18 – febrero – 2021

 

 

  • Este registro debería haber estado operativo desde hace años, tal como lo exige la ley
  • SIMAP insiste en que la colegiación obligatoria infringe la legislación española y comunitaria
  • La colegiación obligatoria para el personal sanitario público no aporta ninguna ventaja al ciudadano en el siglo XXI. Y menos al profesional.

 

En valencià a continuación del texto en castellano

 

Estimad@s amig@s: En los últimos días se ha publicado en la prensa especializada sanitaria que el Ministerio de Sanidad está dispuesto a completar en 2021 el Registro de Profesionales Sanitarios (REPS).

Resulta llamativo este nuevo impulso, pues en realidad lo que trasluce es que el ministerio pretende, por fin, dejar de infringir la legislación española y las directivas europeas, ya que el REPS debería estar completado y en funcionamiento desde el 23 de diciembre de 2018. También muestra que este incumplimiento flagrante no parece tener ninguna repercusión ni consecuencia en los distintos gobiernos desde entonces.

Esta situación afecta también a quienes tienen la obligación de aportar los datos: comunidades autónomas, colegios profesionales, sanidad privada etc. Al parecer, no ha existido la voluntad ni la diligencia necesarias en la aportación de estos registros. Hay información publicada que indica que determinadas CCAA se han negado a ofrecer datos y que otras entidades han sido también reticentes, como las de la sanidad privada, al considerar que hay otras cuestiones prioritarias…

 

Pero, ¿Por qué es importante el REPS?

 

En primer lugar, porque las leyes y las normas nos obligan a todos, incluyendo al gobierno y a las organizaciones.

En segundo lugar, porque la existencia de un REPS en funcionamiento implica la no justificación de la colegiación obligatoria de las profesiones sanitarias.

Para poder desarrollar la actividad de una profesión sanitaria se requiere, según la legislación comunitaria que nos afecta, el llamado Régimen de Autorización, que es cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.

La Directiva 2006/123/CE puntualiza con claridad el significado y cómo se lleva a cabo el régimen de autorización: “El concepto de «régimen de autorización» debe abarcar, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación, para poder ejercer una actividad, de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener un carné profesional.

 

Queda claro, pues, que es suficiente para cumplir las garantías exigidas, con un registro normalizado: el REPS.

En estos últimos años, la puesta en marcha del REPS ha sido un proceso lento e inconcluso: se creó en 2012 y se reguló por el RD 640/2014 y por la Orden SSI /890/2017. Con estos lapsos tan amplios de tiempo, se puede inferir que no existía mucha prisa.

La propia norma nacional aprobada en aquellos años (las denominadas ley paraguas y ley ómnibus), las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia y la exigencia de Europa de que el estado español incorporara la norma comunitaria evidenciaban que en nuestro país existía un régimen excesivo de regulación de los profesionales y que debía solucionarse con una legislación nacional actualizada y así lograr la trasposición correcta de la directiva europea.

Sin embargo, el gobierno español ofreció en agosto de 2013 un Anteproyecto de ley (APL de Servicios y Colegios Profesionales) en el que, por sorpresa, exigía la obligatoriedad de la colegiación a los profesionales titulados sanitarios, vulnerando lo expresado en la norma europea. En el primer borrador, no existía esta condición de obligatoriedad, pero el gobierno fue cediendo al cabildeo de los colegios profesionales que, al final, consiguieron su objetivo. De hecho, algunas profesiones quedaron fuera de la obligatoriedad y se sintieron discriminados (sic).

SIMAP presentó un pliego de alegaciones a esta APL, por trasposición incorrecta de la directiva 2006/123/CE, con argumentación sólida y solicitando que, al entrar en vigor el Registro Nacional de Profesiones Sanitarias, este registro se convirtiera en habilitante tanto para profesiones no colegiadas como para las profesiones sanitarias colegiadas hasta esa fecha.

Lo que ocurrió es que esta APL quedó olvidada en un cajón, posiblemente porque el gobierno comprendió, aparte de la luz que aportara SIMAP con sus alegaciones, que era insostenible la defensa de ese boceto legislativo y… nada más se supo. Quizá, dejando las cosas como estaban todo el mundo seguiría tranquilo y contento.

Ahora, con el impulso que parece que el ministerio de Sanidad va a volver a dar a la puesta en funcionamiento del REPS, SIMAP-PAS va a insistir y recordar al gobierno central la necesidad del cumplimiento de la directiva europea y de la Constitución Española, considerando la colegiación voluntaria para todos los trabajadores sanitarios públicos, ya que dicha filiación no aporta ninguna ventaja al ciudadano en el siglo XXI. Y menos al profesional.

Hay que añadir que, para algunos analistas como los integrados en el Consejo Económico y Social, la existencia de un REPS actualizado hubiera facilitado la gestión de la COVID19 y una mejor coordinación entre las distintas CCAA.

