos ha emitido una comunicación dirigida a «todos los centros de gestión de personal dependiente de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública».
En dicha nota, la directora afirma que «Aunque la anulación expresa se refiere al supuesto y epígrafe citados, el fundamento jurídico…es de aplicación al resto de supuestos de reducción de jornada por razones de guarda legal del artículo 48.h).» Explica que la CSUSP se ha dirigido a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y «…ha solicitado informe sobre la firmeza de la sentencia y, …. su aplicabilidad a otros supuestos del artículo 7.4. a).»
Hasta aquí, en nuestra opinión, ha hecho lo que vulgarmente se conoce como tirar la piedra y esconder la mano y, por seguir tirando de expresiones hechas, le pasa la pelota (o el marrón) a la Conselleria de Justicia, de tal forma que, concluya lo que concluya esta última, siempre será su responsabilidad y no de la CSUSP, que tanto vela por el bienestar de los trabajadores a su cargo y sus familias (nótese la ironía). Pero la estocada final llega en el último párrafo, donde se especifica que, a la espera del informe solicitado, «… queda suspendida la tramitación de nuevas reducciones de jornada de una hora sin merma de retribuciones al amparo del artículo 7.4.a) del Decreto 42/2019, manteniendo provisionalmente sus efectos las ya concedidas». Es decir, que TODAS las solicitudes de reducción de jornada que se justifiquen en base al mencionado artículo y que no impliquen disminución de retribuciones no serán resueltas mientras la DGRH no reciba el informe de la Conselleria de Justicia, incluso independientemente de que dichas solicitudes fueran registradas con anterioridad a la sentencia del Tribunal Supremo.
Eso mismo se aplicará a reducciones de jornada «mixtas», es decir, las que implican tanto un determinado porcentaje sin disminución de retribuciones, amparadas en el artículo 7.4.a., como una ampliación de dicho porcentaje con la merma retributiva correspondiente. En cambio, se seguirán concediendo sin problema las reducciones de jornada sin disminución de retribuciones justificadas en otros artículos del decreto 42/2019, como el 7.5 y el 29.
Aun siendo cierta la afirmación de que el fundamento jurídico empleado es de aplicación al resto de supuestos, que lo es, la Directora General de Recursos Humanos muestra muy poca sensibilidad en el tema de la conciliación, cosa a la que ya nos tiene acostumbrados, y escasa o nula empatía hacia la situación de los trabajadores a su cargo.
La posibilidad de disfrutar de una reducción de jornada retribuida, siempre que su duración fuera inferior a 1 hora diaria, ya venía recogida en el artículo 7.2. del Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell; se podía beneficiar de ella quien tuviera a su cargo familiares (tanto adultos como menores de 12 años) que requirieran especial dedicación. Durante años se disfrutó de este derecho sin problemas, tanto el personal funcionario como el estatutario.
En el decreto 42/2019 se amplió a otros supuestos como tener hijos /as menores de 3 años, familias monoparentales y quien tuviera a su cargo a dos o más niños /as de 12 años o menos. A partir de ahí, con más personal estatutario potencialmente beneficiario de la reducción de jornada retribuida, se dictaron unas instrucciones para aplicar la norma que, amparándose en las necesidades del servicio, consiguieron disuadir a parte del personal a solicitar este derecho ya que, de la forma en que se aplicaba, era muy difícil conseguir la ansiada conciliación. Como ejemplo de ello tenemos:
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Eliminación de la pausa del trabajo.
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Concreción horaria de la reducción fijada por la Administración, muchas veces sin tener en cuenta las necesidades de conciliación del personal.
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Cambios de servicio o unidad.
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Asimilar solicitudes de cambios en el porcentaje de reducción con una solicitud de dejar sin efecto la reducción y obligar al personal a trabajar un mes el 100% de la jornada antes de empezar a disfrutar el nuevo porcentaje de reducción, independientemente del motivo por el que se solicitara y de la urgencia de dicha solicitud.
Y ahora, menos de un mes después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia, y aun sin haberse publicado en el DOGV y, por tanto, con plena vigencia tanto del supuesto anulado por el TS como del resto de supuestos recogidos en el artículo 7.4.a), la Directora deja en suspenso TODAS las solicitudes de reducción de jornada retribuidas, justificadas por el mencionado artículo, que estuvieran pendientes de resolver.
