El Decreto-ley 2/2024 no es la solución para el deterioro crónico y constante de la asistencia sanitaria de las áreas alejadas de las grandes ciudades ni del ostracismo de sus profesionales
- No garantiza ni la asistencia integral ni la equidad.
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No se justifica por las razones expresadas en su preámbulo, por mucho que se haya puesto voluntad en ello.
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No respeta los derechos de la negociación colectiva que se exige cuando hay cuestiones de movilidad, retribuciones, selección del personal y carrera profesional.
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Resultan insuficientes las medidas de incentivación para las plazas de difícil cobertura, sobre todo si se exige una permanencia de tres años.
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Es imprescindible el reconocimiento a este personal y una reorganización de forma profunda de la estructura de recursos humanos y desde las necesidades asistenciales de los ciudadanos.
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Es necesario el compromiso de convocatorias de concurso de traslados cada dos años máximo, con el 100% de las vacantes existentes resueltos en un plazo inferior a 4 meses, para borrar el ostracismo que marca de forma visible la naturaleza de estas plazas.
En valencià a continuación del texto en castellano
En el Sistema Valenciano de Salud en particular y en el Sistema Nacional de Salud en general llevamos sufriendo la pérdida de profesionales de los hospitales comarcales y de determinadas áreas de Atención Primaria, asimilables en una proporción significativa con comarcas de predominio rural en riesgo de despoblación.
El nuevo gobierno valenciano ha promulgado un conjunto de normas para intentar solucionar esta cuestión, en el Decreto-ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad, en el Sistema Valenciano de Salud, cuya entrada en vigor se produjo el pasado día 24 de febrero de 2024,
Con ello, sin negarles la intención de pretender solucionar el problema, ha conseguido ofrecer la imagen de que se arremanga ante los ciudadanos y se pone a la tarea, como ha sido trasmitido por la mayoría de los medios de comunicación, muy atentos a todas las cuestiones de sanidad.
El Consell ha utilizado la fórmula del decreto ley, obviando la negociación e incluso la información con los sindicatos mayoritarios, porque «concurren en este caso las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana» (sic).
Resulta llamativo que, además de esta justificación, el preámbulo del texto abunda en citas de decretos y leyes para aparentar solidez y seguridad jurídica. En realidad, lo que produce es desconfianza y confirma, además, que la normativa citada podría facultar a actuar a la Conselleria de Sanidad sin necesidad de pergeñar un decreto ley, que requerirá la aprobación de Les Corts (la tiene asegurada).
Por otro lado, la «extraordinaria y urgente necesidad» es más que cuestionable. No estamos en una situación de pandemia, catástrofe o circunstancia asimilable. El problema de las plazas de difícil cobertura lleva años, quizá décadas, presente en la sanidad valenciana, sin consideración ni solución.
Además, el gobierno valenciano disponía de una herramienta, el Decreto 6/2023, de 27 de enero, del Consell, sobre plazas de difícil cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso compartido
de recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud. Para los nuevos gestores, «ha quedado patente que las medidas previstas en el mencionado decreto no han dado resultado» (sic). Según la información de que disponemos, el problema en realidad es que el decreto no ha sido aplicado en su sección de las plazas de difícil cobertura, ni por el gobierno del Botànic ni por el actual. El gobierno del PP-Vox, si consideraba que la situación era suficientemente grave, podría haber iniciado su aplicación pues ha dispuesto de ocho meses para hacerlo. Desconocemos si se ha declarado alguna plaza de difícil cobertura en base al decreto de 2023, pero nuestra sospecha es que no. Los gerentes de la etapa anterior eran reacios a ello y también la propia DG de RRHH, solo se realizaron algunas alianzas estratégicas. Desconocemos la razón. Y la organización de la nueva Conselleria parece que decidió seguir por ese camino. A pesar de la «urgencia», en ocho meses no han sacado el decreto del cajón del olvido.
Pero la cuestión principal es que el problema de la existencia de las plazas de difícil cobertura no se soluciona con este decreto ley. Es una medida temporal, como bien indican, aunando incentivos y mandatos de obligado cumplimiento desde la jerarquía. Palo y zanahoria.