 

Recordemos las razones de SIMAP-PAS para la colegiación voluntaria que ya ha expresado en multitud de ocasiones y escritos:

  • La colegiación obligatoria para los profesionales sanitarios titulados que trabajan en la sanidad pública vulnera la Constitución, ya que restringe el derecho a la libre asociación establecido en el artículo 22, que incluiría también en sentido negativo el derecho a la no asociación, como derecho fundamental.
  • Para poder requerir la colegiación obligatoria a los profesionales sanitarios públicos y quebrantar sus derechos fundamentales deben existir razones de imperioso interés general que justifiquen dicha medida. Se debe demostrar fehacientemente que este requisito es necesario para la protección de la salud de la población y que la Administración no puede realizarlo de forma directa con la misma garantía.
    • En ningún momento se ha podido justificar esta premisa, ya que la evaluación de la capacitación que ejerce la Administración sobre sus empleados públicos antes de formalizar su contrato es más rigurosa, amplia y actualizada de lo que pudiera hacer cualquier colegio profesional. La Administración realiza, además, un proceso de selección en el que los trabajadores públicos, en condiciones de igualdad con otros aspirantes, demuestran su mérito y capacidad para ejercer su profesión, con la garantía de la publicidad con la que se llevan a cabo estos procesos selectivos.
    • SIMAP defiende que no existe ninguna razón imperiosa de interés general en defensa de la salud de los ciudadanos que justifique la obligación de asociación o adscripción a un colegio profesional.
  • No existe fundamento para legislar la colegiación obligatoria para los profesionales sanitarios titulados con relación funcionarial con el Estado. No existen razones que justifiquen este requerimiento para ejercer la profesión. Supone la duplicación de trámites innecesarios por lo que es contrario a los mandatos de la UE.
  • Supone un engaño a los ciudadanos, ya que se está afirmando que su salud corre peligro si la pone en manos de un facultativo sanitario público que no esté colegiado.
  • Además, se engaña también al conjunto del país en la medida en que los dirigentes de los colegios profesionales hablan en nombre de sus colegiados, cuando la representatividad de estos se basa en la obligatoriedad de la colegiación para ejercer su profesión y de ningún modo les faculta para ser su voz. Como dato, señalar que en las elecciones del cuadro directivo no se ha alcanzado el 20% de participación en la Comunidad Valenciana.

Versió en valencià

 

18 – febrer – 2021

Estimats/ades amics/gues: En els últims dies s’ha publicat en la premsa especialitzada sanitària que el Ministeri de Sanitat està disposat a completar en 2021 el Registre de Professionals Sanitaris (REPS).

Resulta cridaner aquest nou impuls, perquè en realitat el que trasllueix és que el ministeri pretén, per fi, deixar d’infringir la legislació espanyola i les directives europees, ja que el REPS hauria d’estar completat i en funcionament des del 23 de desembre de 2018. També mostra que aquest incompliment flagrant no sembla tindre cap repercussió ni conseqüència en els diferents governs des de llavors.

Aquesta situació afecta també als qui tenen l’obligació d’aportar les dades: comunitats autònomes, col·legis professionals, sanitat privada etc. Pel que sembla, no ha existit la voluntat ni la diligència necessàries en l’aportació d’aquests registres. Hi ha informació publicada que indica que determinades CCAA s’han negat a oferir dades i que altres entitats han sigut també reticents, com les de la sanitat privada, en considerar que hi ha altres qüestions prioritàries…

 

Però, Per què és important el REPS?

En primer lloc, perquè les lleis i les normes ens obliguen a tots, incloent al govern i a les organitzacions.

En segon lloc, perquè l’existència d’un REPS en funcionament implica la no justificació de la col·legiació obligatòria de les professions sanitàries.

Per a poder desenvolupar l’activitat d’una professió sanitària es requereix, segons la legislació comunitària que ens afecta, l’anomenat Règim d’Autorització, que és qualsevol procediment en virtut del qual el prestador o el destinatari estan obligats a fer un tràmit davant l’autoritat competent per a obtindre un document oficial o una decisió implícita sobre l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici.

La Directiva 2006/123/CE puntualitza amb claredat el significat i com es duu a terme el règim d’autorització: “El concepte de «règim d’autorització» ha d’abastar, entre altres, els procediments administratius mitjançant els quals es concedeixen autoritzacions, llicències, homologacions o concessions, però també l’obligació, per a poder exercir una activitat, d’estar inscrit en un col·legi professional o en un registre, en una llista oficial o en una base de dades, d’estar concertat amb un organisme o d’obtindre un carnet professional.

 

Queda clar, doncs, que és suficient per a complir les garanties exigides, amb un registre normalitzat: el REPS.

En aquests últims anys, la posada en marxa del REPS ha sigut un procés lent i inconclús: es va crear en 2012 i es va regular pel RD 640/2014 i per l’Ordre SSI /890/2017. Amb aquests lapses tan amplis de temps, es pot inferir que no existia molta pressa.