La directora, con esta instrucción lleva a cabo una suspensión de facto de una norma que, en tanto no se publique su modificación, está aún vigente. Es más, al extender la suspensión al resto de los apartados del artículo, deja de aplicar una normativa que está plenamente vigente, y que lo estará en tanto no se lleve a cabo la promulgación de una norma de rango igual o superior a la modificada, con absoluta independencia de que «el fundamento jurídico…es de aplicación al resto de supuestos de reducción de jornada por razones de guarda legal del artículo 48.h)» como afirma.
Con esta conducta la directora no sólo muestra un absoluto desprecio por el derecho a la conciliación de los trabajadores, sino que lleva a cabo una actuación contraria a la ley (lo que para los trabajadores constituye la figura legal de la prevaricación).
Posiblemente esto fuera la crónica de una muerte anunciada ya que, tras la sentencia del TS, era una situación a la que se iba a llegar en meses o años, pero no era necesario precipitarlo.
Así es como cuida la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a sus profesionales.
Versió en valencià
Una altra volta de rosca a la conciliació familiar
Com ja us informem el passat 13 de juliol, el Tribunal Suprem (TS) ha dictat una sentència en la qual estableix l’anul·lació de l’article 7.4.a.3r del Decret 42/2019, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat. L’article 7 recull les reduccions de jornada i, d’aquestes, les que tenen com a finalitat la conciliació de la vida familiar i laboral són aplicables al personal estatutari. L’apartat anul·lat recull que:
«4. Es podrà sol·licitar reducció de jornada d’una hora diària sense disminució de retribucions per les causes següents: …
3r Que tinga al seu càrrec dos o més xiquetes o xiquets de 12 anys o menors.»
L’anul·lació d’aquest punt de l’articulat entrarà en vigor únicament a partir de la seua publicació en el DOGV, fet que encara no s’ha produït. En aqueix moment, la conseqüència directa serà que els empleats públics de la Comunitat Valenciana que estiguen gaudint d’una reducció de jornada d’una hora diària retribuïda per tindre al seu càrrec dos o més fills /as de 12 anys o menys, podran continuar tenint-la però amb la disminució de les retribucions que corresponga. Aquesta mesura es calcula que afectarà en major grau al personal dependent de la Conselleria de Sanitat (CSUSP), ja que la seua mitjana d’edat és inferior a la de la resta d’empleats públics de la Generalitat Valenciana
Igualment informem llavors que la resta de les reduccions de jornada amb caràcter retribuït incloses en el mateix article continuaven vigents, sobre la base del principi de congruència, que determina que la part dispositiva d’una sentència anulatoria d’una norma no produeix ni pot produir efectes anulatoris sobre normes que no han sigut expressament impugnades en el mateix procediment. Sí que hi ha no obstant això la possibilitat que, en un procediment posterior s’impugne directament o indirectament aqueixa altra norma i siga oficialment anul·lada.
Doncs bé, la reacció de la DGRH de la CSUSP no s’ha fet esperar. Sempre atenta al tema de la conciliació de la vida laboral i familiar del personal al seu càrrec, no per a afavorir-la, sinó per a entorpir-la i dificultar-la cada vegada més, la Directora General de Recursos Humans ha emés una comunicació dirigida a «tots els centres de gestió de personal dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública».
En aquesta nota, la Directora afirma que «Encara que l’anul·lació expressa es refereix al supòsit i epígraf citats, el fonament jurídic…és aplicable a la resta de supòsits de reducció de jornada per raons de guarda legal de l’article 48.h).» Explica que la CSUSP s’ha dirigit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i «…ha sol·licitat informe sobre la fermesa de la sentència i, …. la seua aplicabilitat a altres supòsits de l’article 7.4. a).»
Fins ací, en la nostra opinió, ha fet el que vulgarment es coneix com tirar la pedra i amagar la mà i, per continuar tirant d’expressions fetes, li passa la pilota (o el marró) a la Conselleria de Justícia, de tal forma que, concloga el que concloga aquesta última, sempre serà la seua responsabilitat i no de la CSUSP, que tant vela pel benestar dels treballadors al seu càrrec i les seues famílies (note’s la ironia). Però l’estocada final arriba en l’últim paràgraf, on s’especifica que, a l’espera de l’informe sol·licitat, «… queda suspesa la tramitació de noves reduccions de jornada d’una hora sense minvament de retribucions a l’empara de l’article 7.4.a) del Decret 42/2019, mantenint provisionalment els seus efectes les ja concedides». És a dir, que TOTES les sol·licituds de reducció de jornada que es justifiquen sobre la base de l’esmentat article i que no impliquen disminució de retribucions no seran resoltes mentre la DGRH no reba l’informe de la Conselleria de Justícia, fins i tot independentment que aquestes sol·licituds foren registrades amb anterioritat a la sentència del Tribunal Suprem.