En Atención Primaria convive este problema con otros añadidos, muy graves y que no se mencionan en esta norma. Su análisis y plan de soluciones todavía no ha sido mostrado de forma pública y generalizada por la flamante directora general de Atención Primaria, incluyendo a los representantes de los trabajadores. Simap le ha presentado varios escritos y solicitud de reunión, obteniendo el silencio como respuesta. Pero trataremos es tema tan crucial en otro momento.
La existencia de plazas de difícil cobertura tiene un origen multifactorial, pero queremos destacar dos causas: Una, la ineficaz gestión de los recursos humanos y planificación de los distintos gobiernos valencianos en materia de sanidad, 20 años del PP y 8 años del Botànic. Y otra, la evolución etnológica del personal sanitario en general y del facultativo en particular.
En relación con el primer punto, resulta oportuno destacar que, durante décadas, la organización de los servicios clínicos de los hospitales asumió una influencia significativa: los dictados, a veces con justificación profesional, pero otras como meras pretensiones, de los responsables y gestores en los centros y de los departamentos, que han marcado la política de personal y de dimensión de los servicios clínicos y de sus efectivos. Naturalmente, cuanto más grande y de referencia fuera el centro asistencial, mayor capacidad para convencer a los responsables de los recursos humanos.
Hace unos años, en 2016, pensamos que la situación podría cambiar con la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) y su (tardía) publicación en DOGV como Decreto 7/2019, en el que Simap trabajó y aportó su esfuerzo en la redacción de su articulado en mesa sectorial. Pero se abandonó su desarrollo y cumplimiento, tanto por los distintos responsables de la Conselleria de Sanidad como por los sindicatos de mesa sectorial. Se limitaron a prorrogar una norma, sin considerar las actuaciones para así poder aplicarlo.
Desde hace veinte años, año tras año, los hospitales comarcales se han ido abandonando, sin crecer sus plantillas de forma adecuada, perdiendo facultativos/as y con vacantes por cubrir. Los profesionales que permanecían
trabajando a destajo en muchas especialidades no han obtenido el reconocimiento de los gestores y, en ocasiones, ni siquiera por sus compañeros de especialidad, considerados por algunos como si fueran de «segunda categoría». De hecho, el flamante decreto ley que nos ocupa, cuando se refiere a las sinergias entre hospital de referencia y comarcal, no menciona características especiales «positivas» de los profesionales de los centros periféricos, sin reconocer que son maestros de lo amplio, capaces de enfrentarse a problemas múltiples y diversos, extendiendo la visión, a veces reducida, del especialista de referencia. La redacción del texto podría haber referido que, cuando el especialista del gran hospital tuviera que acudir a trabajar al comarcal, no solo aportaría proximidad asistencial al ciudadano, sino que el propio profesional podría mejorar su capacitación al ensanchar su visión asistencial y así poder desarrollar habilidades para optimizar su respuesta clínica con mayor inmediatez y pericia en un entorno de menos recursos.
La otra cuestión, la evolución etnológica del personal sanitario en general y del facultativo en particular, es un hecho evidente en el contexto y evolución de la sociedad digitalizada: hoy en día el mundo comarcal, no resulta atractivo para el estilo de vida que desean y buscan los profesionales cualificados y sus familias, con menores posibilidades de satisfacer sus intereses culturales, aficiones y, en general, su concepto de bienestar.
Para mayor abundamiento en el problema, desde el inicio del siglo XXI, los procesos selectivos, tanto de movilidad voluntaria (traslados) como de concurso oposición, han obviado el acceso a plazas de hospitales de primer nivel a los participantes de las pruebas. Las plazas ofertadas de este tipo había que buscarlas con lupa, si es que existían.
Dos consecuencias de este hecho. La primera, que el personal de los hospitales comarcales quedaba asentado en una trampa, olvidado en un destierro de facto. A pesar de ofrecer un servicio de alta calidad, desde la gestión del sistema valenciano salud se sometió a estos profesionales al ostracismo, sin haber cometido delito alguno. Y, la segunda, favorecer el incremento de la temporalidad, a todas luces inasumible.