La pròpia norma nacional aprovada en aquells anys (les denominades llei paraigua i llei òmnibus), les recomanacions de la Comissió Nacional de la Competència i l’exigència d’Europa que l’estat espanyol incorporara la norma comunitària evidenciaven que al nostre país existia un règim excessiu de regulació dels professionals i que havia de solucionar-se amb una legislació nacional actualitzada i així aconseguir la transposició correcta de la directiva europea.

No obstant això, el govern espanyol va oferir a l’agost de 2013 un Avantprojecte de llei (APL de Serveis i Col·legis Professionals) en el qual, per sorpresa, exigia l’obligatorietat de la col·legiació als professionals titulats sanitaris, vulnerant l’expressat en la norma europea. En el primer esborrador, no existia aquesta condició d’obligatorietat, però el govern va anar cedint a la intriga dels col·legis professionals que, al final, van aconseguir el seu objectiu. De fet, algunes professions van quedar fora de l’obligatorietat i es van sentir discriminats (sic).

SIMAP va presentar un plec d’al·legacions a aquesta APL, per transposició incorrecta de la directiva 2006/123/CE, amb argumentació sòlida i sol·licitant que, en entrar en vigor el Registre Nacional de Professions Sanitàries, aquest registre es convertira en habilitant tant per a professions no col·legiades com per a les professions sanitàries col·legiades fins a aqueixa data.

El que va ocórrer és que aquesta APL va quedar oblidada en un calaix, possiblement perquè el govern va comprendre, a part de la llum que aportara SIMAP amb les seues al·legacions, que era insostenible la defensa d’aqueix esbós legislatiu i… res més es va saber. Potser, deixant les coses com estaven tothom continuaria tranquil i content.

Ara, amb l’impuls que sembla que el ministeri de Sanitat tornarà a donar a la posada en funcionament del REPS, SIMAP-PAS insistirà i recordar al govern central la necessitat del compliment de la directiva europea i de la Constitució Espanyola, considerant la col·legiació voluntària per a tots els treballadors sanitaris públics, ja que aquesta filiació no aporta cap avantatge al ciutadà en el segle XXI. I menys al professional.

Cal afegir que, per a alguns analistes com els integrats en el Consell Econòmic i Social, l’existència d’un REPS actualitzat haguera facilitat la gestió de la COVID19 i una millor coordinació entre les diferents CCAA.

Recordem les raons de SIMAP-PAS per a la col·legiació voluntària que ja ha expressat en multitud d’ocasions i escrits:

  • La col·legiació obligatòria per als professionals sanitaris titulats que treballen en la sanitat pública vulnera la Constitució, ja que restringeix el dret a la lliure associació establit en l’article 22, que inclouria també en sentit negatiu el dret a la no associació, com a dret fonamental.
  • Per a poder requerir la col·legiació obligatòria als professionals sanitaris públics i infringir els seus drets fonamentals han d’existir raons d’imperiós interès general que justifiquen aquesta mesura. S’ha de demostrar fefaentment que aquest requisit és necessari per a la protecció de la salut de la població i que l’Administració no pot realitzar-lo de manera directa amb la mateixa garantia.
    • En cap moment s’ha pogut justificar aquesta premissa, ja que l’avaluació de la capacitació que exerceix l’Administració sobre els seus empleats públics abans de formalitzar el seu contracte és més rigorosa, àmplia i actualitzada del que poguera fer qualsevol col·legi professional. L’Administració realitza, a més, un procés de selecció en el qual els treballadors públics, en condicions d’igualtat amb altres aspirants, demostren el seu mèrit i capacitat per a exercir la seua professió, amb la garantia de la publicitat amb la qual es duen a terme aquests processos selectius.
    • SIMAP defensa que no existeix cap raó imperiosa d’interès general en defensa de la salut dels ciutadans que justifique l’obligació d’associació o adscripció a un col·legi professional.
  • No existeix fonament per a legislar la col·legiació obligatòria per als professionals sanitaris titulats amb relació funcionarial amb l’Estat. No existeixen raons que justifiquen aquest requeriment per a exercir la professió. Suposa la duplicació de tràmits innecessaris per la qual cosa és contrari als mandats de la UE.
  • Suposa un engany als ciutadans, ja que s’està afirmant que la seua salut corre perill si la posa en mans d’un facultatiu sanitari públic que no estiga col·legiat.
  • A més, s’enganya també el conjunt del país en la mesura en què els dirigents dels col·legis professionals parlen en nom dels seus col·legiats, quan la representativitat d’aquests es basa en l’obligatorietat de la col·legiació per a exercir la seua professió i de cap manera els faculta per a ser la seua veu. Com a dada, assenyalar que en les eleccions del quadre directiu no s’ha aconseguit el 20% de participació a la Comunitat Valenciana.

 

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