Això mateix s’aplicarà a reduccions de jornada «mixtes», és a dir, les que impliquen tant un determinat percentatge sense disminució de retribucions, emparades en l’article 7.4.a., com una ampliació d’aquest percentatge amb el minvament retributiu corresponent. En canvi, es continuaran concedint sense problema les reduccions de jornada sense disminució de retribucions justificades en altres articles del decret 42/2019, com el 7.5 i el 29.
Fins i tot sent certa l’afirmació que el fonament jurídic emprat és aplicable a la resta de supòsits, que ho és, la Directora General de Recursos Humans mostra molt poca sensibilitat en el tema de la conciliació, cosa a la qual ja ens té acostumats, i escassa o nul·la empatia cap a la situació dels treballadors al seu càrrec.
La possibilitat de gaudir d’una reducció de jornada retribuïda, sempre que la seua duració fora inferior a 1 hora diària, ja venia recollida en l’article 7.2. del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’administració del Consell; es podia beneficiar d’ella qui tinguera al seu càrrec familiars (tant adults com menors de 12 anys) que requeriren especial dedicació. Durant anys es va gaudir d’aquest dret sense problemes, tant el personal funcionari com l’estatutari.
En el decret 42/2019 es va ampliar a altres supòsits com tindre fills /as menors de 3 anys, famílies monoparentals i qui tinguera al seu càrrec a dos o més xiquets /as de 12 anys o menys. A partir d’ací, amb més personal estatutari potencialment beneficiari de la reducció de jornada retribuïda, es van dictar unes instruccions per a aplicar la norma que, emparant-se en les necessitats del servei, van aconseguir dissuadir a part del personal a sol·licitar aquest dret ja que, de la forma en què s’aplicava, era molt difícil aconseguir l’anhelada conciliació. Com a exemple d’això tenim:
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Eliminació de la pausa del treball.
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Concreció horària de la reducció fixada per l’Administració, moltes vegades sense tindre en compte les necessitats de conciliació del personal.
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Canvis de servei o unitat.
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Assimilar sol·licituds de canvis en el percentatge de reducció amb una sol·licitud de deixar sense efecte la reducció i obligar el personal a treballar un mes el 100% de la jornada abans de començar a gaudir el nou percentatge de reducció, independentment del motiu pel qual se sol·licitarà i de la urgència d’aquesta sol·licitud.
I ara, menys d’un mes després que el Tribunal Suprem dictarà sentència, i fins i tot sense haver-se publicat en el DOGV i, per tant, amb plena vigència tant del supòsit anul·lat pel TS com de la resta de supòsits recollits en l’article 7.4.a), la Directora deixa en suspés TOTES les sol·licituds de reducció de jornada retribuïdes, justificades per l’esmentat article, que estigueren pendents de resoldre.
La Directora, amb aquesta instrucció duu a terme una suspensió de facto d’una norma que, en tant no es publique la seua modificació, està encara vigent. És més, en estendre la suspensió a la resta dels apartats de l’article, deixa d’aplicar una normativa que està plenament vigent, i que ho estarà en tant no es duga a terme la promulgació d’una norma de rang igual o superior a la modificada, amb absoluta independència que «el fonament jurídic…és aplicable a la resta de supòsits de reducció de jornada per raons de guarda legal de l’article 48.h)» com afirma.
Amb aquesta conducta la Directora no sols mostra un absolut menyspreu pel dret a la conciliació dels treballadors, sinó que duu a terme una actuació contrària a la llei (el que per als treballadors constitueix la figura legal de la prevaricació).
Possiblement això era la crònica d’una mort anunciada ja que, després de la sentència del TS, era una situació a la qual s’anava a arribar en mesos o anys, però no era necessari precipitar-ho.
Així és com cuida la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública als seus professionals.