Nadie se tomó en serio estas consideraciones y esta realidad laboral se fue transmitiendo, año tras año, entre los profesionales, sumando razones para no acudir a los hospitales comarcales.
Y así hemos llegado a esta situación. Sin reconocimiento a este personal y sin una reorganización de forma profunda de la estructura de recursos humanos y desde las necesidades asistenciales de los ciudadanos (que tanto se menciona: para «garantizar la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, sin diferencia alguna entre zonas geográficas».
Para Simap, este decreto no aporta soluciones tangibles. Los traslados forzosos, sin criterios objetivos para identificar al afectado/a, no van a aportar valor persistente. Solo asociaciones puntuales. Como ya se ha observado en las alianzas estratégicas y uso compartido de recursos al aplicar el decreto 6/2023, no se va a producir cohesión en los equipos, ni la posibilidad de una gestión asistencial coherente ni planificada, y eso tendrá repercusiones en la población.
Por su parte, la nota aclaratoria del 28 de febrero de 2024 sobre la aplicación de este decreto ley de la directora general de Personal especifica que:
«para el personal cuyo nombramiento haya tenido lugar antes de la entrada en vigor del Decreto-ley, esta movilidad tendrá carácter voluntario».
«El personal que resulte adjudicatario de un puesto en los concursos de traslados ya convocados, o pendientes de convocar en fechas próximas, los cuales se resolverán con carácter previo a los diferentes procesos selectivos que deben estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2024, no se verá afectado por la movilidad prevista en el artículo 10 del Decreto-ley. Este personal, no obstante, podrá participar en la misma de forma voluntaria.»
En realidad, el escrito no es exactamente una aclaración, pues incluye instrucciones que no se mencionan en el decreto ley, ni han sido objeto de negociación.
Estas puntualizaciones, que se pueden modificar ad libitum, van a reducir de forma considerable la posible aportación de profesionales a las áreas perjudicadas, y no van a corregir las dudas abiertas sobre el interés a solicitar determinadas plazas de ASI, en los procesos selectivos abiertos y en la bolsa de empleo temporal, para las áreas en las que el desplazamiento sea más que probable.
Concluyendo, para Simap el decreto ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud:
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No garantiza ni la asistencia integral ni la equidad.
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No se justifica por las razones expresadas en su preámbulo, por mucho que se haya puesto voluntad en ello.
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No respeta los derechos de la negociación colectiva que se exige cuando hay cuestiones de movilidad, retribuciones, selección del personal y carrera profesional.
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Resultan insuficientes las medidas de incentivación para las plazas de difícil cobertura, sobre todo si se exige una permanencia de tres años, cuestión normativa y jurídicamente cuestionable al vulnerar el derecho de la movilidad voluntaria del personal fijo.
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El incremento de retribuciones está sometido a decisión personal del Conseller, lo que lo desvincula de las otras medidas. Falta actuaciones de conciliación familiar y otras como transporte público gratuito a las áreas afectadas y consideración de tiempo de trabajo efectivo en el desplazamiento, tal como se ha establecido para la movilidad forzosa o voluntaria en una ASI, según la nota «aclaratoria».
En definitiva, es imprescindible una planificación concienzuda y una activación del PORH y, además de incentivar con propuestas reales laborales, profesionales y económicas la cobertura de estas zonas que hoy resultan poco atractivas, hay que cambiar la mentalidad de verdad y comprender el valor de los profesionales de las áreas no urbanas para así diseñar una organización que garantice una asistencia igualitaria y de igual calidad a los ciudadanos y ciudadanas.
Pero, también, es necesario el compromiso de convocatorias de concurso de traslados cada dos años máximo, con el 100% de las vacantes existentes resueltos en un plazo inferior a 4 meses, para borrar el ostracismo que marca de forma visible la naturaleza de estas plazas.
Versió en valencià
SIMAP
Places de difícil cobertura: crònica d’una mort anunciada
El Decret llei 2/2024 no és la solució per a la deterioració crònica i constant de l’assistència sanitària de les àrees allunyades de les grans ciutats ni de l’ostracisme dels seus professionals
- No garantix ni l’assistència integral ni l’equitat.
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No es justifica per les raons expressades en el seu preàmbul, per molt que s’haja posat voluntat en això.
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No respecta els drets de la negociació col·lectiva que s’exigix quan hi ha qüestions de mobilitat, retribucions, selecció del personal i carrera professional.
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Resulten insuficients les mesures d’incentivació per a les places de difícil cobertura, sobretot si s’exigix una permanència de tres anys.
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És imprescindible el reconeixement a este personal i una reorganització de manera profunda de l’estructura de recursos humans i des de les necessitats assistencials dels ciutadans.
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És necessari el compromís de convocatòries de concurs de trasllats cada dos anys màxim, amb el 100% de les vacants existents resolts en un termini inferior a 4 mesos, per a esborrar l’ostracisme que marca de manera visible la naturalesa d’estes places.
Estimas/ades amics/gues: en el Sistema Valencià de Salut en particular i en el Sistema Nacional de Salut en general portem patint la pèrdua de professionals dels hospitals comarcals i de determinades àrees de Atenció Primària, assimilables en una proporció significativa amb comarques de predomini rural en risc de despoblació.
El nou govern valencià ha promulgat un conjunt de normes per a intentar solucionar esta qüestió, en el Decret llei 2/2024, de 21 de febrer, del Consell de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral i en condicions d’equitat, en el Sistema Valencià de Salut, l’entrada en vigor de la qual es va produir el passat dia 24 de febrer de 2024,
Amb això, sense negar-los la intenció de pretendre solucionar el problema, ha aconseguit oferir la imatge que s’arromanga davant els ciutadans i es posa a la tasca, com ha sigut transmès per la majoria dels mitjans de comunicació, molt atents a totes les qüestions de sanitat.
El Consell ha utilitzat la fórmula del decret llei, obviant la negociació i fins i tot la informació amb els sindicats majoritaris, perquè «concorren en este cas les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana» (sic).
Resulta cridaner que, a més d’esta justificació, el preàmbul del text abunda en cites de decrets i lleis per a aparentar solidesa i seguretat jurídica. En realitat, el que produïx és desconfiança i confirma, a més, que la normativa citada podria facultar a actuar a la Conselleria de Sanitat sense necessitat d’engiponar un decret llei, que requerirà l’aprovació de Les Corts (la té assegurada).
D’altra banda, la «extraordinària i urgent necessitat» és més que qüestionable. No estem en una situació de pandèmia, catàstrofe o circumstància assimilable. El problema de les places de difícil cobertura porta anys, potser dècades, present en la sanitat valenciana, sense consideració ni solució.
A més, el govern valencià disposava d’una ferramenta, el Decret 6/2023, de 27 de gener, del Consell, sobre places de difícil cobertura i regulació dels acords d’aliances estratègiques i ús compartit
de recursos per a l’atenció i millora de situacions de necessitat assistencial en l’àmbit del Sistema Valencià de Salut. Per als nous gestors, «ha quedat patent que les mesures previstes en l’esmentat decret no han donat resultat» (sic). Segons la informació de què disposem, el problema en realitat és que el decret no ha sigut aplicat en la seua secció de les places de difícil cobertura, ni pel govern del Botànic ni per l’actual. El govern del PP-Vox, si considerava que la situació era prou greu, podria haver iniciat la seua aplicació perquè ha disposat de huit mesos per a fer-ho. Desconeixem si s’ha declarat alguna plaça de difícil cobertura sobre la base del decret de 2023, però la nostra sospita és que no. Els gerents de l’etapa anterior eren poc inclinats a això i també la pròpia DG de RH, només es van realitzar algunes aliances estratègiques. Desconeixem la raó. I l’organització de la nova Conselleria sembla que va decidir seguir per eixe camí. Malgrat la «urgència», en huit mesos no han tret el decret del calaix de l’oblit.
Però la qüestió principal és que el problema de l’existència de les places de difícil cobertura no se soluciona amb este decret llei. És una mesura temporal, com bé indiquen, conjuminant incentius i mandats d’obligat compliment des de la jerarquia. Pal i safanòria.
En Atenció Primària conviu este problema amb altres afegits, molt greus i que no s’esmenten en esta norma. La seua anàlisi i pla de solucions encara no ha sigut mostrat de manera pública i generalitzada per la flamant directora general d’Atenció Primària, incloent-hi els representants dels treballadors. Simap li ha presentat diversos escrits i sol·licitud de reunió, obtenint el silenci com a resposta. Però tractarem és tema tan crucial en un altre moment.
L’existència de places de difícil cobertura té un origen multifactorial, però volem destacar dos causes: Una, la ineficaç gestió dels recursos humans i planificació dels diferents governs valencians en matèria de sanitat, 20 anys del PP i 8 anys del Botànic. I una altra, la evolució etnològica del personal sanitari en general i del facultatiu en particular.
En relació amb el primer punt, resulta oportú destacar que, durant dècades, l’organització dels servicis clínics dels hospitals va assumir una influència significativa: els dictats, a vegades amb justificació professional, però altres com a meres pretensions, dels responsables i gestors en els centres i dels departaments, que han marcat la política de personal i de dimensió dels servicis clínics i dels seus efectius. Naturalment, com més gran i de referència fora el centre assistencial, major capacitat per a convèncer als responsables dels recursos humans.
Fa uns anys, en 2016, pensem que la situació podria canviar amb l’aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) i el seu (tardana) publicació en DOGV com a Decret 7/2019, en el qual Simap va treballar i va aportar el seu esforç en la redacció del seu articulat en taula sectorial. Però es va abandonar el seu desenvolupament i compliment, tant pels diferents responsables de la Conselleria de Sanitat com pels sindicats de taula sectorial. Es van limitar a prorrogar una norma, sense considerar las actuacions per a així poder aplicar-ho.
Des de fa vint anys, any rere any, els hospitals comarcals s’han anat abandonant, sense créixer les seues plantilles de manera adequada, perdent facultatius/as i amb vacants per cobrir. L’ús professionals que romanien
treballant a preu fet en moltes especialitats no han obtingut el reconeixement dels gestors i, a vegades, ni tan sols pels seus companys d’especialitat, considerats per alguns com si anaren de «segona categoria». De fet, el flamant decret llei que ens ocupa, quan es referix a les sinergies entre hospital de referència i comarcal, no esmenta característiques especials «positives» dels professionals dels centres perifèrics, sense reconèixer que són mestres de l’ampli, capaços d’enfrontar-se a problemes múltiples i diversos, estenent la visió, a vegades reduïda, de l’especialista de referència. La redacció del text podria haver referit que, quan l’especialista del gran hospital haguera d’acudir a treballar al comarcal, no sols aportaria proximitat assistencial al ciutadà, sinó que el propi professional podria millorar la seua capacitació en eixamplar la seua visió assistencial i així poder desenvolupar habilitats per a optimitzar la seua resposta clínica amb major immediatesa i perícia en un entorn de menys recursos.
L’altra qüestió, l’evolució etnològica del personal sanitari en general i del facultatiu en particular, és un fet evident en el context i evolució de la societat digitalitzada: hui dia el món comarcal, no resulta atractiu per a l’estil de vida que desitgen i busquen els professionals qualificats i les seues famílies, amb menors possibilitats de satisfer els seus interessos culturals, aficions i, en general, el seu concepte de benestar.
Per a major abundament en el problema, des de l’inici del segle XXI, els processos selectius, tant de mobilitat voluntària (trasllats) com de concurs oposició, han obviat l’accés a places d’hospitals de primer nivell als participants de les proves. Les places oferides d’este tipus calia buscar-les amb lupa, si és que existien.
Dos conseqüències d’este fet. La primera, que el personal dels hospitals comarcals quedava assentat en un parany, oblidat en un desterrament de facto. Malgrat oferir un servici d’alta qualitat, des de la gestió del sistema valencià salut es va sotmetre a estos professionals al ostracisme, sense haver comés cap delicte. I, la segona, afavorir l’increment de la temporalitat, sens dubte inassumible.
Ningú es va prendre de debò estes consideracions i esta realitat laboral es va anar transmetent, any rere any, entre els professionals, sumant raons per a no acudir als hospitals comarcals.
I així hem arribat a esta situació. Sense reconeixement a este personal i sense una reorganització de manera profunda de l’estructura de recursos humans i des de les necessitats assistencials dels ciutadans (que tant s’esmenta: per a «garantir l’assistència sanitària de qualitat en igualtat de condicions per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, sense cap diferència entre zones geogràfiques».
Per a Simap, este decret no aporta solucions tangibles. Els trasllats forçosos, sense criteris objectius per a identificar a l’afectat/a, no aportaran valor persistent. Només associacions puntuals. Com ja s’ha observat en les aliances estratègiques i ús compartit de recursos en aplicar el decret 6/2023, no es produirà cohesió en els equips, ni la possibilitat d’una gestió assistencial coherent ni planificada, i això tindrà repercussions en la població.
Per part seua, la nota aclaridora del 28 de febrer de 2024 sobre l’aplicació d’este decret llei de la directora general de Personal especifica que:
«per al personal el nomenament del qual haja tingut lloc abans de l’entrada en vigor del Decret llei, esta mobilitat tindrà caràcter voluntari».
«El personal que resulte adjudicatari d’un lloc en els concursos de trasllats ja convocats, o pendents de convocar en dates pròximes, els quals es resoldran amb caràcter previ als diferents processos selectius que han d’estar conclosos abans del 31 de desembre de 2024, no es veurà afectat per la mobilitat prevista en l’article 10 del Decret llei. Este personal, no obstant això, podrà participar en la mateixa de manera voluntària.»
En realitat, l’escrit no és exactament un aclariment, perquè inclou instruccions que no s’esmentan en el decret llei , ni han sigut objecte de negociació.
Estes puntualitzacions, que es poden modificar ad libitum, reduiran de manera considerable la possible aportació de professionals a les àrees perjudicades, i no van a corregir els dubtes oberts sobre l’interès a sol·licitar determinades places de ASI, en els processos selectius oberts i en la borsa d’ocupació temporal, per a les àrees en les quals el desplaçament siga més que probable.
Concloent, per a Simap el decret llei 2/2024, de 21 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut:
-
No garantix ni l’assistència integral ni l’equitat.
-
No es justifica per les raons expressades en el seu preàmbul, per molt que s’haja posat voluntat en això.
-
No respecta els drets de la negociació col·lectiva que s’exigix quan hi ha qüestions de mobilitat, retribucions, selecció del personal i carrera professional.
-
Resulten insuficients les mesures d’incentivació per a les places de difícil cobertura, sobretot si s’exigix una permanència de tres anys, qüestió normativa i jurídicament qüestionable en vulnerar el dret de la mobilitat voluntària del personal fix.
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L’increment de retribucions està sotmès a decisió personal del Conseller, la qual cosa el desvincula de les altres mesures. Falta actuacions de conciliació familiar i altres com a transport públic gratuït a les àrees afectades i consideració de temps de treball efectiu en el desplaçament, tal com s’ha establit per a la mobilitat forçosa o voluntària en una ASI, segons la nota «aclaridora».
En definitiva, és imprescindible una planificació conscienciosa i una activació del PORH i, a més d’incentivar amb propostes reals laborals, professionals i econòmiques la cobertura d’estes zones que hui resulten poc atractives, cal canviar la mentalitat de veritat i comprendre el valor dels professionals de les àrees no urbanes per a així dissenyar una organització que garantisca una assistència igualitària i d’igual qualitat als ciutadans i ciutadanes.
Però, també, es necessari el compromís de convocatòries de concurs de trasllats cada dos anys màxim, amb el 100% de les vacants existents resolts en un termini inferior a 4 mesos, per a esborrar l’ostracisme que marca de manera visible la naturalesa d’estes places.
Cuando otros desisten, SIMAP insiste